El primero en saber que las medidas adoptadas para enfrentar la llamada “segunda ola” no servirán para nada, es el gobierno.

Es más, tomó las medidas porque sabe que no servirán como precaución sanitaria.

Cuando pasen estos quince días la situación estará igual o peor en términos de contagios y muertes.

Ninguna de las actividades restringidas producen la viralización de la enfermedad. O, al menos, no contribuyen de manera diferente a la propagación del mal de lo que lo hacen otras cientos de actividades.

Todas las industrias afectadas, incluida la educación, habían tomado medidas responsables de cuidado.

Pero el problema no está allí. El problema está en que la Argentina, por obra del socialismo económico y político, destruyó su educación cívica y su maquinaria económica.

Cómo resultado de ese drama, muchos argentinos no están habituados al ejercicio de la responsabilidad individual y la concepción comunitaria de la vida les es completamente ajena.

Resulta paradójico, pero un país que ha roto la paciencia siete décadas con el verso de la justicia social y la “comunidad organizada”, es, en realidad, el reino de la selva.

Solo internalizó de esos engendros sus efluvios fascistas, pero en ningún caso desarrolló el concepto de vida en sociedad: en ese terreno todo lo que se ve es el sálvase quien pueda.

Esta realidad se conecta con la mishiadura económica. El socialismo ha hecho tal estrago en ese terreno que medio país vive  en la informalidad, muchas veces estimuladas desde el mismísimo gobierno, cuyos funcionarios se alegran cuando aumentan las “changas”.

Ese contexto económico hace que el encierro sea muy parecido a una condena a muerte: si la gente no sale a por sus changas se muere de hambre.

La deseducación cívica y la necesidad de salir a la calle para hacer changas produce un aluvión de personas en la vía pública y en los medios de transporte en ese territorio fabricado a la medida peronista, que es el conurbano bonaerense.

Ya en los primeros tiempos de la cuarentena 2020, no había más que prestarle atención a cualquier noticiero de televisión para advertir cómo en los partidos más pobres del conurbano, oleadas de personas iban y venían, compraban y vendían por la calle, no respetaban la distancia y menos aún usaban tapabocas.

Algún ocurrente meme de estos tiempos ironiza sobre la apelación presidencial a la responsabilidad individual. En una de las fotos aparece el presidente reclamando responsabilidad individual. En la otra foto, alguien le responde cómo un grito: “Campeón, si la gente fuera responsable, vos no serías presidente”.

Si las medidas no van a servir para nada deben haberse tomado por otras motivaciones.

Y en efecto, no son pocos (entre los cuales tranquilamente pueden contarme) los que piensan que, como el encierro condena a la pobreza a todos aquellos que se desempeñan en las actividades afectadas, esa es una manera de agregar más oleadas de pobres a la ya abultada porción social que está hundida allí.

Más pobres significan más dependientes de la dádiva del gobierno y más dependientes de la dádiva del gobierno significan más votos de los que tienen miedo de quedarse sin nada.

Eso explica en gran medida porque uno podría “adivinar” casi sin fallar, quiénes están por profundizar el encierro y quienes se le oponen.

Es que la pandemia (como el gobierno la aprovechó para sacar tajada electoral -o al menos eso pretende-) se convirtió en otro terreno fértil para la grieta. 

De una lado están los que defienden el aislamiento soviético y del otro los que levantan las banderas de la libertad occidental.

Ese abismo también apareció con las vacunas. La ideologización que la Sra. Fernández le imprimió a la cuestión hizo que el país perdiera el tren completo de las dosis Pfizer y entregara su suerte sanitaria a Rusia y China.

El socialismo también infectó el funcionamiento de la Justicia que en una porción importante -que incluye a la Corte Suprema- dejó, hace años, de defender los principios de la Constitución.

Es lo que ha ocurrido -una vez más- con el triste espectáculo que dio el viernes pidiéndole a la Procuración que confirmara su competencia en la presentación que hizo la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales apoyada en la autonomía estadual que la Constitución le garantiza al distrito.

La Corte, como si fuera un alumno de Derecho que aún no aprobó ninguna materia, parece desconocer lo taxativamente dispuesto por la Constitución y por la ley 48 respecto de su competencia originaria cuando un estado provincial es parte o cuando el conflicto es entre una provincia y el gobierno federal.

No tener los cojones para tomar el caso y decidirlo conforme al único derecho aplicable es otra muestra del daño casi irreversible que sufre el país.

El año 2020 terminó con los deseos de que el 2021 dejara atrás los desatinos del año anterior. Lo que ocurre es que para los que los fogonean, los desatinos no son desatinos: son los eslabones de la larga cadena de servidumbre con la que se han propuesto esclavizar a los argentinos.