El oficialismo volvió a negarse ayer a habilitar mediante una ley la firma de un acuerdo con Pfizer e insistió con la ratificación del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Gobierno que permitiría firmar con el laboratorio la compra de vacunas para inocular a niños y adolescentes con comorbilidades.

Solo conclusiones horribles (sabiendo además con quienes estamos tratando) pueden sacarse de este episodio. Vamos a ver…

Si el oficialismo está de acuerdo en respaldar un DNU cuyo último sentido práctico es modificar la ley de vacunas, ¿por qué se niega a modificar la ley de vacunas? La pregunta es tan elemental que llama la atención y cuando -repetimos- uno vincula lo llamativo de esta situación con la clase de gente que gobierna la Argentina hoy, no puede caer en otra cosa que no sean conclusiones vidriosas.

Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de la jerarquía constitucional de las piezas legales involucradas y de las responsabilidades que en el futuro puedan surgir de la aplicación de las vacunas Pfizer, surgen dudas inocultables.

Para el laboratorio, -que pertenece a una cultura constitucional en donde las leyes no se modifican por un decreto- que la pieza jurídica que ahora le asegure lo que pide sea un decreto no es, naturalmente, suficiente. Es más, si yo fuera un abogado de Pfizer recomendaría no firmar ningún contrato mientras la legislación principal no esté adecuada a las seguridades solicitadas por el laboratorio.

Recordemos: el bloque oficialista del FDT se niega a retirar la palabra “negligencia” de la ley y esa ley sigue vigente. El DNU, aun refrendado, es una pieza jurídica inferior en la pirámide de supremacía jurídica respecto de la ley y mientras ambos digan cosas contradictorias y la ley no haya sido modificada, lo que prevalece es lo que dice la ley.

Incluso en este caso, el laboratorio podría aducir una voluntad concreta del Congreso en ratificar la continuidad de la palabra “negligencia” toda vez que tuvo varias oportunidades para retirarla y no lo hizo: eso es un indicio muy fuerte en el sentido de que lo que la Argentina va a hacer prevalecer en caso de disputa es la vigencia de esa pieza legal y no la del DNU.

Desde el lado del maquiavelismo político (que, repito, no es descabellado pensarlo teniendo en cuenta la calaña de gente que integra el FDT) el oficialismo puede estar forzando a la oposición a meterse en el brete de retirar su apoyo al DNU y con eso quedar frente a la sociedad como que son ellos los que están bloqueando las soluciones legales para que se destrabe el contrato con Pfizer.

Recordemos que el diputado de JxC Pablo Tonelli planteó la modificación directa de la ley si es que el oficialismo tenía realmente el espíritu de enmendar su persistente error de hace un año y recibió la respuesta del jefe de la bancada de senadores del FDT, Julio Mayans: “Si quieren, pueden tratar este decreto de necesidad y urgencia en el recinto y pueden aprobarlo”.

Tonelli elogió “el cambio de actitud del Gobierno, que finalmente haya entendido la necesidad de modificar la ley y facilitar la llegada de las vacunas”, pero destacó que “está mal el procedimiento”, en alusión al uso de un decreto de necesidad y urgencia en momentos en que el Congreso funciona sin contratiempos.

Lo cierto es que no se entiende francamente por qué los mismos legisladores que están dispuestos a avalar un DNU que contradice una ley, no quieren modificar directamente la ley. Resulta obvio que cualquiera pensaría mal.

Por lo demás tampoco se entiende cómo una fuerza que dispone de los números en el Congreso para adaptar la legislación a la situación más conveniente a la salud de los argentinos no lo haga. Todo lo cual vuelve a demostrar -una vez más, por si hiciera falta- que el FDT es una logia al servicio de los intereses, caprichos y voluntades no del país, sino de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue ella quien ordenó la inclusión, a último momento, de la palabra “negligencia” en la ley. Todo estaba acordado para que el proyecto avanzara y se aprobara tal cual lo había hecho en otros países de la región y en otros 119 del mundo. Pero entre gallos y medianoche, la comandante usó un alfil propio, la diputada Cecilia Moreau, para incluir esa palabra que destruyó toda posibilidad de que las vacunas Pfizer llegaran a la Argentina antes que a ningún otro país, hace de esto un año ya. Nadie sabe cuántos muertos podrían haberse evitado si la señora no hubiese llevado adelante semejante chiste, pero los muertos ya están muertos.

Solo dos alternativas caben para elucubrar acerca de las motivaciones: una (la más benévola para la vicepresidente) es la ceguera ideológica de haberle entregado la suerte de la salud de los argentinos a un país que es el heredero de otro cuya ideología hizo que no fuera capaz (antes de sucumbir como una bolsa de papas) de producir una docena de huevos en tiempo y forma durante más de 70 años. La otra (más oscura para la señora) que esto se hizo por negocios.

Lo cierto es que el país está hoy dominantemente preso de otro país cuya ineficiencia productiva impide tener certezas sobre las segundas dosis de las vacunas. Encima el gobierno fue moroso en las pruebas de combinación de marcas que recién ahora se están empezando, seis meses después de que lo hiciera el resto del mundo.

Hace un tiempo decíamos, aquí mismo, que era hora de poner en ejecución aquella frase que forma parte de las fórmulas de juramento de los funcionarios sobre demandarlos por las responsabilidades en las que han incurrido. Si lo que está pasando con las vacunas y con cientos de miles de argentinos que esperan una respuesta no es suficiente causa para un juicio severo y condenatorio, será esa otra señal del evidente estado de putrefacción y de disolución de hecho en el que ha entrado la sociedad.