Una concepción delincuente que se apoderó del Estado

Hace una semana, una banda integrada por cómplices de Juan Grabois, copó, entró ilegalmente y finalmente usurpó una propiedad perteneciente a la familia Etchevehere en Santa Elena, Entre Ríos.

La casa y el campo pertenecen al padre de Luis Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de agricultura.

La toma no solo incluyó el campo sino también la propia casa, al punto que hoy los ladrones duermen en la cama de los dueños a quienes desalojaron.

Existe un tema vidrioso que se agrega a esta lamentable situación: una de las hermanas de Luis Etechvehere, aparentemente en conflicto por la herencia del padre, se unió al Movimiento de Trabajadores Excluidos que lidera Grabois para llevar adelante la toma.


La familia hizo circular mensajes, en donde que “Dolores vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores y al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos”.

Pero eso es solo un detalle morboso de una cuestión que vuelve a revertir sobre la vigencia del derecho de propiedad en la Argentina: aquí unos tipos con una consigna clasista y violenta, entraron por la fuerza en una propiedad privada, impidiendo a sus dueños legítimos el uso y disposición del bien, robando las instalaciones e instalando una toldería que es la representación visual del país que delinean en sus mentes; una gran villa miseria.

El conflicto se inició el jueves último, cuando Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro, anunció el “Proyecto Artigas”, que en asociación con el MTE que lidera el dirigente social Juan Grabois, ocuparía tierras, como el establecimiento rural “Casa Nueva”, en el departamento entrerriano de La Paz, eje del conflicto.

Hasta el momento, las fuerzas policiales y judiciales no han desactivado la toma, a pesar de que se hicieron denuncias por violación de la propiedad privada de Las Margaritas SA, el nombre de la sociedad que integran la madre de los Etchevehere y tres de sus hijos, quienes aseguran que su hermana ya cobró su herencia y no es titular de las propiedades familiares.

Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, la madre los 4 hermanos en conflicto, tomó posición a favor de los tres varones (Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego) y en un video afirmó: “No entiendo, porque hasta el momento, la Justicia no ha respetado la propiedad privada del mismo modo que nosotros estamos respetando los bienes y propiedades de Juan Grabois. Y no admitimos ni efectuamos donaciones de bienes ajenos”.

Por su parte Grabois, el jefe guerrillero de la banda sediciosa afirmó que “va a haber 20 Guernicas en la medida que no se resuelva el problema de acceso a la tierra”.

La pregunta es, dónde están los representantes de las instituciones que deberían estar actuando para restaurar la vigencia de la ley allí donde ésta fue violada. La familia viene insistiendo en que

“la propiedad privada es un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución, violarla no sólo configura un delito sino que además altera la paz social”. Pidieron enfáticamente una pronta actuación de la Justicia.  Solicitaron al Poder Judicial provincial “que actúe de manera inmediata y con la severidad que las circunstancias justifican frente a la denuncia radicada en la fiscalía de localidad de La Paz, ya que estas personas siguen en el establecimiento de nuestra propiedad, usurpando la misma”.

Mientras, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa requirieron información sobre las propiedades al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná; al Juzgado de Transición de Carlos Ríos, a la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de la Propiedad. Según la Procuración General de la Provincia, “los fiscales están trabajando a full con esa causa. El sábado citaron a declaración informativa (una suerte de indagatoria) a las personas identificadas en el ingreso al campo, entre ellos Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada. Pero no se presentaron. Están tomando testimoniales y recibiendo y estudiando prueba documental muy extensa. Cuando tengan los elementos suficientes pediremos audiencia con el juez para pedir las medidas que correspondan”.

Toda esta actuación configura la consagración del principio de la inversión de la carga de la prueba por la que los legítimos dueños son los que deben probar que lo suyo es suyo, en lugar de que las instituciones se pongan del lado de ellos para desalojar a los ladrones.

Los guerrilleros han establecido una guardia en la entrada del campo y llevan una cuenta nominada de quien pretende hacer ingreso a la nueva toldería en la que se convirtió lo que antes era una explotación agropecuaria civilizada.

El ruralismo se ha autoconvocado para presentar resistencia a los delincuentes. Diferentes productores rurales entrerrianos, como también dirigentes nacionales de las entidades de la Mesa de Enlace, se pronunciaron en defensa de la ley y la propiedad privada. Todo lo cual escala un conflicto que, si el Estado de Derecho, no decide actuar en defensa de la restauración de la ley, nadie sabe cómo podría llegar a terminar.

Desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos solicitaron “se extremen desde el Estado todas las acciones y medidas que lleven tranquilidad a la sociedad, poniendo como norte irrenunciable la seguridad jurídica y de las vidas de las personas, de sus propiedades y un estricto respeto por la ley y el estado de derecho”.

Dijeron que “no es intención de esta Mesa profundizar en los casos concretos ni en las cuestiones judiciales de cada uno de ellos. Simplemente queremos condenar todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realice, sean cuales fueran las motivaciones, ya que es imprescindible defender la ley y la Constitución Nacional antes de dar cualquier otro tipo de debate”.


Luego argumentaron que “resulta un despropósito y un precedente injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como camino de resolución de las enormes falencias que ha presentado el Estado a la hora de saldar las deudas sociales. Despojar por la fuerza de sus bienes a sus dueños es un ejercicio de pereza intelectual y un reconocimiento de incapacidad manifiesta de la política”.

El tema es que la corrección política de las palabras de estas agrupaciones choca contra una concepción que es compartida entre el gobierno y los delincuentes. Lamentablemente, la Argentina ha caído hoy en un sistema en donde quien viola la ley tiene razón y quien hizo un esfuerzo en la vida para tener algo debe ser despojado del fruto de su trabajo en nombre de la justicia social. Esa es la concepción que gobierna. Y estos son los resultados que se obtienen.

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