Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
A veces, las diferencias más profundas no se anuncian con revoluciones estruendosas ni con declaraciones grandilocuentes. A veces se esconden en una simple preposición.
Entre los “derechos de” y los “derechos a” media apenas una letra. Pero detrás de esa diferencia terminológica se abre una brecha filosófica inmensa sobre cómo entender la vida, la libertad, la responsabilidad individual y el papel del Estado.
La Constitución argentina de 1853/60, inspirada en la tradición liberal que dio origen a los Estados Unidos y a su Bill of Rights, hablaba sistemáticamente de los “derechos de”. No era una casualidad semántica. Era la expresión de una determinada concepción del hombre y de la sociedad.
Dentro de esa visión, las personas poseen derechos naturales. Tienen derecho de trabajar, de comerciar, de asociarse, de publicar sus ideas, de profesar una religión, de enseñar y aprender. Es decir, tienen la libertad de utilizar esos derechos, o cualquier combinación de ellos, para intentar llevar adelante su propio proyecto de vida.
La Constitución les reconoce el derecho de perseguir sus sueños. Lo que no les promete es que esos sueños necesariamente se harán realidad.
La tradición liberal entiende que cada individuo tiene derecho a buscar la felicidad del modo que considere adecuado, pero no tiene garantizada la obtención de esa felicidad. La ley protege la búsqueda; no asegura el resultado.
Con avances y retrocesos, con aciertos y errores, la Argentina funcionó durante aproximadamente nueve décadas bajo esa concepción.
Pero la llegada del peronismo introdujo una visión diferente. Primero de manera explícita mediante la Constitución de 1949. Luego, aun después de restaurada la Constitución histórica, mediante la reforma de 1957 y la incorporación del artículo 14 bis.
El cambio quedó reflejado en una modificación aparentemente menor del lenguaje constitucional.
La nueva concepción dejó de hablar de los “derechos de” para hablar de los “derechos a”.
Y allí se produjo una transformación filosófica de dimensiones oceánicas.
Porque cuando una persona posee un “derecho de”, entiende que tiene libertad para actuar, pero que el resultado dependerá de múltiples factores: su esfuerzo, sus decisiones, las circunstancias y también la respuesta voluntaria de los demás.
En cambio, cuando una persona cree poseer un “derecho a” determinado resultado, comienza a considerar legítimo reclamar que ese resultado le sea efectivamente provisto.
Ya no se trata del derecho de trabajar. Se trata del derecho a un salario. Ya no se trata del derecho de construir un proyecto familiar. Se trata del derecho a una vivienda. Ya no se trata del derecho de organizar libremente el propio descanso. Se trata del derecho a vacaciones garantizadas.
En el mismo instante en que aparece el “derecho a”, aparece también la necesidad de un proveedor.
Si existe un acreedor, debe existir un deudor.
Si alguien tiene derecho a recibir algo, alguien debe estar obligado a entregarlo.
Y allí es donde el Estado encuentra el espacio perfecto para presentarse como el gran proveedor universal.
El problema es que el Estado no genera riqueza. No fabrica recursos. No crea valor por sí mismo.
Todo lo que distribuye previamente debe extraerlo de quienes lo producen.
Por eso, para satisfacer una cantidad creciente de reclamos basados en los llamados “derechos a”, necesita construir un sistema cada vez más complejo de impuestos, cargas, regulaciones y confiscaciones que terminan castigando precisamente a quienes producen, invierten, innovan y generan empleo.
La consecuencia es conocida: Se desalienta la inversión. Se reduce el incentivo al esfuerzo. Se castiga el mérito. Se frena el crecimiento económico. Y finalmente aparece la escasez.
La paradoja es brutal.
En nombre de garantizar “derecho a” todo, se termina creando una sociedad donde cada vez hay menos de todo.
Lo que comenzó como una promesa de abundancia concluye como una fábrica de frustraciones.
La Argentina lleva décadas atrapada en esa lógica.
Generaciones enteras fueron educadas en la idea de que existe algún tercero responsable de proporcionarles aquello que desean. Que hay un Estado capaz de entregar riqueza sin producirla. Que existen beneficios sin costos. Que puede haber resultados sin esfuerzo.
Pero ninguna sociedad prospera sobre la base de promesas imposibles.
La historia demuestra que los países avanzan cuando protegen la libertad de las personas para perseguir sus objetivos, no cuando prometen garantizarles resultados que dependen inevitablemente del trabajo, el talento, la creatividad y la cooperación voluntaria entre individuos.
Mientras la Argentina no vuelva a la concepción original expresada en la sencilla terminología de los “derechos de”, seguirá atrapada en la ilusión de los “derechos a”.
Y mientras esa ilusión continúe dominando el debate público, el país seguirá entregando su destino a dirigentes que se presentan como proveedores de milagros, endulzando los oídos de la sociedad con promesas tan atractivas como imposibles de cumplir.
Porque la prosperidad no nace de los derechos a recibir.
Nace de la libertad de intentar.
