Otro paso hacia Caracas


La caja de Pandora kirchnerista sigue abriéndose peligrosamente. Ayer, entre gallos y medianoche, fue incluida una cláusula en el texto de la así llamada reforma judicial que lleva el indudable sello del fascismo peronista. Se incluyó un artículo 72 en donde se impone a los jueces la obligación de denunciar ante el Consejo de la Magistratura, supuestas presiones de los “poderes mediáticos” sobre sus decisiones.

La cláusula fue agregada por presión de Oscar Parrilli -que es lo mismo que decir Cristina Fernández- para suprimir la libertad de expresión y entregar a Justicia Legítima un arma completamente ambigua, imprecisa y discrecional para silenciar la actividad de la prensa libre.


Se trata del mismo tipo de figura que rige en Venezuela en donde vaguedades de esa misma naturaleza le permiten a la dictadura de Maduro, perseguir y encarcelar periodistas y haber hecho desaparecer las voces críticas.

Ese apartado establece que los jueces deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En su versión original, este artículo mencionaba únicamente a “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”.

Es decir, es una inclusión expresa hacia la prensa pero al mismo tiempo con el suficiente grado de oscuridad como para que cualquier cosa que el poder fáctico interprete como un “ataque mediático” conduzca a la persecución, censura y eventual encarcelamiento de los considerados responsables.

El artículo 72 del dictamen del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales dice: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada”.

Al enumerarse en el texto esas reglas, en el inciso E figura que los magistrados tendrán la obligación de denunciar supuestas presiones de “poderes mediáticos”.

Resulta tan obvia la matriz bolivariana de lo que se pretende imponer en la Argentina, que es de la más extrema urgencia detener este esquema totalitario que implica el silencio de las voces opositoras y el yugo de una bota militar sobre la cabeza de los ciudadanos.

Nunca antes un proyecto totalitario de semejante magnitud se intentó en el país. Las pinzas del fascismo aprietan en todos los frentes, aun cuando para ellos el dominio de la justicia y de la prensa son los realmente vitales.

Ya coparon obviamente el poder ejecutivo. Transformaron al Congreso en un apéndice, en un títere de las decisiones de la familia Kirchner, presididas unilateralmente por la comandante de El Calafate, Cristina Fernández, y ahora apuntan sus cañones a destruir el corazón de la justicia que los molesta (básicamente la justicia federal penal que entiende en los hechos de corrupción cometidos desde el Estado) y, también, a la prensa independiente que los denuncia y los pone en evidencia frente a la sociedad.

Se trata de una marca en el orillo del fascismo kirchnerista y los diputados que voten la confirmación de este proyecto que seguramente obtendrá media sanción del Senado, serán responsables de un crimen de lesa humanidad.

Obviamente el oficialismo cuenta con su propio número de zombies, aquellos que integraron una lista sábana para usufructuar los beneficios de vivir sin trabajar. Ahora les llegará el momento de “devolver los favores” levantando la mano.

Pero hay toda una serie de diputados que fluctúan entre el oficialismo y la oposición a los que habrá que observar muy bien porque de ellos depende que este atropello a las libertades públicas logre ser transformado en ley.


Ya hemos tenido, hace poco, una prueba de la peor especie en el Consejo de la Magistratura, cuando una supuesta consejera crítica (Graciela Caamaño) le dio su voto al kirchnerismo para habilitar en el Senado el tratamiento del traslado de los jueces Bruglia y Bertuzzi (casualmente jueces que tienen entre sus causas, juicios en donde la señora Fernández está acusada de delitos aberrantes contra la sociedad) y con ello removerlos de sus lugares.

Si ese comportamiento rastrero (que uno nunca sabe cómo se retribuye, pero que hay retribución, seguro que la hay) se vuelve a repetir en las sesiones de Diputados en donde este proyecto sea tratado, el perfilamiento hacia Caracas habrá dado un enorme paso.

También los gobernadores cargarán sobre sí ese sayo. Sobre ellos ya está actuando el kirchnerismo. Seguro que allí también habrá “retribuciones”.

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