Después de varias intimaciones a la AFIP para que pusiera en orden los aplicativos y las herramientas que les permiten a los contadores liquidar los impuestos de sus clientes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires obtuvo un fallo favorable de la Justicia para prorrogar los vencimientos de pago de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales.

Sin embargo, en una inédita reacción de rebeldía ante lo dispuesto por un juez, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, indicó que no respetaría lo indicado por la sentencia y que los plazos para hacer las presentaciones seguían vigentes sin prorroga alguna.

Se trata de un ejemplo contundente de hasta dónde se ha naturalizado la capacidad del Estado para llevarte por delante con su fuerza coactiva y violenta, incluso cuando existe un fallo a favor de los ciudadanos provenientes del poder que la Constitución organizó justamente para defenderlos.

Aquí se ve claramente por qué este tipo de régimen persigue la abolición de la característica independencia del Poder Judicial: porque no está dispuesto a respetarla.

Ya se habían visto arranques similares del kirchnerismo frente a resoluciones de la Justicia. Aunque son muchas, claramente la estrella que más se recuerda en este palmarés es la impune decisión del entonces gobernador Néstor Kirchner de desoír 6 emplazamientos de la Corte Suprema de Justicia para que repusiera en su lugar de Procurador General de la Provincia, el Dr. Eduardo Sosa, que, por tener la peregrina idea de ejercer su cargo con independencia de los gustos y pareceres del gobernador, había sido puesto de patitas en la calle.

Ahora fue el CPCE el que en representación de los clientes de sus profesionales adheridos se presentaron ante la Justicia para reclamar la prórroga de los vencimientos toda vez que el motivo de la imposibilidad de presentar las liquidaciones a tiempo era completamente imputable al propio Estado que, a través de la AFIP, nunca había puesto en condiciones las herramientas para que los profesionales pudieran cumplir los tiempos. Es más, al día de hoy los aplicativos no están claros y las herramientas siguen sin funcionar.

Pero más allá de las complicaciones de orden operativo que este tipo de obstáculos le crea a la gente que, encima de trabajar para generar riqueza que se utiliza para mantener a docenas de capas geológicas de vagos, tiene que lidiar con las trabas y restricciones creadas por un Estado inservible, lo que más indigna aquí es la ensoberbecida y altanera postura de Marcó del Pont que, no conforme con no admitir que no es capaz de poner a disposición de los profesionales un conjunto de normas y de aplicaciones que funcionen, se sube a una alta torre y desde allí declara que no respetará lo decidido por un juez en defensa de los ciudadanos y que seguirá adelante con lo que ya había dispuesto.

Lo que más preocupa aquí no es solo el ultra verificado despotismo estatal (en realidad despotismo que unas personas que por ser funcionarias del Estado se creen que pueden ejercer sobre otras personas que, paradójicamente, son, en realidad, sus mandantes y empleadores) sino la naturalidad con la que ese despotismo es aceptado y tolerado por la sociedad.

Si bien en este caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires controvirtió en sede judicial los plazos de vencimiento, no hay un movimiento de indignación masivo contra lo que ocurre sino que la protesta sigue arrinconada en un costado muy específico de la sociedad sin que llegue a convertirse en un clamor generalizado que detenga tanto avasallamiento.

Para volver al ejemplo de Eduardo Sosa en Santa Cruz, el caso tuvo efectivamente alguna difusión, produjo la estupefacción de ciertos sectores muy vinculados al Derecho, pero en general para el gran público, para la sociedad (que es lo que debería importar) Kirchner se salió con la suya: Sosa nunca más volvió a ser Procurador y a Kirchner, como gobernador sedicioso de la Justicia, no le pasó nada.

El resultado final de cómo está la Argentina debe buscarse en casos como estos; en qué ocurre cuando suceden cuestiones como estas.

De la misma manera que la mayor parte del mundo no puede explicarse cómo una mayoría electoral aun decisiva puede seguir votando por probados delincuentes, tampoco tiene explicación cómo el Estado puede pavonear su poder de llevarse todo por delante sin que pase nada, incluso con fallos de la Justicia que resguardan los derechos civiles de los ciudadanos.

No hay dudas de que los hilos operativos de la decadencia fueron manejados por un conjunto de inútiles, ladrones e inescrupulosos que encontraron en el estatismo el demagógico vehículo que, por un lado, vendiera un verso nacionalista y, por el otro, los hiciera vivir a ellos mismo como reyes desiguales.

Pero tampoco pueden caber dudas de que la sociedad ha sido benevolente y cómplice de lo que hoy sufre. Sin una voluntad férrea que detenga la prepotencia estatal (repito: prepotencia de personas que se sientan en los sillones del Estado contra personas que están en el llano ciudadano, esto es, prepotencia de personas contra personas, solo que unas personas se creen más “personas” que otras por ser funcionarios del Estado) la Argentina no saldrá de este destino de pobreza y miseria que ya sufre sobradamente.

El caso de la AFIP, sosteniendo sus abusos aun a pesar de lo dispuesto por la Justicia, es un caso que debería tener más repercusión de la que tiene si la sociedad argentina fuera una sociedad consciente de sus derechos y de quién debe ser el verdaderamente importante en un país.

Por Carlos Mira