Luis Pedro López Bosch, The Post FMGN Press, Corresponsal en Europa
La relación entre Madrid y Roma atraviesa un nuevo momento de tensión a raíz de la decisión italiana de restablecer controles sobre los viajeros procedentes de España. El gobierno de Pedro Sánchez calificó la medida de injustificada y advirtió que respondería si Italia no daba marcha atrás.
La controversia, que comenzó en torno a la crisis migratoria registrada en Ceuta, terminó convirtiéndose en un conflicto bilateral con consecuencias directas para la libre circulación dentro del espacio europeo.
El Ejecutivo español había dado plazo hasta el domingo 9 de agosto para que Roma levantara las restricciones. En caso contrario, anunció que adoptaría medidas de carácter “proporcional” para defender los intereses de los ciudadanos españoles.
La advertencia fue formulada después de que Italia resolviera mantener los controles que había reinstalado el 1 de agosto para quienes ingresaran desde España. Roma justificó su decisión apelando a razones de seguridad vinculadas con la situación migratoria y al temor de que la crisis registrada en Ceuta pudiera tener consecuencias para otros países europeos.
Madrid rechazó de plano ese argumento. Para las autoridades españolas, no existe fundamento para considerar que el movimiento migratorio producido en Ceuta represente una amenaza que justifique restringir la circulación de ciudadanos españoles dentro del área Schengen.
El gobierno de Sánchez sostuvo además que Italia tomó la decisión de manera unilateral, sin una coordinación adecuada con sus socios europeos. Madrid calificó la medida de injusta y discriminatoria y cuestionó que Roma hubiera recurrido a controles fronterizos sin que, según su interpretación, se cumplieran las condiciones previstas por las normas europeas.
Una respuesta espejo
Ante la negativa italiana a levantar las restricciones, España decidió responder con una medida similar.
Desde el 8 de agosto comenzaron controles aleatorios para pasajeros provenientes de Italia en distintos aeropuertos y puertos españoles. La decisión no supone el cierre de las fronteras ni la suspensión de la pertenencia de ninguno de los dos países al espacio Schengen, pero introduce una excepción al principio de libre circulación que durante décadas ha caracterizado al bloque europeo.
En la primera jornada fueron inspeccionados 199 pasajeros correspondientes a ocho vuelos procedentes de ciudades italianas como Roma, Milán, Bolonia, Florencia, Cagliari, Nápoles y Bari. Los controles comenzaron en aeropuertos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia y posteriormente se extendieron a otros puntos de ingreso.
La situación genera una particular paradoja: dos países miembros de la Unión Europea, y ambos integrantes del espacio Schengen, comenzaron a aplicar controles recíprocos en medio de un intercambio de acusaciones sobre quién está poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema europeo de fronteras abiertas.
El origen de la disputa está en Ceuta
El detonante se encuentra en la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta, enclave español situado en el norte de África.
La llegada masiva de migrantes llevó a Roma a considerar que la situación podía tener implicancias para la seguridad europea y justificó con ese argumento la adopción de controles sobre los pasajeros procedentes de España.
Madrid considera, en cambio, que la reacción italiana excede lo razonable y que la situación en Ceuta no constituye una razón suficiente para trasladar sus consecuencias a los ciudadanos españoles que viajan por Europa.
El gobierno español también recordó que los movimientos migratorios registrados en territorio español no permiten concluir que exista un riesgo de ingreso irregular desde Ceuta hacia Italia, y cuestionó que Roma haya utilizado el episodio como fundamento para modificar unilateralmente las condiciones de circulación entre ambos países.
Bruselas busca bajar la temperatura
La disputa comenzó a preocupar también a las instituciones europeas. La Comisión Europea expresó su expectativa de que los controles italianos sean levantados próximamente y destacó la necesidad de preservar el funcionamiento normal del espacio Schengen.
El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, manifestó optimismo después de las declaraciones del ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, quien dejó abierta la posibilidad de que las restricciones fueran levantadas antes del 15 de agosto.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa uno de los puntos más delicados de la arquitectura europea: la posibilidad de que los Estados recuperen controles en sus fronteras internas cuando consideran que existe una amenaza grave para la seguridad.
Aunque el mecanismo está contemplado por las reglas de Schengen bajo determinadas circunstancias, su utilización entre dos países socios puede generar importantes efectos políticos y económicos, especialmente durante la temporada alta de viajes.
Por ahora, Madrid y Roma mantienen sus posiciones. España reclama el restablecimiento de la normalidad y considera que la cooperación debe prevalecer sobre las decisiones unilaterales. Italia, por su parte, sostiene que mientras persistan los riesgos vinculados con la seguridad y la inmigración no existen razones suficientes para abandonar las medidas adoptadas.
Lo que comenzó como una reacción italiana frente a una crisis migratoria localizada terminó así transformándose en una disputa diplomática que afecta uno de los símbolos más visibles de la integración europea: la posibilidad de atravesar las fronteras interiores del continente sin controles sistemáticos.
Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.
