La Corte Suprema aplicará al caso que enfrenta a la Ciudad de Buenos Aires con el Estado Nacional un calmante largamente conocido en la historia del Tribunal: el paso del tiempo.

Si bien la Ciudad se apresuró a notificar que no había recibido los fondos de manera automática como disponía el fallo y que no aceptaba el pago en bonos, el Alto tribunal hizo saber de manera oficiosa que no esperaba reunirse esta semana con lo que la cuestión quedaba automáticamente diferida como mínimo hasta Febrero por el imperio de la feria judicial de Enero.

Se trata del viejo truco de los paños fríos y de la apuesta a que una introspección de las partes resuelva el caso por osmosis.

No puede negarse que algo de razón les asiste a los jueces cuando durante el fin de semana de Navidad el presidente retrocedió como pudo de la cadena de exabruptos que había matizado sus primeras reacciones frente al fallo.

La debacle económica final, la amenaza sobre la ruptura definitiva del poco orden social que hay en la Argentina y las voces que trataron de llamarlo a la reflexión incidieron para que Fernández pasara de su posición de “no voy a acatar el fallo” a pensar primero en una serie de impuestos para solventar la erogación y luego a la posibilidad de pagar con bonos.

Más allá de que ambas salidas son de imposible materialización porque no conseguirá aprobar impuestos nuevos en el Congreso y la Ciudad no aceptará compulsivamente bonos como elemento de pago, la marcha atrás del presidente demuestra que el kirchnerismo puede creerse todo lo cócoro que crea pero la realidad finalmente se impone.

No obstante, los jueces no deberían apostar toda su estrategia a esta variante “oriental” de la paciencia. El gran argumento del principio republicano de “frenos y contrapesos” está basado, justamente, en que el Poder Judicial es un poder del Estado, de naturaleza distinta, pero un poder del Estado al fin.

Esa característica debería imponerles a los jueces la conciencia de que, llegado el caso, deben tomar decisiones más allá de sus propias comodidades o estrategias. La mismísima idea de que los ciudadanos o, en este caso, una unidad federativa dentro del Estado federal, necesitan recurrir a él para poner las cosas en su lugar es incompatible con el hecho de que los jueces se tomen una eternidad de tiempo para resolver las disputas.

Un claro ejemplo de ello lo tuvimos con el caso del pedido de inconstitucionalidad por parte del Colegio de Abogados de Buenos Aires de la ley de 2006 que, bajo la autoría de Cristina Kirchner, reformó la integración del Consejo de la Magistratura.

La Corte se tomó 16 años para resolver la disputa. La cantidad de exabruptos kirchneristas en materia de administración de justicia que podrían haberse evitado si esa ley hubiese sido declarada inconstitucional (como lo era manifiestamente) en un tiempo razonable (digamos 6/8 meses) no pueden, literalmente, calcularse. Una vez que el tribunal dispuso la inconstitucionalidad a mediados de este año, el daño ya estaba hecho.

Si la Justicia reclama ser tenida como un órgano de gobierno de acuerdo a lo organizado por la Constitución debería tomar conciencia de que gobernar también es tomar decisiones a tiempo sin apostar a que justamente el paso de éste vaya a resolver las cosas por decantación.

Los derechos son inmaterialidades que se pierden cuando no son protegidos a tiempo. Una voz que llegue tarde en su defensa es lo mismo que no existiera. La Justicia en general y la Corte en particular no deberían abusar del principio de que cuando los casos alcanzan el más alto tribunal no hay tiempo para resolverlos. Sí, debe haber un tiempo. Los ciudadanos (o como en este caso la Ciudad de Buenos Aires) no pueden esperar eternamente a que se diga por donde pasa el fiel de la justicia y de lo que corresponde según las leyes y la Constitución.

Un caso derivado al limbo somete a la realidad a la incertidumbre y la Justicia fue organizada por la Constitución, justamente, para entregar certeza a los ciudadanos.

En este caso que mantiene los derechos de la Ciudad en un terreno de duda y que incluso obliga a derribar programas de obras y a aumentar los impuestos de los ciudadanos de la jurisdicción para equiparar los números del presupuesto, la Corte debería tomar conciencia de su rol y decidir rápido la disputa confirmando su fallo en un plazo perentorio. También debería emitir rápidamente una decisión en cuanto a que la única manera de cancelar la obligación que tiene el Estado Nacional es con el pago automático y diario de la coparticipación, tal como se le paga a las demás jurisdicciones, sin admitir otras formas de pago que desvirtúen el régimen de coparticipación federal de impuestos.

Por supuesto, sería también recomendable que la Corte emita un párrafo dirigido a la reconvención docente de algunos desencajados que han pretendido ubicar este conflicto en el terreno de la lucha entre “ricos” y “pobres”. Sería de la más absoluta necesidad que el alto tribunal ponga en su lugar a los desubicados clasistas que pretenden desvirtuar lo que debería ser una discusión poco menos que aritmética para situarla en terrenos ideológicos y de lucha de clases. Allí también sería interesante que la Corte reafirmara su carácter de poder del gobierno, tal como la instituye la Constitución.

Desgraciadamente, como decíamos al principio, la Corte ha gambeteado históricamente este rol decisivo que debería competerle. Ha preferido lavarse las manos muchas veces y apostar a que el paso del tiempo le saque de encima un peso que el orden institucional argentino ha puesto sobre sus espaldas.

Si, como sería deseable, la Corte defiende para sí ese rol también debería aceptar las “incomodidades” que vienen adheridas a ese poder. A veces hay que decidir. Y a veces hay que decidir rápido para que el sentido de poder defensor de los derechos que la Constitución le asignó a la Justicia tenga sentido. Lamentablemente la situación en la que se encuentra la Argentina no solo se explica por la acción de poderes políticos cooptados por la corrupción, el populismo y la sed ilegal de riquezas sino también por la inacción de jueces que deberían actuar a tiempo para detener tanto disparate.