El gobierno le hizo dar a la Argentina uno de los pasos más definitivos hacia la incivilización. Una vuelta de campana completa a la involución de un país que, desde la barbarie, trepó hasta la cresta más elevada de la ola y, desde allí, cayó a los más profundos sótanos de la oscuridad.

La idea del gobierno limitado por los derechos individuales (y, en un estado federal, por los derechos de los estados-miembro) distingue, en el mundo moderno, a las autocracias de las democracias; a los totalitarismos de las repúblicas libres.

Ese límite al poder político sería completamente abstracto si no existiera otro con la suficiente fortaleza independiente para encuadrar a aquel y hacerlo retroceder sobre sus pasos cuando de hecho intente superar esos límites.

Naturalmente ese poder es el Poder Judicial, al cual recurren las personas (o los estados-miembro de una federación) cuando consideran que el poder político invadió el círculo soberano de sus derechos.

Las repúblicas democráticas funcionan bajo el supuesto aceptado de que, cuando sucede ese choque, el poder político aceptará lo decidido por las jueces y replegará sus fuerzas invasoras. Pero esa es solo una presunción de la civilización política. Nadie sabe muy bien qué hacer cuando ese principio es desafiado y el poder político decide volver al terreno de los primates.

Solo hay efectos que ocurren en un arco de tiempo hacia el futuro, comenzando desde unas primeras pulsiones inmediatas hasta consecuencias más graves que se profundizan con los años.

En lo inmediato los mercados financieros saltaron por los aires. Nada es gratis. La cotización de las empresas argentinas se desplomó, el dólar creció más de $20 en apenas una horas, destruyendo aún más el poder adquisitivo del peso.

Las cámaras empresarias emitieron comunicados de alarma y la ingeniosidad de las redes sociales inmediatamente asemejó la rebeldía del Poder Ejecutivo frente al fallo con la que los contribuyentes podrían alegar de ahora en más frente al pago de las obligaciones tributarias.

Esos ciudadanos ni siquiera deberían esforzarse mucho en sus justificaciones: el mismo argumento que usó el presidente Fernández frente al fallo de la Corte, les serviría a ellos: “no tenemos la plata, por eso no pienso pagarte”. La mismísima idea del orden legal habría acabado para siempre.

La reacción kirchnerista contrasta con la que tuvo Mauricio Macri apenas unas horas después de asumir, En aquella ocasión, en 2015, la Corte también había fallado a favor de tres provincias y el nuevo gobierno debía afrontar un pago millonario para cumplir con la sentencia. El presidente cumplió.

En este caso Fernández le anunció al mundo que su gobierno hacía descender a la Argentina del último vagón de la civilización en el que ya circulaba, casi como un polizón. Si algo le faltaba al país para convertirse en una republiqueta bananera era esto.

Todas las bases de la confianza pública (ese activo etéreo que gobierna, sin embargo, desde su inmaterialidad los misterios insondables del desarrollo, de la vida pacífica y del progreso material) se derrumbaron de un solo golpe: si nada más y nada menos que el gobierno -que debería ser la institución legal por excelencia- se declaraba públicamente al margen de la Constitución, qué quedaría para el resto: con total justicia cualquier ciudadano podría declarase no alcanzado por las imposiciones de ese mismo gobierno con el simple argumento de que está siguiendo su propio ejemplo. No habría vida en sociedad, solo un juntadero de personas abandonadas a su suerte en la ley de la jungla.

Los dichos de los jerarcas kirchneristas no hacían otra cosa más que empeorar las confirmaciones del propio gobierno. La citación a los gobernadores, en un intento por generar un conflicto extendido a todo el país, no tenía otro efecto más que identificar a más delincuentes a cara descubierta. Ninguno de esos esbirros podía siquiera pensar que cualquiera de ellos podría ser el siguiente estafado: todos partían de la suposición de que nadie borraría al peronismo del poder y que, entonces, la habitual prepotencia de ese movimiento los seguiría protegiendo.

Ese es, guste o no, el escenario mental que los peronistas sostienen: nadie logrará movernos de nuestros lugares, entonces no necesitamos ni la ley ni el temor de que lo que hoy les pasa a otros mañana nos puede pasar a nosotros; no hay mañana sin poder para nosotros, de modo que esas trivialidades burguesas del Derecho no nos afectan; siempre impondremos nuestra fuerza.

El punto es que un país en el que impera la fuerza por sobre la ley está condenado al fracaso, en directa contradicción a lo vaticinado por Duhalde. Está condenado a la pobreza, cuando no directamente a la miseria. Las seguridades legales que cualquier inversor con un mínimo de sentido común exigiría para ir a la Argentina se habrían esfumado por completo. Y como sin inversión, sin dinero fresco puesto en una actividad productiva, no hay desarrollo, ni crecimiento, ni progreso, se confirmaría el descenso de la Argentina a los infiernos de la miseria. El país no se iría al descenso porque nadie puede irse a un lugar en el que ya está, solo confirmaría su instalación definitiva en ese lodo de carencias.

El amague último de “cumplir” con la sentencia pagando con bonos introduce una nueva incertidumbre. Fernández dice que la Corte ya aceptó esa manera de pagar en un conflicto anterior entre el Estado central y la Provincia de Santa Fe. Falso. En aquel caso esa forma de pago resultó de una negociación previamente aceptada de modo voluntario por la provincia y, entonces sí, homologada por la Corte. Aquí la Ciudad de Buenos Aires no convalidó el pago con bonos que, además, sería un método al que se echa mano después de una sentencia y no antes.

Si los gobernadores respaldan la iniciativa también convalidarán el hecho de que todo el sistema de pagos coparticipados entre en una incertidumbre completa: ninguno de ellos podría asegurar que mañana su provincia no saliera del sistema automático de pagos diarios y cayera en una cola de bonos. Seguramente de nuevo pesa más en ellos la presunción peronista de que nunca perderán el poder.

Este caso prueba por una vía alternativa por qué el kirchnerismo vive desesperado por hacerse del control de la Justicia: no reconocen ningún poder que no sea el suyo; cualquier poder que no les responda es “antidemocrático” por el simple hecho de que no es de ellos o que ellos no lo controlan;  su aspiración es el poder sin límites.

La Argentina ingresa a un nuevo año con desafío mayúsculo: probarle al mundo de que es capaz aún de pelear para mantenerse en el tren de la civilización. Todos están mirando el resultado. La vida cotidiana depende de cómo se resuelva esta disyuntiva. Nadie quedará exento de las consecuencias de lo que ocurra. Lo que suceda en este caso marcará por décadas la suerte de millones, aunque muchos de esos millones crean que esas “minucias técnicas” de la República no los afectan en lo más mínimo.

Por Carlos Mira