No hay dudas que la peor situación para un enfermo es recurrir a un médico que pifie el diagnóstico. Si el médico, a su vez, diagnosticó mal después de haber recibido las señales de cientos de estudios y de síntomas evidenciados por el propio paciente, estaríamos, claramente, frente a un indudable caso de mala praxis.
En un escenario de diagnóstico errado (por haber malinterpretado los síntomas y los datos de los estudios) el enfermo comenzaría a recibir una medicación y un tratamiento completamente inútil, cuando no, en muchos casos, directamente contraproducente que seguramente terminaría con su muerte.
Con la Argentina y el gobierno estamos frente a un caso análogo. El gobierno (que debería cumplir el papel del médico) ha recibido cientos de notificaciones expresas y tácitas en el sentido de cuál es la enfermedad que padece el país. A su vez el propio paciente (el país) le hizo saber que no estaba de acuerdo con los remedios que estaba recibiendo porque cada vez se sentía peor.
El gobierno, no sólo desoyó al paciente, sino que lo mandó a festejar sus progresos con el tratamiento, mientras dispuso a aplicar mayores dosis de la medicina que ya venía aplicando.
En el caso de un país supuestamente democrático, el desoír la voz del pueblo en las urnas puede ser considerado como un “golpe blando”, es decir, como una decisión de contravenir de modo expreso la voluntad popular.
En gran medida un gobierno que toma esa decisión frente a la voz de las urnas pasa a ser un gobierno de facto, es decir, un gobierno surgido no de los mecanismos previstos en la Constitución para plasmar la representación democrática, sino un gobierno que pasa por encima de esos mensajes del pueblo y decide contradecirlos continuando con las políticas que el electorado rechazó.
En ese sentido el inefable burro de Roberto Feletti acaba de ratificar que la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario que se produce como consecuencia del aumento de la cantidad de dinero en circulación, sino que es la consecuencia de lo que él llama “puja distributiva” en la que los sectores sociales se “pelean” por quedarse con los billetes que emitió el gobierno y en donde los sectores “poderosos” se valen de los precios para ganar esa guerra. Una burrada insigne.
Efectivamente, según Feletti (y el gobierno todo) el aumento de los precios se debe a que las clases empresarias se quieren quedar con la riqueza que produce el gobierno poniendo billetes en la calle. Para el peronismo la riqueza es el dinero que imprime el gobierno. Una vez impreso se desata una batalla por apropiárselo, que los pudientes intentan ganar aumentando los precios para sacarle esos billetes (riqueza para el concepto de Feletti y del gobierno) de los bolsillos de los trabajadores.
Para proteger a los trabajadores y evitar que los pudientes se queden con los billetes (riqueza) que emitió el gobierno, éste establece los controles de precios para prohibirle a los pudientes apoderarse de los billetes (riqueza).
¡Cómo se puede estar en manos de esta magnitud de burros no se puede creer! Pero a este médico decidió ir la Argentina en 2019. Ahora, en 2021, visto el fracaso completo del tratamiento, el enfermo le dijo al médico “mire maestro, me parece que por aquí no va, quiero que me cambie el tratamiento”. A lo que el médico le respondió mandándolo a la casa a festejar lo bien que estaba. El cuadro no podría ser más surrealista.
Un interesante artículo del economista Ariel Coremberg escrito para La Nación, titulado, “Inflación y Escasez, El Peor de los Mundos Posibles”, explica con claridad el nivel de falla técnica en la que está incurriendo el gobierno peronista y las desastrosas derivaciones que de esa mala praxis se seguirán para el país.
En efecto, la burrada de los controles, del aislamiento, de la desvinculación con el mundo, de los cepos, de las prohibiciones y de las distintas mordazas a las que está expuesta la economía (en realidad la vida misma de los argentinos) no hace otra cosa más que aumentar la miseria, la escasez, el asesinato de pymes -con la consecuente caída del empleo formal y de los salarios- y el hundimiento del país en un pantano cada vez más espeso.
Si el gobierno, como el médico, continúa con su empecinamiento y cree que si -en el peor de los casos- cometió un error éste consistió, no en el tipo de medicina, sino en la dosis aplicada y como consecuencia de ello decide aumentarla, el país sufrirá un colapso de una magnitud impensada.
Pero no “impensada” en el sentido del adjetivo que se usa para describir una situación dramática, sino “impensada” en el sentido de que nadie hasta ahora pensó en lo que realmente puede venirse porque sencillamente no hay antecedentes.
El así llamado “Rodrigazo” ocurrió en un contexto de 5% de pobreza. Hoy esos niveles son 10 veces superiores. Mucho del aparato productivo que venía de décadas anteriores (de las que precedieron al peronismo de los ’40 y de las que transcurrieron con la Argentina libre de peronismo luego de su derrocamiento) estaba intacto mientras que hoy está destruido. Los niveles de informalidad no alcanzaban los disparates actuales y el nivel de endeudamiento era ostensiblemente menor. Un “Rodrigazo” en las actuales circunstancias puede tener derivaciones inimaginables.
La irresponsabilidad del peronismo debería ser juzgada alguna vez. No es posible que salgan indemnes del crimen como saldría el médico que mató al paciente si un sistema legal no lo pusiera primero bajo un severo juicio y luego en la cárcel como corresponde para que nunca más vuelva a ejercer.
El paciente le envió recientemente una carta documento al médico para que rectifique su rumbo. El médico la respondió diciendo que él tiene razón y que el paciente está loco. Habrá que ver que hace el paciente con la vida que aún le queda.
