Natalia Schneider, The Post, Economía
Buenos Aires, Ene 13, 2026.- En las ultimas horas han comenzado a correr rumores sobre un eventual retiro de la agenda legislativa del gobierno de este año del proyecto de reforma impositiva.
Si fuera cierto que el gobierno de Javier Milei decidió no impulsar una reforma impositiva integral este año, no estaríamos frente a una mera postergación técnica, sino ante una definición política de fondo y frente a un símbolo pesado para un gobierno que le da importancia a ese tipo de gestos. Se trataría de un cambio que marcaría un límite claro —y temprano— al alcance real del cambio prometido.
La versión que circula en ámbitos políticos y económicos apunta a dos razones principales: la falta de margen fiscal y la resistencia de los gobernadores. Ambas son plausibles. También son estructurales. Y, precisamente por eso, eran parte del problema que el propio oficialismo decía venir a resolver. Si esas dificultades bastan para sacar la reforma impositiva de la agenda, entonces el diagnóstico de campaña fue más audaz que la voluntad de gobierno.
Durante meses, la reforma tributaria fue presentada como una de las columnas del nuevo modelo: simplificar un sistema caótico, reducir la presión sobre el sector formal y terminar con la superposición de impuestos que desalienta la producción. Si ahora quedara en suspenso indefinido, la señal sería inequívoca: el esquema impositivo vigente —ampliamente señalado como regresivo y distorsivo— seguiría siendo la base sobre la cual se pretende construir crecimiento.
El mensaje al sector privado, en ese escenario, sería contradictorio. Se reclama inversión, empleo y competitividad mientras se mantiene intacto uno de los sistemas impositivos más complejos y onerosos del mundo. El equilibrio fiscal puede ordenar la macro, pero no reemplaza una reforma que modifique incentivos. Sin cambios tributarios, la economía formal continúa operando en desventaja frente a la informalidad y la evasión.
También habría una lectura política inevitable. Un gobierno que se definió por enfrentar a “la casta” optaría por no confrontar uno de los pilares que la sostiene: la estructura fiscal que garantiza poder territorial, discrecionalidad y recaudación opaca. No sería un pacto explícito, pero sí una omisión significativa. En política, las omisiones suelen ser más elocuentes que los discursos.
Si este escenario se confirmara, el riesgo sería que el proyecto derive de transformador a defensivo. Ajustar el gasto, estabilizar variables y evitar crisis es relevante, pero insuficiente si no se altera la lógica que desalienta producir e invertir en Argentina. Se gestionaría la emergencia, pero se postergaría el futuro.
La reforma impositiva era, quizás, la prueba más exigente del cambio estructural prometido. Si quedara fuera de juego, no por imposibilidad técnica sino por decisión política, el interrogante dejaría de ser cuándo llegará la reforma. Pasaría a ser otro: hasta dónde está dispuesto el Gobierno a llegar cuando el cambio exige confrontar intereses reales.
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