Aruba

Una Corte atada de pies y manos

Como estaba previsto el peronismo anunció que no acatará el fallo de la Corte Suprema que declaró inválida la elección de Claudio Doñate como consejero de la magistratura en representación de la segunda minoría del Senado.

El pequeño problema es que quienes incurran en esa conducta serán posibles de ser imputados de un delito y condenados.

Ayer traíamos a la memoria el caso del procurador general Sosa de la provincia de Santa Cruz en donde Kirchner se salió con la suya, no repuso al procurador y, de todos modos, no recibió ninguna sanción.

Paradójicamente lo que explica esa situación es un hecho que vuelve a confirmar al kirchnerismo como un as de la trampa: Kirchner eliminó, por una reforma a la Constitución de la provincia, el cargo de procurador con lo que su reposición se volvió un hecho abstracto.

Obviamente la eliminación del cargo fue una forma elíptica de no cumplir con el fallo de la Corte, de la misma manera que dividir el bloque fue un ardid para quedarse con un representante que no le correspondía.

Más allá de que llega un momento que el biri biri de las palabras y los comunicados se termina y estás disyuntivas hay que dirimirlas de algún modo aspiraría aquí a dejar de lado por un momento toda la rosca y las picardías de la política y centrarnos tan solo en lo que dice la Constitución. No es demasiado trabajo. Está escrito. Ni siquiera hay que inferirlo o deducirlo.

El objetivo de la Constitución para la conformación del Consejo de la Magistratura es que todos los representantes que vienen del lado político tengan una presencia “equilibrada”. Esa es la palabra que usa.

Al equilibrio se llega, obviamente, mediante un mecanismo que permita que todas las ideas accedan a una representación. Por eso la ley que integra el Consejo con 20 miembros mandó elegir un representante por la segunda minoría del Senado.

Mediante la trampa perfeccionada por Cristina Fernández de Kirchner el 18 de abril (con posterioridad a conocerse el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 13 miembros) el peronismo logró que “su idea” tuviera dos representantes (ya tenia uno por el Frente de Todos que era Mariano Recalde) en detrimento de la representación de la idea que le correspondía al PRO.

Esa es la base de la ilegalidad. 

Por supuesto que los partidos en las cámaras tienen toda la libertad para conformar sus bloques como quieran y el fallo de la Corte no conculca ese derecho.

Lo que un partido no puede hacer es modificar esa disposición al solo efecto de trastocar el orden de mayorías y minorías cuando de ello depende un sistema para elegir representantes para otro órgano.

Y menos aún cuando esa modificación fue la directa consecuencia de un fallo de la Corte que, de seguirse de acuerdo al orden natural y corriente de las cosas, habría concluido con la elección de un representante no-peronista.

Lo que el peronismo no puede hacer, para eludir esa consecuencia, es echar mano de un fraude para que resulte elegido uno de los suyos.

Lo que los constituyentes quisieron hacer en materia de integración del Consejo de la Magistratura está claramente escrito en el texto constitucional. Todo lo demás es rosca, viveza, picardía, artimaña, “ardid”, como dijo la Corte.

Escudarse en la soberanía de los partidos para organizar sus bloques en las cámaras no es más que una excusa barata para extender la mentira y ahondar el enfrentamiento con la Justicia que, en este caso, tenía las manos atadas: la maniobra había sido tan burda y visible que a la Corte no le quedó otro camino que no fuera el de desenmascarar el timo vicepresidencial y ordenar que las cosas se pongan en su lugar.

Por Carlos Mira
Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.