Se acelera el segundo objetivo del cuarto kirchnerato

¿Quién puede dudar a esta altura del partido que el kirchnerismo está usando la estructura del Estado (sostenida por todos los argentinos con sus impuestos) para lograr lo que no son otra cosa que los objetivos personales de su jefa? Si, si: toda la Argentina pagando el plan de impunidad de una persona, de una familia y de una banda de secuaces que los acompañaron y se beneficiaron con el latrocinio al Tesoro Público más grande de la historia del país.

El kirchnerismo, en sus tres primeros gobiernos, robó recursos de todos los argentinos por una cifra que quizás nunca se sepa con precisión, pero que algunos operadores muy cercanos a sus filas -que luego se arrepintieron y contaron lo que sabían- llegaron a cuantificarlo en una cifra cercana a un PBI completo, unos 300 mil millones de dólares a valores de hoy.

La evidencia de toda esa estafa acumulada durante años, derivó en una cantidad de causas sin precedentes que recayeron sobre un ex presidente  (una ex presidente, en este caso)

Hay prueba documental, testimonial, audios, filmaciones, en fin, nunca antes una operación de desfalco público recogió tanta evidencia como la que protagonizó el kirchnerismo.


Cebados con el tráfico de tanto dinero -que en muchos casos ya ni contaban sino que pesaban- se relajaron en la creencia de que eran los dueños inamovibles del país. El salto a la riqueza de personajes ignotos, desde cajeros de banco, hasta jardineros y desde choferes hasta custodios fue tan desmedido que los rastros del robo aparecían por todas partes, en la Argentina y en el exterior.

La jefa de toda esa banda resultó ser, además, una mujer llena de furia, ira y de un inconmensurable espíritu vengativo, apoyado en una personalidad resentida, llena de odio y sarcasmo.

Junto a su esposo, para difumar la escena del atraco que llevaban a cabo tras bambalinas, no dudaron en despertar los peores monstruos dormidos de la Argentina que, a juicio de muchos, estaban en un proceso de cicatrización y superación. Lo hicieron bajo la sospecha de que una parte de la sociedad aún sedienta de venganza por su derrota en la guerra civil de los ’70, los apoyaría políticamente dispensándolos por los robos y hasta defendiéndolos con un ejército de militantes ciegos que estarían dispuestos a negar la realidad con tal de reivindicar a aquellos que, para ellos, eran quienes habían recuperado los ideales revolucionarios de los guerrilleros.

Sin embargo, la exageración pestilente de la corrupción sumada a los ya insoportables modales públicos de la ex presidente (que no disimulaba sus pretensiones de convertirse  en una especie de Reina-faraón) hicieron que una mayoría -bastante escasa por cierto, dada la inmoralidad pública que gobernaba la Argentina en 2015- le diera el triunfo a la oposición.

El gobierno de Cambiemos fracasó en su ilusión de cambiar la vida económica de los argentinos. Aunque nunca lo explicó, el defalco kirchnerista les había entregado un país quebrado, completamente fundido. Era imposible que semejante desaparición de fondos públicos no terminara pegando en la realidad económica que, pese al fanatismo, también debió ser uno de los factores que contribuyó al triunfo de Macri.

Sin embargo, las tácticas graduales del presidente fueron fagocitadas por la velocidad del deterioro heredado. Paralelamente la increíble justicia argentina mantuvo en libertad a Cristina Fernández mientras pudo meterla presa (hasta que ella consiguió nuevamente fueros) y eso le permitió articular la jugada política con Alberto Fernández para volver al poder.

En este cuarto gobierno kirchnerista, además de no renunciar a robar, el principal objetivo de la comandante del El Calafate es utilizar los mecanismos del Estado para terminar de concretar su absoluta impunidad, además, desarrollar un plan sistemático de venganza contra quienes la llevaron a los tribunales. Semejante maniobra es tan harto evidente que no entiendo cómo puede haber gente que no la vea aún con claridad: de nuevo el fanatismo, de nuevo “la izquierda da fueros”, de nuevo el uso de los monstruos dormidos de la Argentina para absoluta conveniencia personal.

Se han diseñado decenas de estrategias. Desde el operativo “puf”, comandado directamente por un operador a las órdenes de la jefa -Eduardo Valdés-, hasta desplazamientos de jueces, remociones en el Consejo de la Magistratura, presentación del proyecto de Reforma Judicial y, ahora, la idea de cambiar las mayorías legales necesarias para designar al Procurador General.

Como se sabe, ese lugar debe ser cubierto con alguien aprobado con los dos tercios del Senado. Como el kirchnerismo no cuenta con esos votos, está por aprobar una modificación según la cual ya no se necesitará esa mayoría calificada sin una mayoría simple de la mitad más uno.

Para eso presentaron un proyecto para modificar la ley de Ministerio Público que establece esas mayorías especiales para remover y designar al Procurador.

Los propios fiscales de la nación hicieron una presentación al senador Oscar Parrilli para que “piensen antes en las instituciones que en la coyuntura”. ¿Qué debe entenderse por “coyuntura”? Naturalmente lo que le importa a Cristina Fernández. Los dichos de los fiscales podrían refrasearse así: “Piensen antes en las instituciones antes que en los intereses personales de una persona”. ¡Parece mentira pero el país está usando su estructura institucional para sancionar leyes poco menos que con nombre y apellido del beneficiario!

“Esa mayoría permite una legitimación adecuada en el diseño constitucional para cumplir con la autonomía reservada al Procurador como cabeza del MPF y, con ella, la defensa de la sociedad que conocerá que hay un Procurador General y que hay fiscales que actuarán en su defensa sin importar las presiones que se quieran ejercer sobre ellos”, dice la carta, que lleva las firmas de 80 fiscales de todo el país. Y advierte: “La mayoría simple significaría refrendar un Procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución; un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994”

Entre los firmantes se encuentran el fiscal ante la Casación Raúl Plee, el fiscal Diego Luciani (que acusa a Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad), la fiscal Fabiana León (a cargo del caso de los cuadernos de las coimas en la instancia oral), el fiscal Guillermo Marijuan (que investigó a Lázaro Báez por lavado de dinero), y los fiscales Ignacio Mahiques, Ricardo Sáenz y José María Campagnoli, entre otros.

¿Qué ocurrirá con todo esto? Obviamente Cristina Fernández se saldrá con la suya. Colocará allí seguramente a Graciana Peñafort una militante izquierdista capturada de la rémora de los ’70 por la mentira armada con toda astucia por Néstor Kirchner, durante el primer kirchnerato.

La designación de un Procurador General propio, no tiene tanto que ver con el plan de impunidad, sino con la segunda fase de los objetivos del cuarto kirchnerato: la venganza, es decir, la aceleración del plan de persecución de opositores, periodistas, intelectuales y todo ciudadano argentino que ose levantar la voz contra la Reina-faraón.

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