Una decisión y un rumor en el mal sentido

Ya nos referimos el jueves pasado a lo que dimos en llamar el “partido del siglo”, es decir la eventual respuesta de la Corte a la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal.

Y confieso que cuesta comentar otra cosa que no sea ésta. Lo que está en juego es tan grande que el tema es como un imán para estas columnas.

Más ahora que el fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (en donde se halla pendiente de decisión un recurso de los jueces) se pronunció en su contra, en un paso previo a que el expediente quede en autos para sentencia.

Esta terminología indica que todos los pasos se cumplieron como para que el tribunal se expida. Y si lo hace entre hoy y mañana (momento en que la Corte Suprema se reunirá por convocatoria de su presidente para tratar el per saltum solicitado por los jueces) gran parte de la expectativa por conocer qué opina el máximo tribunal se incrementaría aún más.


Los corrillos de tribunales indican que la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo podría demorarse, pero que también sería en contra de ambos jueces. Pero aun cuando no conozcamos esa palabra antes de la de la Corte resulta pertinente preguntarnos por qué los funcionarios judiciales se están expidiendo del modo que lo hicieron hasta ahora (incluyendo la decisión del Consejo de la Magistratura) cuando hay una acordada muy clara de la Corte respondiendo este mismo interrogante de hace menos de dos años.

Es más, en este caso ni siquiera se podría decir que si bien la continuidad jurídica del Tribunal hace que siempre la llamemos “Corte” (más allá de sus integrantes), los criterios pueden ir cambiando de acuerdo a las nuevas conformaciones. No: en este caso quienes firmaron la acordada 7 de 2018 indicando que un juez de la misma competencia y jurisdicción no requiere nuevo acuerdo del Senado para su traslado son los mismos que están ahora; no hay un solo cambio.

Entonces, ¿los consejeros de la magistratura, el fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, eventualmente los jueces de esta Cámara (que, repetimos, de acuerdo a los corrillos de Tribunales votarían en contra de Bruglia y Bertuzzi) no leen las acordadas de la Corte?

¿Para qué forzar todo este procedimiento si la cuestión ya ha sido saldada y respondida por el máximo intérprete de la Constitución?

Aquí es donde uno recuerda las palabras de Néstor Kirchner que siempre repetía que para hacer política hay que tener plata. Su desesperación por robar se fundaba en la necesidad de contar con fondos a los que tuviera rápido acceso para facilitar decisiones que le convinieran para retener el poder o quedar indemne frente a cualquier persecución judicial. Interpreten este párrafo como ustedes prefieran.

Lo que todo el mundo decente se pregunta es cómo va a hacer la Corte para zafar de ésta sin poner a Cristina Elisabet Fernández frente a una situación muy complicada en los tribunales que la juzgan y, al mismo tiempo, sin contradecir lo que estos mismos cinco jueces dijeron y firmaron en 2018.

La verdad es que la Corte está encerrada. No puede decir que no dijo lo que dijo y (por lo menos algunos de sus jueces) no quieren enfrentar a la vicepresidente.

El presidente de la Corte, quizás, en el uso de una sutil forma de venganza frente a los colegas que lo dejaron desprovisto de casi todos sus poderes, decidió utilizar uno de los pocos que mantiene para citar a la reunión de mañana. Rosenkrantz sabía que con esa sola decisión ponía en marcha un desenlace que gran parte de la sociedad espera.

Desde hoy y hasta mañana está convocada una vigilia en el Palacio de Tribunales que se suma a la Marcha de las Antorchas que ocurrió el jueves pasado solicitando a la Corte que “salve a la República” y que disponga lo necesario para que los corruptos enfrenten las evidencias que los condenan.

No hay dudas de que la decisión del fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el fuerte rumor tribunalicio de que ese tribunal fallaría en contra de los jueces, son pésimas señales en el sentido de una las últimas esperanzas que tiene la sociedad de que Cristina Elisabet Fernández enfrente sus responsabilidades por haberle robado el dinero de los bolsillos a millones de argentinos.

Ese dinero ha sido útil, no hay dudas. Además ha sido tanto, que no hay dudas que una mínima fracción podría haberse separado para atender contingencias extremas como las que ahora enfrenta la vicepresidente.


¿Se pronunciará la Cámara antes de mañana? ¿Dará la Corte una respuesta tajante en concordancia con lo que ya dijo en 2018? ¿Retorcerá el lenguaje de tal modo que aunque parezca insistir en su criterio, salve a Cristina Elisabet Fernández de enfrentar sus responsabilidades frente a sus jueces naturales? ¿Cómo quedaría la Corte si hiciera eso? ¿Y si no lo hace y simplemente repite lo que ya dijo en 2018, quien resolverá el profundo conflicto de poderes que se desatará entre el Legislativo, al mando de la comandante de El Calafate, y el Judicial, cuya cabeza es la propia Corte?

La Corte es el intérprete final de la Constitución. Lo que ella decida respecto de cómo deben interpretarse los acuerdos de los jueces debería ser la palabra final y todos los demás poderes deberían adecuar sus decisiones a lo indicado por el máximo tribunal.

Esa debería ser la teoría constitucional más estricta. Pero ya sabemos que la Argentina está como está por haber hecho a un lado la teoría constitucional más estricta.

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