Cóctel explosivo

A veces uno piensa porque la Argentina ha caído tan bajo en su nivel de vida, en su índice de calidad institucional, en el ranking general de las naciones.

Y siempre salen respuestas que tienen que ver con los caminos que el país ha elegido en los últimos 80 años para dirimir sus problemas y para organizar la vida en sociedad.

Las distintas elecciones que, para resolver disyuntivas, el país adoptó, lo depositaron en el lugar que hoy ocupa. Básicamente el predominio de la concepción fascista del peronismo durante esas largas ocho décadas fueron esmerilando el lustre que el nivel de vida argentino había alcanzado hasta mediados del siglo XX y, bajo la idea de arrastrar a aquellos que ya habían logrado mejorar al nivel de los que estaban peor (en una interpretación resentida y envidiosa del concepto de justicia social que, bien interpretado, debería haber llevado a preguntarse qué había que hacer de allí en más para para lograr que también los segundos alcanzaran el nivel de los primeros, en lugar de arruinar a éstos para que todos se parecieran en una imagen general muy similar a la miseria) estropeó un modelo exitoso que había logrado asombrar al mundo civilizado.


Pero si uno bien se fija en la herramienta que utilizó el peronismo para lograr ese objetivo, no tardará en advertir que fueron los impuestos los que se constituyeron en el arma principal del emparejamiento en la pobreza.

En efecto, la aplicación de una estructura impositiva que alcanza hoy la friolera de 170 tributos que caen sobre las espaldas de los argentinos fue la que produjo el efecto del empobrecimiento y decadencia sostenida del país.

Estos tributos que alcanzaron prácticamente todas las actividades que puede desarrollar la imaginación humana, fueron comiendo el patrimonio de los argentinos en una monumental transferencia de ingresos desde argentinos que producían riqueza hacia una casta política que, sentada en los sillones del Estado bajo la idea de que iba a ser ella la que “redistribuyera” esos recursos entre los que menos tenían, se los robó. Es así de sencillo. El alcance del robo público en la Argentina cobra magnitud cuando se recuerda que el signo monetario perdió trece ceros en cincuenta años y que, seguramente, si quisiéramos llevar las paridades monetarias contra el dólar a términos normales hoy debería perder dos más. La Argentina perdió capital en 50 años por una cifra igual a un 1 seguido de 15 ceros. Ese capital desapareció; fue robado.

¿Qué fue lo que faltó para detener esto? Si uno se pone a ver el cuadro general verá que sobresalen dos carencias: 1.- una actitud social de rebelión contra el robo y, 2.- una justicia que hubiera dado señales de que, si la rebelión social se hubiera producido, la habría respaldado con sus fallos. Veamos…

Un impuesto es una carga sobre un bien.

Yo esa carga la tengo que poder pagar con el giro económico normal de mi actividad profesional.

Si el giro económico normal de mi actividad no me permite pagar el impuesto y para pagarlo tengo vender en todo o en parte el bien, el impuesto deja de ser un impuesto para pasar a ser una quita total o parcial de la propiedad y eso no puede hacerse por la inviolabilidad del artículo 17 de la Constitución.

El impuesto es “al bien” no debería ir a “por el bien”: el impuesto no puede comprometer la integridad total o parcial del bien.

Es más, en el caso de los activos financieros (típicamente ahorros, en cualquiera de sus formas) El impuesto no puede ser una vía para terminar con el bien, porque al terminarse el bien también se terminaría el impuesto y la capacidad estatal de recaudación. Es como si la garrapata terminara con la vida del perro: la garrapata también moriría.

La idea de que el pago del impuesto no puede conllevar la disolución total o parcial del bien, va en el propio beneficio de la actividad recaudatoria del Estado que se vería afectada si el bien desapareciera.

Si el bien fuera un inmueble o, por ejemplo, la propiedad accionaria de una empresa, el pago del impuesto tampoco podría obligar a su venta porque la misma no sería la consecuencia de la libre determinación de la voluntad del propietario sino la consecuencia de la coacción del Estado, también inaplicable por el principio del artículo 19 de la Constitución.

Si de la combinación de estas verdades, la sociedad, por un lado, hubiera decidido accionar contra el Estado por la confiscatoriedad de los impuestos y, por el otro, la Justicia hubiera respaldado esas presentaciones de los particulares, toda la ambición estatal (en realidad de un conjunto de funcionarios ladrones) de avasallar la propiedad ajena y la acumulación privada de capital, habría colapsado.

Si el Estado (en realidad un conjunto de funcionarios ladrones que encontraron en el yeite del “distribucionismo” el camino para su propia salvación) hubiera perdido la batalla contra la sociedad por la aplicación de impuestos confiscatorios del patrimonio, la Argentina nunca hubiera perdido la fortuna de capital que perdió y no habría caído en el derrumbe miserable en el que se debate hoy.

La decadencia argentina y la pobreza estructural de millones de argentinos se explican entonces porque un conjunto de argentinos inescrupulosos encontró en la política la vía para poder alcanzar iguales o mayores fortunas a las que habían conocido los argentinos millonarios de mediados del siglo XX.

Esta lacra social engañó a millones bajo el cuento de sacarle a los que tenían algo (mediante impuestos que, de a poco, les robaron su patrimonio) para entregárselos a ellos. Lo que en realidad ocurrió fue que los funcionarios ladrones se quedaron con todo el botín y solo entregaron limosnas baratas a los pobres, suficientes para engañarlos con regalos y para tenerlos atados de los testículos en las elecciones, pero sin comprometer la parte del león que se llevaban a su propios bolsillos.

La sociedad fue temerosa de atacar este esquema en la Justicia, fundada en los principios constitucionales, y la Justicia no dio muestras suficientes de que la respaldaría si lo hacía (probablemente porque había muchos jueces también prendidos en la mordida).


Esta es la historia técnica de la miseria argentina: un cóctel compuesto por una herramienta ilegítima (los impuestos confiscatorios), una casta de políticos corruptos y ladrones que empuñaron los impuestos para robar, una sociedad mansa que con controvirtió la constitucionalidad de los impuestos en la Justicia, y una Justicia venal o directamente corrupta que no dio señales de que apoyaría esos eventuales reclamos.

El resultado es este, muchachos: por un lado, una casta millonaria que roba sin trabajar el fruto del trabajo esclavo de los argentinos que aún producen algo, por otro, unos argentinos confundidos creídos que el resentimiento hacia el que tiene algo es el mejor camino para ir a sacárselo y que es “el Estado” el que debe cumplir esa tarea para luego entregarles a ellos el fruto del desplume, y por resultado un país sumido en la miseria del pobrismo creyendo que la igualdad miserable es mejor que la opulencia despareja.  

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