Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
El IV Congreso Anticorrupción de la Argentina se desarrolló hoy, organizado por la Asociación Civil Río Paraná. Tuve el honor de integrar el panel de periodistas y de poner en palabras una preocupación que forma parte de mis convicciones desde hace muchos años: la corrupción no es solamente un problema de funcionarios que delinquen. También es un problema cultural, institucional y, sobre todo, moral.
Durante mi intervención intenté ordenar la cuestión alrededor de tres ideas. La primera responde a una pregunta incómoda: ¿por qué la corrupción parece tener en la Argentina —y en buena parte de América Latina— una dimensión tan profunda y persistente?
No existe una única respuesta. Nuestra región arrastra una tradición histórica en la que, durante siglos, la relación entre el poder, los recursos públicos y el interés particular estuvo lejos de los estándares de transparencia que hoy pretendemos exigirle a un Estado moderno. Pero hay una cuestión más cotidiana y, a mi juicio, todavía más importante: en la Argentina desarrollamos durante generaciones una cierta admiración por el “piola”, ese personaje que conoce el atajo, esquiva la regla y logra hacer lo que no corresponde sin que lo descubran.
En el colegio, muchas veces, el chico que transgredía las normas era considerado “canchero”, mientras que quien las cumplía podía ser presentado como un ingenuo o un “tonto”. Parece una cuestión menor, pero no lo es. Detrás de esa inversión de valores hay una idea profunda: que cumplir las reglas no es necesariamente admirable y que violarlas puede ser una demostración de inteligencia.
La legalidad deja de ser una virtud y se convierte en una molestia. La honestidad empieza a confundirse con ingenuidad y el vivo pasa a ser quien logra hacer lo prohibido sin pagar las consecuencias. Lo que comienza como una pequeña transgresión puede terminar, años después, en una relación culturalmente tolerante con la evasión fiscal, el soborno, el fraude, el uso privado de recursos públicos o el abuso de un cargo.
Las sociedades construyen sus valores mucho antes de que esos valores aparezcan en una licitación pública, una oficina ministerial o una caja de seguridad. Cuando una sociedad admira al que viola la norma y desprecia al que la cumple, la corrupción encuentra un terreno fértil.
Mi segundo punto fue más específico. Es necesario distinguir entre la corrupción como fenómeno general y determinadas estructuras que, por sus características, merecen un análisis particular. En ese sentido, sostengo que el fenómeno asociado al kirchnerismo presenta rasgos que lo diferencian de la simple aparición de funcionarios corruptos dentro de un gobierno.
No hablo de una conclusión periodística, sino de una cuestión que debe analizarse a la luz de las investigaciones judiciales, las sentencias y las pruebas producidas en cada expediente. Mi interpretación es que existió un entramado de relaciones, empresas, contratistas, funcionarios y mecanismos de contratación pública que, lejos de constituir hechos completamente independientes, estuvieron vinculados durante los años de gobierno kirchnerista.
En un esquema tradicional, un funcionario puede aprovechar su posición para enriquecerse personalmente. Eso es gravísimo. Pero otra cosa muy distinta sería que el aparato estatal funcionara como parte de un mecanismo sistemático de extracción de recursos públicos. En ese caso, la pregunta ya no es solamente cuánto robó determinado funcionario, sino cómo funcionaba el sistema.
La hipótesis es perturbadora: que el ejercicio del poder pudo haber sido utilizado, en determinados ámbitos, como instrumento para hacer posible un esquema de enriquecimiento. Dicho brutalmente, no sería el robo como consecuencia accidental del gobierno, sino el uso del gobierno como herramienta para apropiarse de recursos públicos. Naturalmente, semejante afirmación debe sostenerse con pruebas y ser examinada caso por caso por la Justicia. No alcanza con una acusación política, pero tampoco corresponde esconder detrás de la palabra “corrupción” la magnitud de lo que está en discusión.
Y aquí llego al tercer punto, quizá el más importante: propongo que empecemos a utilizar otra palabra. Esa palabra es mucho más sencilla: robo.
“Corrupción” es un término instalado jurídica y políticamente, pero tiene un problema semántico: no deja inmediatamente a la vista quién es la víctima. Cuando hablamos de corrupción imaginamos una oficina, un funcionario, una empresa o una coima, pero no necesariamente vemos a quien fue perjudicado.
Cuando decimos “robo”, en cambio, la escena aparece completa. Hay alguien que roba, algo que es robado y alguien a quien se lo roban. Cuando un funcionario utiliza ilegítimamente recursos del Estado para beneficio propio o de terceros, esos recursos eran de alguien: pertenecían al conjunto de los ciudadanos. Eran impuestos y fondos que podían haber financiado una escuela, un hospital, una ruta, una jubilación o una obra de infraestructura.
Por eso debemos recuperar el lenguaje concreto. Cuando alguien se apropia ilegalmente del dinero público, alguien está siendo robado. Y ese alguien somos todos. Muchas veces, quienes se presentan como grandes defensores del “pueblo” terminan utilizando los recursos de ese mismo pueblo para beneficio propio. La víctima termina siendo aquella en cuyo nombre se dice actuar.
La lucha contra la corrupción no se gana solamente con nuevas leyes, organismos de control o sistemas de auditoría. Todo eso es necesario, pero no alcanza. También necesitamos recuperar una idea elemental: cumplir la ley es una virtud. Pagar impuestos no convierte a nadie en un idiota. Respetar las reglas no es ser ingenuo. El funcionario honesto no es un tonto que perdió una oportunidad y el empresario que se niega a pagar una coima no es un fracasado.
El verdadero desafío argentino consiste en volver a hacer que la honestidad sea admirada y que la transgresión de la ley deje de ser motivo de admiración. Una sociedad no puede construir instituciones transparentes si continúa considerando “canchero” a quien consigue burlarlas, ni defender una República si acepta que quienes administran el dinero de todos se comporten como si ese dinero fuera propio.
Tenemos que volver a llamar a las cosas por su nombre. Cuando alguien se apropia ilegalmente de lo que pertenece a todos, quizá haya llegado el momento de dejar de hablar solamente de corrupción.
Digamos, sencillamente, robo.
Porque cuando dejamos de ver al ladrón, también dejamos de ver a la víctima. Y en la Argentina, la víctima tiene un nombre: el ciudadano.
