Por Sonia Osorio para El Nuevo Herald

Las detenciones de migrantes han dejado a cientos de personas enfrentando situaciones complejas, tratando de conseguir desesperadamente apoyo para afrontar gastos legales, el pago de fianzas o garantizar la seguridad de los familiares de los arrestados que quedan en estado de vulnerabilidad.

Ante el creciente número de detenciones y la falta de recursos, muchos se ven obligados a recurrir a cualquier medio disponible para encontrar ayuda, debido a que los costos asociados con la defensa de sus seres queridos son elevados y, en muchos casos, inalcanzables.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenía a 47,892 personas en centros de detención hasta el 23 de marzo de 2025, tras la orden del presidente Donald Trump de arrestar a migrantes con antecedentes penales y realizar deportaciones masivas, de acuerdo con cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de Syracuse University.

Del total de detenidos, 23,014 (48.1%) no tenían antecedentes penales y muchos solo cometieron delitos menores, incluidas infracciones de tránsito, detalló el TRAC. La ausencia de la persona que se considera cabeza de familia puede tener un impacto significativo en la estabilidad y el bienestar del hogar, más aún cuando quienes se quedan a la deriva son madres embarazadas o con hijos menores de edad que no trabajan y tampoco tienen familiares en Estados Unidos.

Este es el caso de Yulieth Díaz, quien tiene 36 semanas de embarazo y se quedó sola con sus dos hijos, una niña de 8 años y un niño de 12 años, en Orlando. Su esposo, Maicol Díaz, de origen colombiano, se encuentra en un centro de detención de ICE en el sur de la Florida. La policía lo detuvo cuando regresaba del trabajo a su casa. Es un migrante con solicitud de asilo y el único sostén de su familia. “La policía lo paró, le preguntó por sus papeles y él no tiene su licencia, estaba en proceso de sacar su licencia y no tenía la documentación que indicaba que estaba en proceso de asilo político”, dijo EC a el Nuevo Herald, un amigo de la familia Díaz que declinó ser identificado.

Cuando hablaron con Díaz por teléfono, el migrante estaba muy angustiado y dijo que las reglas de detención de las autoridades de Inmigración cambiaron, porque antes, si una persona indocumentada era arrestada y no tenía antecedentes penales, la liberaban de una vez. “Me dijo que ya no es así, que hace un mes Trump firmó una orden ejecutiva en la que el más mínimo de los delitos, como manejar sin licencia, es considerado para ICE como que si hubieran matado a alguien.

Ya no existe el mínimo delito ni mayor delito, todos son condenados a la máxima vara de la ley”, dijo el amigo de la familia. A Díaz primero lo trasladaron un viernes a la cárcel de la Ciudad Sanford, en el Condado Seminole, luego lo transfirieron a la prisión del condado, donde su familia pagó una fianza de $500, pero le informaron que ICE había presentado una orden de retenerlo y se lo llevó al centro de detención de Krome, en el Condado Miami-Dade.

Allí estuvo dos noches y después lo trasladaron al Broward Transitional Center, en Pompano Beach. EC y su familia están ayudando a la esposa de Díaz con los trámites de un abogado, facilitando la traducción, haciendo llamadas, y crearon una campaña de recaudación en la plataforma GoFundme con una meta de $7,000, de los cuales han recabado $3,272. El dinero será destinado al pago del alquiler, gastos del hogar, alimentos y artículos de primera necesidad, y ayudar con los gastos del proceso de inmigración de Díaz y asegurar su liberación, se precisa en la campaña de recaudación.

‘Te tengo malas noticias’

Johan Ariel también está desesperadamente tratando de ayudar a su amiga Beatriz Monteagudo Castillo, quien acudió a una cita de registro obligatoria con las autoridades de Inmigración en el Condado Broward, tras haber llegado por la frontera sur en enero de 2024. Ahora se encontraba en un centro de detención en California sin saber el motivo y clamando por la asesoría de un abogado.

A la inmigrante oriunda de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, la trasladaron al centro de detención de Otay Mesa, en San Diego, el 10 de marzo de 2025, el mismo día de su cita en la sede de ICE en la Ciudad de Miramar. “Ella se presenta en su cita con ICE y no volví a saber de ella. Hasta que entré al website de ICE y busqué en detenidos, allí estaba su nombre”, relató Ariel, quien logró comunicarse con Monteagudo por teléfono.

