La prédica de la miseria

Cristina Elisabet Fernández una vez más, por supuesto, utilizando una herramienta creada y generada por la cultura que ella pretende destruir -Twitter- se refirió a la tomas de tierras en la misma línea que lo había hecho el delincuente preterintencional Juan Grabois, diciendo que se debía encontrar una “solución” para el tema.

Llama la atención que una auto titulada abogada llegue a semejante conclusión. La carrera debió enseñarle que esa “situación”, como ella la llama, es un delito consagrado primero por la propia Constitución que declara inviolable a la propiedad, y luego por el Código Penal que castiga la usurpación y el robo de propiedad ajena desde hace exactamente 100 años.

Es decir la “solución a la situación” data en la Argentina de más de un siglo y medio en el caso de la Constitución y de un siglo en el caso del código que vino a unificar la legislación penal federal.


El problema de la Argentina consiste, justamente, en que, ideas como las que profesa Cristina Elisabet Fernández (¿profesa alguna idea aparte de su obsesión por robar patrimonio público?), y movimientos de masas como el que ella integra, se separan de las soluciones que la ley y la Constitución prevén para poner fin a situaciones que, de haberse sometido al rigor legal, nunca se habrían convertido en “situaciones”.

Cuando la vicepresidente sugiere que “se le debe encontrar una solución al problema de la toma de tierras”, ¿qué quiere decir?, ¿que la solución prevista por la Constitución y por el Código Penal no son aplicables o a ella no la satisfacen?, ¿es decir, en otras palabras, plantea una solución contra legem que reconozca algún derecho a los ladrones?

Yo entiendo la empatía que las personas puedan llegar a tener con otras que comparten con ellas los mismos hábitos -como sería en este caso el hábito de robar- pero que nada más y nada menos que la vicepresidente del país sugiera una especie de golpe institucional, un alzamiento contra lo dispuesto por la Constitución para proponer “otras soluciones” me parece tan disparatado como para encontrar en esa sola sugerencia bases suficientes para acusarla de no cumplir con sus deberes de funcionario público que, naturalmente, comienzan por hacer respetar la vigencia plena de la Constitución y las leyes tal como lo juró en el momento de su asunción.

En el mismo sentido, y como no podía ser de otra manera, la izquierda le reclamó ayer al gobierno de la provincia de Buenos Aires el 10% de las tierras usurpadas para negociar una solución. Es decir que estos muchachos empiezan por robar todo para luego, desde una posición de fuerza, como si fueran extorsionadores, reclamar que una parte pase a su legítima propiedad.

Curiosa cuestión esta del socialismo que roba lo ajeno para, acto seguido, alambrar como propias parcelas de la tierra usurpada o para reclamar parte de lo robado como activo propio, en un giro súbitamente reivindicatorio de la propiedad privada.

La vicepresidente debería adoptar una ética (si es que conoce alguna) que acerque las soluciones de los problemas –no sólo de éste sino de los muchos otros que tiene la Argentina- a lo establecido especialmente por la Constitución.

Como buena pieza jurídica que establece normas simples, generales e iguales para todos, la Ley Fundamental provee soluciones de principios para prácticamente todas las angustias que tiene el país.

El problema de la Argentina ha consistido, justamente, en que el movimiento al que pertenece la señora (por lo menos hasta donde a ella le conviene porque son conocidas sus múltiples diatribas contra su creador) ha venido a destruir el funcionamiento armónico de esa Constitución para reemplazarlo por un orden fascista en donde el ejercicio de la fuerza reemplaza el imperio de la ley.

La única solución posible para las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires o en donde quiera que sean es la restauración urgente del derecho despojado; la actuación del Estado para reponer el orden alterado y restituir la plena propiedad de la tierra o de lo que sea a sus legítimos dueños.

Mientras el derecho de propiedad no esté seguro, solo la miseria imperará en el país. Mientras el fruto legítimo del trabajo no esté protegido por el accionar de las autoridades de acuerdo a lo previsto por la Constitución y las leyes, solo pobreza nos espera en nuestro futuro.

Mientras se insinúe que es efectivamente posible acceder a la propiedad por la vía de ir a arrebatársela a su legítimo dueño (como exigía Marx) lo único que veremos es lo mismo que el mundo ha visto que obtuvieron aquellos países que tuvieron resentida idea de implementar un sistema delirante como el comunismo.


Lo mejor que podría hacer la vicepresidente es dejar la demagogia clasista y barata que le brota de su resentido y bilioso estómago y ponerse del lado de la Constitución y de la ley. Mientras el Estado, encarnado en los funcionarios que se sientan en sus poltronas, transmita dudas sobre la inviolabilidad de la propiedad y, al contrario, considere de alguna manera viable el acceso violento a ella por la vía del robo y la usurpación, la Argentina volverá al yermo miserable del que la Constitución la eyectó. Y los principales perjudicados serán, naturalmente, aquellos que, con la violencia, creyeron conseguir algo.

El Estado debe terminar con el negocio ilegal de las tierras robadas. Debe retirar a sus fuerzas de choque de los barrios y a sus mafiosos punteros de la tarea de arriar a los pobres hacia la marginalidad. El Estado que representa la vicepresidente no puede ser el socio de bandas armadas que roban propiedades para luego hacer negocios con ellas, al tiempo que los funcionarios enarbolan la demagogia de pedir por Twitter soluciones que la Constitución aportó ya hace muchos años.

Señora, ocúpese de defender su inocencia ante los jueces naturales que le han tocado. Deje de inflamar los oídos de los argentinos y retírese de la prédica de la miseria.

Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.

Dejar comentario: