La decisión de la Corte

Nunca antes la Corte Suprema de Justicia había protagonizado un golpe de Estado institucional. Es la primera vez que el máximo tribunal de la Nación se alza contra el funcionamiento normal del poder judicial interviniendo sin razón alguna en el normal desenvolvimiento de una causa.

La interposición de un recurso extraordinario jamás implicó el pedido por parte de la Corte de los originales completos de los expedientes y la suspensión de un juicio en donde no se había dictado sentencia definitiva. Siempre el otorgamiento del recurso se hace contra el argumento de que un derecho individual ha sido violado por una sentencia de un tribunal inferior. Jamás la Corte interrumpió el curso normal de un proceso para otorgar o no un recurso extraordinario.

La CSJ revisa sentencias, no procedimientos. La Corte debe dejar actuar a los tribunales inferiores dentro de sus facultades y eventualmente expedirse sobre una sentencia definitiva que a juicio de alguna de las partes haya lesionado un derecho constitucional.

No hay dudas que la decisión del máximo tribunal se inscribe en una decisión política que pretende evitar que Cristina Fernández dé cuenta del robo que protagonizó la banda que ella y su esposo dirigieron durante doce años.

Resulta francamente repugnante que un grupo de jueces politizados refugiados en un reducto que debería ser la expresión de la defensa de la máxima garantía de libertad de los argentinos, haya decidido defender a una banda de rufianes.

No caben dudas a esta altura de la grosería a la que estamos asistiendo. La mayoría peronista de la Corte decidió salir a cubrir a quien durante ocho años como mínimo no ocultó sus designios de terminar con ella.

Todos coinciden en señalar a Alberto Fernández como el operador en las sombras que negoció esta barrabasada con los jueces. El mismo hombre que calificó al gobierno de Cristina Fernández como el peor de la historia de la Argentina, ahora, amigado nuevamente con ella, está dirigiendo un operativo subterráneo para que la verdad sobre el robo más espeluznante de que el país haya sido víctima alguna vez, se conozca.

Parece mentira que una justicia que, en la conformación que le conocemos, tiene los días contados (incluidos todos sus integrantes no militantes) si el kirchnerismo llegara a recuperar el gobierno, esté dispuesta a defender a quien lidera la organización criminal que la destruirá una vez que cope el poder.

Porque ese es el verdadero objetivo -confesado ya abiertamente- del kirchnerismo: terminar con la Justicia y con la Constitución para imponer un régimen de partido único al estilo cubano, con militantes partidarios encaramados en todos los lugares decisorios del país (no digo de la República porque la Argentina habrá dejado de serlo para ese entonces)

Qué será de los que no piensan como ellos, solo Dios lo sabe. Sin un poder judicial independiente a quien recurrir cuando los mandobles del rebenque político vengan matando, solo la Providencia sabe qué ocurrirá.

Y esa Corte, que será la primera en ser barrida de un plumazo cuando ese régimen se instale, es la que, con una pusilanimidad que asusta, viene a allanarle el camino a quienes van a destruirla.

El Sr Lorenzetti les debe muchas explicaciones a los argentinos. Cómo es posible que haya comandado una operación para interrumpir el normal funcionamiento de los tribunales es otra más que se suma a la larga lista de demandas que, al menos, parte del país tiene contra él.

Se trata de un personaje siniestro. De un monje negro que la institucionalidad más elemental debió expulsar hacer rato del corazón del sistema.

Lo que estamos presenciando es tan burdo, tan grosero, tan inexplicable que, lamentablemente, nos acerca un paso más a la conclusión de que el país no tiene destino y de que, desafortunadamente, tiene una inclinación por el totalitarismo francamente sorprendente.

Las pulsiones autoritarias nos llevan a que una parte de la sociedad respalde el establecimiento de un régimen militante en donde no haya lugar para las disidencias de los que piensan distinto.

Estos deberán irse o vivir como esclavos el resto de sus días. Obligados a callarse y obedecer, privados de jueces independientes que los defiendan cuando vengan por sus derechos, por sus propiedades y por su derecho a expresarse, no les quedará otra que optar entre el exilio y la esclavitud.

La Corte Suprema de Justicia, que era el órgano máximo de un poder organizado para garantizar que eso, justamente, no suceda nunca, acaba de prestarse a una operación que allana aún más el camino para el regreso de esta secta al poder.

Medio país estaba esperando saber qué pasó con decenas de miles de millones de dólares que estos señores robaron impunemente de los bolsillos de los pobres argentinos. La Corte, en una decisión que no tiene precedente alguno en la Justicia, acaba de impedirlo.

Es necesario que tomemos conciencia de lo que está en juego en el país. Muy probablemente, incluso, los integrantes de este gobierno no tengan las mismas motivaciones que otros millones de argentinos para estar preocupados. Muchos de ellos no tendrán inconvenientes en tomar sus pertenencias e irse a otro lugar cuando la dictadura se instale. ¿Pero qué ocurrirá con los argentinos que no tengan esas facilidades? ¿Con aquellos que quedarán presos aquí, presos del yugo, la opresión y la militancia?

Esas son las preguntas que esos argentinos deben responderse. Cuando todo pase solo quedarán ellos, sin defensa alguna frente al tsunami totalitario.