A la joven de 25 años de edad le dieron un formulario I-220A al entrar a EEUU y no tiene familia en este país. Beatriz Monteagudo Castillo, de Cuba, acudió a una cita de registro obligatoria con las autoridades Inmigración en el Condado Broward y la detuvieron. Johan Ariel/cortesía Monteagudo le dijo a Ariel que el funcionario de ICE en Miramar le informó: “Tengo malas noticias, vas a ser detenida” y cuando ella preguntó el motivo, el agente solo le indicó que era debido a una nueva regulación, sin más explicación. “No le dicen qué van a hacer o dejar de hacer, por eso es mi miedo y por eso he intentado moverme para conseguir un abogado que pueda representarla.

Me da miedo que, como ven que ya ha pasado tiempo y no tiene la representación legal, digan esta mujer se puede ir porque no tiene abogado”, expresó en una entrevista telefónica. Para ayudar a su amiga, Ariel también recurrió al GoFundme con una meta de $10,000 y se han recaudado $6,430. Con esa meta, el amigo de Monteaguado espera poder cubrir los costos de un abogado y pagar la fianza.

Cómo protegerse ante una detención de ICE

En un contexto de creciente tensión migratoria y feroces detenciones de inmigrantes, es crucial que aquellos que se encuentran en situación vulnerable tengan un plan B para tomar decisiones informadas y protegerse a sí mismo y a sus seres queridos, dijeron expertos consultados por el Nuevo Herald.

Adriana Kostencki, abogada especializada en inmigración en Exoro Law PLLC, consideró que es muy importante que los migrantes preparen un documento sobre sus derechos, en especial quienes no hablan inglés, para evitar que los induzcan a firmar un proceso de deportación. “Cuando llegan a estos centros de detención y no hablan inglés, se los someten en general a estos procesos expeditos porque los hacen firmar documentos de deportación sin saber el contenido de lo que tiene ese documento.

Entonces, como ellos no hablan inglés, firman”, explicó. Recomienda que las personas, antes de salir de su casa, preparen un documento donde se indique que no autorizan su deportación sin hablar con un abogado y que no firman nada sin entenderlo.

El documento debe prepararlo un intérprete y redactarse en inglés y en español, que lo firmen y lo tengan con ellos en todo momento. “De manera que, si en algún momento los detienen, como no pueden hablar inglés, puedan mostrar ese documento al agente. Y ahí, con eso que está escrito, queda prueba de que ellos no están autorizando firmar nada sin que lo entiendan; no están autorizando su deportación sin tener un abogado”, enfatizó.

Ese documento sería como una defensa inicial que contiene sus derechos básicos de que no van a firmar nada sin abogados, que tienen derecho a un intérprete, y pueden incluir que piden solicitar una audiencia de inmigración. Otra de las sugerencias es tratar de tener el nombre y el teléfono de un abogado en su cartera, porque si les llega a ocurrir algo, inmediatamente puedan comunicarse con ese letrado.

También pueden recurrir a organizaciones en todos los estados que se encargan de este tipo de representación. Buscar una persona de confianza que esté alerta, que monitoree todos los días a los niños de la familia. Esa persona puede ser una vecina o un familiar que llame a la casa y se asegure de que los niños tienen a su mamá o a su papá presente, sugirió Kostencki.

O que recoja a los niños en el colegio en caso de que detengan a los padres para evitar que queden bajo custodia del Estado. Tener asesoría legal, conocer los procedimientos y establecer medidas de seguridad para sus pertenencias y seres queridos puede marcar la diferencia en momentos de incertidumbre, dijeron los expertos.

Madelen Celis, notaria, considera fundamental que las personas tengan un poder notarial para asignar a una persona responsable de la custodia de sus hijos en caso de que sean deportadas. Informó que existen varios documentos denominados poder de abogado (Power of attorney, POA) que incluyen la custodia de los hijos, los asuntos financieros, legales y personales. “Permite que la persona asignada pague las facturas, gestione las cuentas en el banco. Este documento para el cuidado de menores es importante para evitar que los lleven a un centro de menores si deportan a los padres”, dijo Celis.

Existe también otro documento titulado declaración de voluntades que establece los derechos de preferencia de las personas en caso de que sean incapacitadas o deportadas. En el documento las personas pueden indicar qué quieren que pase con sus hijos o con sus mascotas. “Lo más importante es que la persona conozca sus derechos, que tenga un plan de emergencia, que lleve documentos importantes, que no firme nada sin consultar a ningún abogado, que mantenga la calma y mantenga todos los documentos actualizados posible. También buscar apoyo en las organizaciones de inmigrantes que aportan recursos y asesoramientos”, recomendó.