Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si Gildo Insfrán está habilitado para buscar en 2027 su noveno mandato consecutivo como gobernador de Formosa. La Corte ya había intervenido para poner fin a la reelección indefinida en la provincia. Pero Insfrán no se rindió: la nueva Constitución formoseña incorporó una cláusula transitoria que, mediante una interpretación particular, pretende habilitarlo para competir nuevamente. El Frente Amplio provincial presentó un recurso para revisar esa cláusula y la Corte asumió competencia originaria en el caso.
Hasta aquí, los hechos jurídicos. Pero reducir el caso a una discusión constitucional sería perder de vista lo esencial: Formosa es la expresión más acabada de aquello que una República debería impedir.
Insfrán gobierna la provincia desde 1995. Treinta y un años: una generación entera. El problema no es solo la permanencia de un hombre en el poder, sino el régimen político, económico e institucional que la hace posible.
Formosa tiene una economía profundamente dependiente del Estado, con una actividad privada reducida y un peso decisivo del empleo público y de los recursos estatales. Cuando el Estado es el principal empleador, contratista y distribuidor de recursos, el poder político se convierte también en poder económico, social y electoral.
La elección puede seguir existiendo formalmente sin que haya una competencia republicana sustancial. Insfrán no es simplemente un gobernador que gana elecciones: ha construido un sistema en el que el Estado y el partido gobernante prácticamente se confunden.
No es casual que Alberto Fernández, durante su presidencia, elogiara el modelo formoseño y presentara la gestión de Insfrán como una experiencia digna de ser replicada en el país. Si se quiere conocer qué significa para ciertos sectores del peronismo la palabra “modelo”, basta con mirar Formosa.
La pandemia expuso todavía más los riesgos de esa concentración de poder. Las restricciones para entrar y salir de la provincia, los centros de aislamiento y otras medidas del gobierno formoseño provocaron graves cuestionamientos y denuncias por violaciones de derechos humanos. La pandemia no inventó el problema: mostró hasta dónde puede llegar un gobierno que durante décadas acumula poder y, en un estado de excepción, dispone de instrumentos extraordinarios para restringir libertades.
La República depende de algo más que de votar cada cuatro años. Depende de límites efectivos al poder. Se podrá argumentar que los formoseños siguen pudiendo votar a otros candidatos. Formalmente, es cierto. Pero la democracia constitucional no consiste únicamente en colocar una urna. Exige alternancia, división de poderes, límites temporales y condiciones razonables de competencia electoral. La propia Constitución Nacional obliga a las provincias a adoptar sistemas representativos y republicanos de gobierno.
La pregunta no es solo si los ciudadanos pueden votar contra Insfrán, sino si después de 31 años de hegemonía, con semejante concentración del poder estatal y político, puede hablarse seriamente de una competencia en igualdad de condiciones.
Cuando un mismo hombre controla durante décadas el aparato estatal, los recursos públicos, la estructura política y buena parte de la vida económica de una provincia, una elección formalmente libre no garantiza por sí sola la alternancia.
Aquí aparece también la hipocresía de ciertos sectores del intervencionismo estatal. Defienden cupos obligatorios en nombre de la igualdad (de género, por ejemplo), pero rechazan los límites constitucionales destinados a impedir la permanencia indefinida de una persona en el poder. Invocan la “libertad del pueblo” solo cuando esa libertad sirve para conservar el poder. Quieren corregir a la sociedad mediante el Estado en algunos ámbitos y dejarla completamente desprotegida frente a la concentración del poder en otros. Eso no es republicanismo. Es oportunismo.
La dependencia económica agrava el problema. Una provincia donde el sector privado tiene un peso reducido y el Estado ocupa un lugar dominante ofrece las condiciones ideales para que la dependencia económica se transforme en dependencia política. No hace falta un fraude electoral de película: basta con una estructura capaz de condicionar la vida cotidiana de una parte sustancial de la sociedad.
Por eso, incluso dejando de lado las denuncias sobre la utilización de ciudadanos paraguayos en el padrón electoral —que deben ser probadas y no repetidas como consignas—, los hechos institucionales son suficientemente graves: Treinta y un años de gobierno de una misma persona, una economía profundamente dependiente del Estado, una oposición enfrentada a una estructura de poder asimétrica, una Constitución reformada después de un fallo de la Corte para encontrar una fórmula que permita una candidatura adicional. Y un gobernador que, después de haber sido alcanzado por un límite constitucional, pretende volver a discutirlo. Eso no es una República saludable. Es una monarquía electoral con urnas.
La cuestión que debe resolver la Corte es mucho más importante que la candidatura de Gildo Insfrán. Está en juego si una provincia puede utilizar una reforma constitucional para hacer indirectamente aquello que la Constitución Nacional y la propia Corte ya prohibieron de manera directa.
Si la respuesta fuera afirmativa, cualquier caudillo provincial podría recurrir a una convención constituyente obediente para convertir en letra muerta los límites republicanos. La Constitución Nacional pasaría a ser poco más que una recomendación.
Formosa no puede ser el laboratorio de semejante aberración. Insfrán debería entender que después de 31 años hay algo digno en irse a su casa. Si existen responsabilidades penales concretas por delitos cometidos durante su permanencia en el poder, deberá responder ante la Justicia como cualquier ciudadano. Eso requiere pruebas y sentencias, no editoriales.
Pero hay algo que puede afirmarse sin esperar ninguna sentencia penal: Un gobernador no es dueño de una provincia. Una Constitución no es un mecanismo para perpetuar a un gobernante. Una elección no convierte en republicano aquello que destruye la alternancia.
Formosa no puede seguir siendo presentada como un modelo para la Argentina. La República no consiste en que un hombre consiga ganar siempre. Consiste en que ningún hombre pueda llegar a creer que puede hacerlo para siempre.
