La decisión de la Corte

Finalmente la Corte demostró que está compuesta por argentinos. Siguiendo esa regla poco edificante, rastrera, siempre lista para acomodarse debajo de la sombra del árbol más corpulento independientemente de que sea el más noble, el más alto tribunal del país, el que se supone debe velar por el Estado de Derecho y no atender las conveniencias políticas de la tiranía del número, le dio la victoria que necesitaba a Cristina Elisabet Fernández, emitiendo un fallo que dice que los jueces desplazados deberán volver a sus lugares pero solo hasta que se hagan nuevos concursos para reemplazarlos.

La Corte con esto revisa su propia doctrina y pone en serio riesgo el principio de inamovilidad de los jueces y el del juez natural. Contrariamente a lo que dijo ayer, la Corte había sostenido correctamente que los jueces se convierten en jueces cuando reciben el acuerdo del Senado y que pueden ser trasladados dentro de su misma materia y jurisdicción sin necesidad de un  nuevo acuerdo.

Los jueces, en resumen, no reciben el consentimiento para un juzgado determinado sino que reciben esa conformidad para ser jueces de la nación, cualquiera sea su destino.


Lo que el kirchnerismo inaugura ahora, con el increíble visto bueno de la Corte, es una nueva visión según la cual los jueces pasan a depender de la voluntad de los poderes políticos, pues en la medida que éstos dispongan traslados, la propia condición de “juez” entrará en juego al necesitarse un nuevo acuerdo para su sostenimiento.

Se trata de una decisión que solo demuestra que la Argentina no es un Estado de Derecho; que los constituyentes pueden haber ideado un sistema casi perfecto para cuidar las libertades individuales pero si esas instituciones creadas por la Constitución son encarnadas por hombres sin grandeza y sin el prestigio mínimo necesario para estar a la altura de las circunstancias, el esfuerzo de los padres fundadores se transforma en completamente inútil.

El país demuestra con esta decisión de qué están hechas las personas que alcanzan esas doradas posiciones que, desde el Estado, se supone que fueron creadas para la protección de los derechos y para limitar el poder.

Lo que la Corte decidió ayer no hace otra cosa más que aumentar y consolidar el poder de una persona en la República, es decir, la concepción exactamente opuesta a la que tuvieron los arquitectos de la Constitución, que consistió justamente en desconcentrar el poder y en evitar que la vida, la fortuna y el futuro de los argentinos pasara a depender de los caprichos de un solo ser humano.

Cristina Elisabet Fernández estaba esperando este respaldo para deshacerse de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Todos la estaban juzgando y todos habían tomado ya decisiones intermedias en esos procesos que comprometían y preanunciaban una condena para la vicepresidente.

La comandante del El Calafate se propuso, desde que llegó al poder una vez más, voltearlos, hacerlos desaparecer de las causas en la que estaba seriamente comprometida.

La jugada no puede interpretarse sino como una nueva muestra de pusilanimidad de quienes están en condiciones de frenar el avance de la marabunta populista y en lugar de cumplir con su deber, deciden acomodarse a la sombra del poder que, precisamente, deberían controlar, recortar y restringir por la vía de decir: “señores, están ustedes muy equivocados si creen que en la democracia todo se limita a saber quién cuenta con el mayor número… La democracia no es una cuestión de números solamente, es una cuestión de imperio de la ley: por encima de la democracia (y justamente para protegerla de sus propios demonios) está el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que, aunque ustedes tengan los números, hay en la República un conjunto de principios que no son susceptibles de ser avasallados por el mayor número. Y da la casualidad que somos nosotros los que hemos sido investidos por la Constitución para decir cuándo esos principios están siendo puestos en peligro por el ‘mayor número’, por la tiranía del populismo. ¿Y saben qué? Lo que acaban de hacer no pueden hacerlo. De modo que disponemos que todo vuelva al lugar del que nunca debió salir”.

Este debería haber sido el fallo de la Corte si los jueces (con la excepción de Rosenkrantz que votó como debía) hubieran estado a la altura de las circunstancias.


El fallo, lamentablemente, sirve para demostrar cuán subdesarrollados somos en términos de instituciones. Y como el desarrollo económico depende de las instituciones, nuestro subdesarrollo en ese campo determina y explica nuestro subdesarrollo y nuestras penurias económicas, cada vez más pronunciadas y cada vez más lejos de los patrones aceptables para un país como la Argentina.

Fallos como el de ayer quiebran aún más la confianza de los actores económicos que van confirmando cada vez más que, justamente su futuro, sus fortunas y tal vez sus vidas, no están en manos de la ley, sino en mano de la voluntad del más fuerte. Y que las instituciones diseñadas para decirle a los más fuertes “señores hasta aquí llegaron” no están a la altura de las circunstancias para defenderlos.

De modo que con sus fortunas, su futuro y posiblemente sus vidas en peligro, esos actores se retirarán de la Argentina, dejándola cada vez más pobre y debatiéndose entre la escasez y la miseria que aquellas instituciones, justamente, estaban llamadas a repeler y prevenir. 

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