Bolivia y el futuro de la Argentina

Si quisiéramos tener un adelanto de lo que va a ocurrir en Argentina en materia de populismo, improductividad, miseria, revanchismo y odios, no hace falta más que ver la declaración emitida ayer por el Congreso respecto de la situación en Bolivia y escuchar algunos de los discursos emitidos por los legisladores.

Para no aburrir digamos que todos giraron alrededor de la idea de que, en Bolivia, un conjunto de disparatados le robaron la democracia a un país que había elegido legítimamente a sus autoridades que, a su vez, habían cumplido con todos los extremos constitucionales requeridos para concurrir a las urnas. A este esquema de pensamiento adhiere, naturalmente también, el presidente electo Alberto Fernández.

Nada de todo esto fue así. Más allá de que la “sugerencia” militar a Evo Morales para que deje la presidencia fue una estupidez supina, Evo no era un presidente constitucionalmente legítimo. Eso no autoriza a los militares a sugerirle que se vaya. Pero lo que quiero dejar en claro es que ni el Congreso argentino ni el presidente electo Fernández se expresaron claramente respecto de esas cuestiones legales que fueron el origen de todo lo que ocurrió después.

Recordemos que Morales fue elegido presidente por primera vez bajo la vigencia de otra Constitución. Típico, bajo el argumento de que esa Constitución era el producto del clasismo antiindígena, Morales hizo una Constitución nueva permitiendo, claro está, la reelección por un período.

Cuando terminó su primer periodo (jurado bajo la nueva Constitución impulsada por él mismo) se presentó a la reelección. La mayoría del arco político boliviano lo objetó bajo el obvio argumento de que Morales ya había completado dos períodos que era lo máximo que la Constitución permitía.

A esto el cocalero dijo que el primer período no contaba porque había sido el producto de una elección llevada a cabo bajo la Constitución de otra galaxia. Muy bien, a regañadientes la sociedad se lo aceptó.

Cumplió su segundo período bajo la Constitución santificada por el indigenismo y volvió a presentarse a la reelección. Ya llevaba 13 años en el poder. Obviamente todo el mundo le dijo que esta vez no había argumento para una tercera reelección porque la Constitución que él mismo había promovido, la prohibía.

Entonces dijo que la opinión del pueblo debería estar por encima de la Constitución y convocó a un plebiscito preguntándole a la gente si podía ser candidato. La gente le dijo que no, perdió esa consulta.

Entonces no se conformó y acudió a la Corte Suprema aduciendo que su “derecho humano a ser elegido” (nótese la diferencia entre tener derecho a ser “elegible” y tener derecho a ser “elegido”) estaba siendo conculcado. Obviamente la Corte, amañada a sus deseos, le dio la razón.

A esta altura no recuerdo a ningún legislador argentino -ni a Alberto Fernández, por cierto- emitiendo una declaración pública advirtiendo sobre el manoseo constitucional que Evo Morales estaba haciendo en las instituciones bolivianas.

Muy bien. Con la venia de la Corte, Evo se presentó a elecciones.

Cuando comenzó a avanzar el escrutinio de esa compulsa, el presidente perdía por 10 puntos porcentuales. De repente, misteriosamente, el conteo se suspendió. Sin que nadie supiera por qué estuvo más de doce horas parado. Cuando se reinició era él quien ganaba por diez puntos. En ese tiempo insondable había recuperado 20 puntos porcentuales de los votos.

El fraude fue tan grosero, obsceno y evidente que toda la sociedad boliviana lo denunció. Hasta la OEA lo comprobó y, como mínimo, sugirió que se llevara a cabo una elección de segunda vuelta entre Morales y Meza.

El resto es más conocido. El malestar creció, la gente comenzó a salir a las calles y el presidente dio la orden al personal policial y militar de reprimir las protestas. Estos se negaron.

Las fuerzas de choque paramilitares básicamente de El Alto, que responden a Morales salieron a atacar a los que reclamaban elecciones limpias. Como la policía se negó a reprimir a esta gente, entonces los paramilitares decidieron atacar a la policía y fue ésta la que terminó siendo custodiada por el pueblo honesto que seguía exigiendo la vigencia de la ley y el Derecho.

Es en este contexto en que el General William Keiman, el jefe de las fuerzas armadas, basado, según él, en el artículo 20 inciso “b” de la Ley Orgánica de las FFAA de Bolivia, sale a sugerir la renuncia de Morales.

Ese artículo dice que entre las atribuciones del Alto Mando Militar está la de “analizar situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir, ante quien corresponda, las soluciones apropiadas”.

Keiman dice que su “sugerencia” se basó en esta atribución.

El argumento podrá ser comprable o no. Pero la ocurrencia fue una estupidez. Morales estaba acorralado. Su fraude fue tan evidente y de comisión tan sucesiva, que la comunidad internacional y la propia región no iba a tener otro camino más que pedirle gentilmente que dé un paso al costado. Era el fin de su imperio populista y de lo que muchos consideran una megaempresa personal -en sociedad con el Cartel de Sinaloa- para proveer cocaína de primera calidad a esa mafia mexicana.

Morales vio en la jugada de Keiman una oportunidad. Renunció y volvió -como en el Juego de la Oca- a su punto de partida: el de un dirigente perseguido, víctima; un pobre indígena a quien el poder blanco quiere destruir por el solo hecho de ser un indio. De manual.

Y a esto se tiró en palomita el populismo argento, siempre presto a defender causas emparentadas con las dictaduras y las oligarquías de izquierda. Esta es la silueta del modelo que le espera a la Argentina, que, aunque ya la conoció, se sorprenderá a sí misma al comprobar hasta qué punto puede recargarse. 

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