La imposibilidad de terminar con la grieta

Horacio Rodríguez Larreta logró juntar bastante consenso alrededor de su presentación en la versión virtual que ha tomado este año el Coloquio de IDEA.

Desde varios sectores han concluido que las palabras del Jefe de Gobierno están bien ajustadas al momento que vive la Argentina, apelando básicamente a un discurso moderado, de inclusión y de ruego a terminar de una vez por todas con la llamada grieta.

Poner esos deseos en palabras es relativamente fácil, como también lo es reunir palabras de elogio y de satisfacción en un auditorio cansado de la discordia.

El problema es que “la grieta” no responde a unas simples disidencias sobre cuestiones de forma en cuanto a cuál es el mejor camino para llegar a un horizonte común, sino una profunda discrepancia sobre el horizonte: los argentinos tenemos hoy un desacuerdo muy profundo, no sobre las herramientas a utilizar para mejorar el vehículo que tenemos, sino sobre el mismísimo vehículo. Mientras algunos creen que el mejor vehículo para la Argentina es un automóvil de última generación, otros creen que lo mejor es que el país fuera una carreta.


Por supuesto las herramientas para transformar al país en un automóvil o para transformarlo en una carreta son muy diferentes, porque un “automóvil” y una “carreta” son vehículos muy distintos también.

El acuerdo, entonces, no pasaría por dejar de lado simplemente ciertas actitudes, sino que necesariamente supone que alguna de las dos partes renuncie a su horizonte.

La situación es particularmente bizarra en la Argentina porque esa discusión sobre el “horizonte”, en teoría, fue resuelta hace casi 170 años al sancionarse la Constitución. La silueta social descripta en ese texto debería ser “el horizonte”: un país en donde impera la libertad individual; en donde el ciudadano civil es más poderoso que el Estado; en donde, en consecuencia se establece una serie severa de obstáculos para que el Estado no pueda avasallar los derechos civiles; un país donde cada uno diseña el perfil de su propia felicidad tal cómo le viene en gana y en donde el tejido social tiende a una competencia contributiva, en donde cada uno, al mismo tiempo que compite por satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, necesita del otro para completar su trabajo y su tarea. Ese es “el horizonte” de la Constitución y el que coincide con una de los “bandos” de la grieta.

La situación así descripta parecería entregar una solución bastante sencilla al problema de la discordia: el “bando” de la grieta cuyo “horizonte” no coincide con el de la Constitución es el que debería deponer su “horizonte” porque él contradice el “horizonte” que los argentinos se dieron cuando se constituyeron como nación organizada.

Sin embargo, la cuestión se complica cuando en la ecuación entra la irrupción del peronismo. El peronismo supone un movimiento disruptivo, no de las herramientas para alcanzar el horizonte de la Constitución, sino un movimiento que propone otro “horizonte”. De hecho cada vez que pudo coqueteo (y una vez, en 1949, lo logró) con la idea de cambiar radicalmente la Constitución para entregar un documento que delineara una silueta social completamente diferente de la que la Argentina había conocido entre 1853 y 1946.

Incluso antes de lograr sancionar amañadamente la Constitución de 1949 (porque la Asamblea Constituyente no reunió los requisitos establecidos por la Constitución de 1853 para operar legítimamente) el peronismo ya había introducido, de hecho, un orden jurídico contraconstitucional entre el 2 de enero de 1946 y el 1 de noviembre del mismo año. En esos 10 meses, el gobierno de Perón sancionó 13253 decretos (más que toda la producción legislativa de la Argentina en 90 años) que cambiaron ostensiblemente el modelo social del país.

Todos esos decretos fueron inconstitucionales, pero cuando la Corte Suprema amagó con avanzar en una declaración que los tumbara, el presidente les inició, con sus mayorías en el Congreso, juicio político a sus ministros y depuso a 4 de los cinco jueces. El restante ya respondía al régimen peronista.

Ese corpus jurídico de facto fue convertido en “ley ómnibus” por el Congreso peronista en noviembre de 1946. Desde ese momento conviven en la Argentina dos modelos sociales: el de la Constitución de 1853 (incluso momentáneamente derogado entre 1949 y 1955) y el del ordenamiento legal peronista creado a partir de 1946. Esos modelos son claramente antitéticos y no pueden convivir. Es más la razón de la decadencia argentina se debe a que la seguridad jurídica desapareció del horizonte de confianza social de momento que hay dos órdenes contradictorios que están en vigencia -teórica al menos- al mismo tiempo.

Naturalmente el clima de confianza y estabilidad que necesitan los negocios para trazar proyecciones durables  no es posible en donde la preeminencia de un orden u otro depende de vaivenes pendulares que nunca terminan de estabilizarse en un centro duradero.

Es más, en los hechos, si bien la Constitución de 1853 sigue formalmente vigente, su texto fue bastante arruinado en 1994 cuando un embate peronista-radical logró reformar gran parte de su sección operativa.

En esa reforma se derogó el Colegio Electoral, se transformó al país en un distrito único y prácticamente se entregó al peronismo de La Matanza la potestad de elegir el gobierno.

Por lo demás, aquella legislación de cuño fascista, claramente inconstitucional que Perón comenzó a introducir en 1946, se fue profundizando y nunca la Justicia populista que también se instauró a partir de aquel momento la derogó para, de ese modo, obligar a un alineamiento con el diseño social de la Constitución.

Eso destruyó el trabajo libre que quedó sujeto a mil regulaciones que lo tornaron impráctico y carísimo, con lo que, a los fines conducentes, fue como si se hubiera prohibido trabajar. La consecuencia fue la generación de una cultura indulgente, dependiente de la dádiva del Estado que, para cumplir, comenzó a incurrir en déficits presupuestarios infinanciables que trajeron aparejada una inflación endémica que promedió más del 60% anual ininterrumpidamente desde 1946 hasta hoy.


Lo peor fue la solidificación de una convicción social de que es efectivamente posible vivir sin trabajar (es decir, mientras unos no trabajan o trabajan muy poco y otros cargan con todo el costo de solventar ese lastre) que sin lugar a dudas coincide hoy con ambos márgenes de la “grieta”.

Es cierto que los contornos de esas incompatibilidades se habían tornado muy difusos hacia mediados de los ’90 y muchos apostaban a que la Argentina dejaba atrás medio siglo de estancamiento y de desorden. Pero la crisis de 2001 y el advenimiento del kirchnerismo reavivaron lo peor de los años ’40 y ’70 y la división y la discordia se profundizaron

Entonces, para volver al inicio, la aspiración de Rodríguez Larreta puede resultar muy plausible y puede reunir los elogios de varios referentes, pero mientras no resolvamos el dilema de dos perfiles sociales incompatibles, contradictorios e incapaces de convivir bajo el mismo cielo, no podremos resolver la cuestión de “la grieta”.

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