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Payasesca convocatoria a gobernadores

Parecería que para el presidente Fernández rigiera la máxima “no nos apuremos que siempre hay tiempo para hacer peor las cosas”.

No conforme con el brulote de amagar rebelarse contra un fallo de la Corte (lo que lisa y llanamente torna la vida civilizada en la Argentina en una especie de quimera porque desde ese mismo instante todo ciudadano se ha visto investido con el poder de negarse a cumplir las leyes, los fallos judiciales y, esencialmente, toda pretendida disposición que emane de una autoridad, siguiendo el ejemplo del propio presidente) ahora se propone iniciarle juicio político a los cuatro jueces del más alto tribunal del país.

Más allá de lo disparatado de la iniciativa, el presidente ha elegido un formato para llevar adelante su idea que tiene más que ver con el concepto que el Derecho puede enfrentarse con la fuerza bruta que con la vigencia de un orden legal civilizado.

Por empezar, la convocatoria a una reunión de gobernadores pretende transmitir justamente esa idea de que es posible enfrentar una decisión surgida del funcionamiento normal de las instituciones organizadas por la Constitución con hechos de fuerza consistentes en reunir agentes que son (o deberían ser) completamente ajenos al procedimiento legal.

La convocatoria del presidente a los gobernadores además de ser completamente insustancial porque no incide para nada en los mecanismos previstos en la Constitución para estos casos, no se entiende desde el punto de vista del cual se la quiere presentar a los ojos de la sociedad.

En efecto, el gobierno pretende transmitir la idea de que hay una avanzada unitaria contra las provincias que, ante la ofensa, deciden presentar un frente de fuerza unido para resistir el supuesto embate de la Justicia contra las autonomías provinciales.

El pequeño detalle es que la situación real es completamente inversa, es exactamente al revés y este espectáculo dantesco, de cuarta categoría, solo puede ser sostenido -y eventualmente creído- por un conjunto de ignorantes o de pillos que echan mano de un acting para seguir sosteniendo sus trapisondas.

El fallo de la Corte va, justamente, en el sentido de la defensa de las autonomías provinciales. Además de no tocar un solo céntimo de la masa coparticipable que le corresponde a los otros estados federados, está basado en el principio de que el gobierno central no puede avanzar sobre lo que le corresponde a cada uno de ellos en base a medidas unilaterales. Si los gobernadores realmente quisieran defender las autonomías de los Estados que representan frente al poder del gobierno central deberían ser los primeros defensores del espíritu del fallo de la Corte, sencillamente porque lo que en el 2020 le ocurrió a la Ciudad de Buenos Aires mañana, con el mismo criterio, les podría ocurrir a ellos.

De modo que este amague golpista, este pavoneo de la fuerza, esta pretensión de imponer una especie de frente de facto respecto de lo decidido por el máximo tribunal del país en la disputa entre una unidad federativa y el Estado Central, es una grosería que demuestra una de estas dos cosas (o las dos a la vez): o no entienden nada respecto de cómo debe funcionar una república federal o solo están defendiendo a un conjunto de forajidos del que forman parte directa o son una especie de apoyo partidario, porque en el fondo, todos comen y roban de la misma bolsa.

Otro párrafo merece la actuación del presidente. Un personaje que ha hecho campaña a partir de su mendaz condición de “profesor” de la Facultad de Derecho de la UBA (solo es un docente interino que no pertenece al claustro de profesores) y que en los hechos de su presidencia ha demostrado desconocer hasta los palotes más elementales del funcionamiento constitucional.

Fernández deberá cargar por siempre con la ignominia de haber sido a quien una nutrida agrupación de estudiantes de su propia facultad pidió su suspensión como docente de la casa por haber desafiado lo dispuesto por el máximo intérprete de la Constitución, una vergüenza nunca antes vista.

A todo esto se suman las tropelías típicas del bajo mundo de los servicios de inteligencia que actúan como agentes pagos del kirchnerismo y que, como en tantas otras ocasiones desde la operación contra Enrique Olivera en 2005 hasta hoy, plantan noticias y evidencias falsas para desprestigiar a quienes intervienen en los procedimientos cuyas decisiones desconocen.

Tal es el caso de lo que está aconteciendo con el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, presidente de la CSJ, Silvio Robles.

No es extraño tampoco que la denuncia haya sido iniciada por Gerardo Zamora, un agente inorgánico del kirchnerismo, gobernador de Santiago del Estero (la provincia más pobre del país, gobernada desde que se tenga memoria por el peronismo, en la que el presidente confesó que lo que se discute es si hay o no agua, pero que sin embargo, se da el lujo de construir estadios, autódromos, campos de golf y resorts dignos de un emirato) y también integrante de la pandilla ilegal de jefes de estado provinciales que amaga ejercer la fuerza contra las disposiciones de Derecho.

Si toda esta barbarie no termina, si los poderes constitucionales no actúan de inmediato para poner las cosas en su lugar (iniciando por ejemplo, en los términos del artículo 53 de la Constitución, un proceso de juicio político al presidente por grosero mal desempeño de sus funciones) las cosas no terminarán nunca de ordenarse en la Argentina. La fuerza o la amenaza de ejercerla siempre estará latente y nunca se podrá vivir bajo el imperio de la ley y en la concordia civilizada de la legalidad.

Por Carlos Mira
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2 thoughts on “Payasesca convocatoria a gobernadores

  1. Matias

    Esta repbliqueta jamas fue federal. Punto.

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