Luego de que Orlando Barone, expanelista del programa 6,7,8, le ganara un juicio laboral a la TV Pública por $ 15 millones, se conocieron nuevas demandas de otros siete periodistas, en este caso contra Radio Nacional, donde reclaman más de $ 110 millones al Estado.

Durante el último año, cuatro jueces de primera instancia condenaron a Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que maneja la TV Pública y Radio Nacional, a pagar $ 60 millones a los periodistas Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, así como a los abogados y a los peritos contadores que participaron en esos juicios.

A esos cuatro juicios se suman otros tres que iniciaron los periodistas militantes kirchneristas Carlos Barragan, Nora Veiras y Hernán Brienza por otros $ 50 millones.

Todos estos seudo-periodistas formaban parte de un equipo paraestatal de persecución política, de escrache público y de acoso constante a todo quien no profesara las posiciones del kirchnerismo que habían copado (con la obvia anuencia y estímulo del gobierno) los medios de comunicación sostenidos con los impuestos de todos los argentinos con el claro objetivo de robar recursos públicos y, de paso, ser una polea de distribución de la propaganda oficial.

Ninguno de ellos tenía una relación de dependencia con Radio y Televisión Argentina, la empresa estatal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones. 

En realidad, todos habían sido contratados por una productora privada (al servicio del gobierno) que, a su vez, “alquiló” los espacios en canal 7 y en Radio Nacional.

Esos contratos vencían en 31 de diciembre de 2015. Producido el vencimiento, el vínculo no fue renovado. No hubo ningún despido. Primero porque Radio y Televisión Argentina no podía despedir a quienes no eran sus empleados y segundo porque los contratantes con RTA no eran los “periodistas” sino la productora que a su vez los contrataba para hacer esos programas.

Siendo ya suficientemente grave todo este cúmulo de anomalías, se empequeñecen al lado del hecho que la TV Pública, presidida ahora por la

militante kirchnerista Rosario Lufrano, se allanó a los reclamos y los pagó sin discutirlos.

No hay dudas de que este hecho corrobora la sospecha de que los demandantes y “demandados” en estas acciones en realidad están todos del mismo lado: del lado de esquilmar el Tesoro Público presentando reclamos ante un Estado cooptado por sus propios militantes, tal y como se hizo con las millonarias indemnizaciones en dólares que cobraron los subversivos de los ‘70 y sus familiares.

Esta repugnancia a su vez demuestra que toda esta marabunta de corruptos solo enarbola el discurso progre de defensa del pueblo para hacer demagogia, ganar masa electoral y, fundamentalmente, para esconder su verdadero propósito, que consiste en volverse millonarios sin trabajar, robándole la comida de la boca a quienes dicen ser sus protegidos.

Hasta cuándo estos disparates van a ser soportados por los argentinos no lo sabemos. Pero sí sabemos que muchos de los recursos que faltan los tienen quienes les roban a quienes dicen defender.

Por Carlos Mira