Patricia Arencibia, The Post FMGN Press, US Correspondent
WASHINGTON — La deuda pública de Estados Unidos dejó hace tiempo de ser una cifra reservada a los informes de Washington. Con el endeudamiento federal alrededor de los US$40 billones, sus efectos comienzan a sentirse —directa o indirectamente— en la vida cotidiana de los estadounidenses: desde el costo de las hipotecas y los créditos hasta las perspectivas de crecimiento, los salarios y los impuestos.
El volumen de la deuda federal representa un desafío de largo plazo para la economía más grande del mundo. El problema no reside únicamente en cuánto debe el Gobierno, sino también en cuánto cuesta financiar ese endeudamiento y qué recursos quedan disponibles para otras prioridades.
Para cubrir el creciente gasto público, el Tesoro emite bonos que deben atraer a los inversores mediante tasas de interés competitivas. Esto genera un fenómeno conocido entre los economistas como “crowding out”: cuando el Gobierno absorbe una mayor cantidad de capital, puede quedar menos dinero disponible para inversiones privadas destinadas a empresas, tecnología, infraestructura o nuevos emprendimientos.
El efecto puede parecer lejano para una familia estadounidense, pero termina trasladándose a la economía real. Menor inversión privada puede significar menor crecimiento de la productividad y, con el tiempo, un ritmo más lento de creación de empleo y aumento de los salarios.
El Congressional Budget Office (CBO) ha estimado que por cada dólar adicional de déficit federal, la inversión privada puede reducirse en alrededor de 33 centavos. Proyectado durante décadas, el impacto puede resultar considerable: el organismo calcula que un endeudamiento persistentemente elevado podría traducirse en una reducción significativa del ingreso promedio por habitante.
Una deuda que encarece el crédito
Uno de los canales más visibles es el de las tasas de interés.
A medida que aumenta la deuda pública, también crece la presión sobre el costo de financiarla. Y cuando las tasas permanecen elevadas, el impacto alcanza a consumidores y empresas.
Un ejemplo concreto es el mercado inmobiliario. El incremento de las tasas de largo plazo registrado en los últimos años elevó considerablemente el costo de las hipotecas a 30 años. Para una familia que compra una vivienda, unos pocos puntos adicionales pueden significar decenas de miles de dólares más pagados durante toda la vida del préstamo.
Es decir, la deuda federal no aparece necesariamente en la factura mensual de una familia, pero puede contribuir a crear un escenario en el que pedir dinero prestado sea más caro.
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la relación entre deuda y Producto Bruto Interno. Según las proyecciones del CBO citadas en el informe, la relación deuda/PIB podría pasar del 101% previsto para 2026 al 120% en 2036, superando ampliamente niveles históricos que ya fueron considerados extraordinarios.
Cada aumento sostenido de ese indicador incrementa la presión sobre las tasas de interés y reduce el margen de maniobra de futuras administraciones.
El costo también puede llegar a los programas sociales
Otro de los grandes interrogantes es qué ocurrirá con programas como Social Security y Medicare si el Gobierno continúa destinando una porción creciente de sus recursos al pago de intereses.
El servicio de la deuda ya representa una parte enorme del presupuesto federal. Cuanto más dinero debe utilizar Washington para pagar intereses, menos recursos quedan disponibles para otras áreas.
Y aquí aparece una de las principales paradojas del problema: reducir el déficit exige tomar decisiones políticamente difíciles sobre gasto público, impuestos y programas sociales, precisamente aquellos temas que suelen estar entre los más sensibles para los votantes.
El envejecimiento de la población agrega presión. Social Security y Medicare enfrentarán compromisos crecientes en las próximas décadas, mientras los fondos disponibles deberán afrontar también el costo de una deuda cada vez mayor.
Entre las alternativas que se discuten aparecen modificaciones en la edad de jubilación, cambios en determinados beneficios y aumentos del límite de ingresos sujetos a los impuestos que financian Social Security. Ninguna de esas opciones es sencilla políticamente.
Una factura que puede llegar a las próximas generaciones
El aspecto más preocupante de la deuda no necesariamente será visible mañana.
Una generación puede convivir durante años con déficits elevados sin experimentar un impacto inmediato en su nivel de vida. El problema aparece cuando el costo acumulado comienza a limitar las posibilidades de crecimiento.
Menos inversión, mayor costo del crédito, presión sobre los impuestos y un presupuesto cada vez más condicionado por el pago de intereses forman parte de una misma ecuación.
En otras palabras, los estadounidenses no necesariamente verán un descuento directo en sus salarios como consecuencia de la deuda, pero sí pueden terminar percibiendo sus efectos a través de una economía que crece más lentamente y de un Estado con menos capacidad para financiar nuevas políticas.
Para las generaciones más jóvenes, el desafío es todavía mayor. Si la deuda continúa creciendo más rápido que la economía, serán ellas quienes deberán enfrentar buena parte de las consecuencias mediante mayores impuestos, tasas de interés más altas o un menor crecimiento de los ingresos.
El debate que Washington no puede seguir postergando
La discusión sobre la deuda estadounidense tampoco puede reducirse a una cuestión contable. Es, en última instancia, una discusión sobre qué país quiere financiar Estados Unidos y quién pagará el costo de ese financiamiento.
Desde Washington, algunos legisladores plantean que el déficit debe ser reducido mediante un control más estricto del gasto, especialmente en aquellos sectores que crecen con mayor rapidez. Otros sostienen que también será inevitable discutir cambios en los ingresos del Estado.
Lo que parece cada vez más difícil es mantener indefinidamente el actual ritmo de endeudamiento sin consecuencias.
Estados Unidos conserva una posición financiera privilegiada por el peso internacional del dólar y por la demanda global de sus bonos del Tesoro. Pero esa fortaleza no significa que la deuda sea gratuita.
La pregunta ya no es solamente cuánto debe Estados Unidos.
La pregunta es cuánto está empezando a costarle esa deuda a la vida cotidiana de los estadounidenses y cuánto terminarán pagando las generaciones que todavía no tienen voz en Washington.
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