Uno de los pilares que sostienen los grupos de tareas del kirchnerismo para dominar a la sociedad está vinculado con hacer desvanecer el sentido de la autoridad, de la fuerza de la ley y de la acción de las instituciones vinculadas a la seguridad.
El ala del gobierno que responde a Cristina Fernández se propone horadar esos conceptos y volver a instalar en el centro de la escena la idea de que toda fuerza de seguridad es represiva y que, como tal, su accionar debe presumirse ilícito.
Uno de los pilares que sostienen los grupos de tareas del kirchnerismo para dominar a la sociedad está vinculado con hacer desvanecer el sentido de la autoridad, de la fuerza de la ley y de la acción de las instituciones vinculadas a la seguridad.
La ministra Frederic es un ariete de avanzada en esa dirección. Su misión consiste en desarmar toda la estructura construida por Patricia Bullrich y en trasmitir una concepción de culpa a todos los mandos de las fuerzas de seguridad.
Como contrapartida también se disponen a colocar al delincuente en el papel de víctima de una sociedad injusta que lo castiga y lo margina, frente a lo cual a él no le queda otro camino que salir a delinquir. Toda esa concepción engarzaría con la idea de que, en realidad, cuando se produce un delito en realidad está actuando una especie de “justicia de hecho” que reivindica la situación del marginado sobre su victimaria, la sociedad.
Es la tesis central, por ejemplo, que anima el prólogo al libro del delincuente uruguayo Luis Vitette Sellanes, escrito por Víctor Hugo Morales en el que el relator de fútbol oriental sostiene que aguantarse las consecuencias de un robo es la “pequeña” incomodidad que debe soportar el burgués por explotar a los demás mediante el capitalismo. Seria, dice, como pagar un impuesto por su crimen.
Se crea o no, esta es la concepción que anida en el pensamiento kirchenrista, iluminado, en todas estas materias, por el conocido propietario de prostíbulos céntricos, Eugenio Zaffaroni.
También está en marcha un proceso de asociación con el narcotráfico para aprovechar las enormes acarraladas de dinero negro que produce esa actividad y que, en la tajada que les corresponda a sus socios políticos, irá para financiar campañas, persecuciones a los opositores, tareas de espionaje y otras actividades turbias que no podrían sostenerse con dinero lícito.
Para llevar adelante estos objetivos es primordial lograr la desmoralización de las fuerzas, por la vía de señalarlas, acusarlas y, fundamentalmente, dejar de defenderlas frente al delito y los delincuentes.
Durante la gestión de Bullrich todos los indicadores de inseguridad cayeron y los de seguridad mejoraron. Antes de 2015, la inseguridad figuraba primera entre las preocupaciones de los argentinos. A partir de allí cayó dramáticamente. Eso se debió a una acción conjunta entre las fuerzas de seguridad, la concepción que nacía de las convicciones del presidente y de su ministra y de una manera de trasmitirle a la sociedad qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal.
Precisamente ese núcleo ordenador es el que se quiere destruir por la vía de corroer uno de los principales principios organizadores de la vida en sociedad.
En ese marco no es menor el regreso a la función pública de Aníbal Fernández, uno de los principales involucrados en el triple crimen de Gral Rodriguez y en el inexplicable aumento del ingreso de efedrina en el país durante el gobierno de Cristina Fernández, en el que él se desempeñó como ministro del interior y jefe de gabinete.
No importa que en la apariencia Fernández vaya a un cargo secundario en los Yacimientos de carbón de Río Turbio. Lo importante es la señal que se envía a la sociedad y a todos los que tienen que ver con el tráfico de drogas, sean estos investigadores, fiscales o narcotraficantes.
El abanico de herramientas que Cristina Fernández espera desplegar para cimentar su poder es muy amplio. Comprende cuestiones que tienen que ver con la economía, las relaciones internacionales, la justicia, el espionaje, las drogas, la seguridad, la ley, la educación pública y la superior. Todo ese accionar tiene como objetivo fundamental aflojar la resistencia social al avance del totalitarismo. Pretende desmoralizar, ablandar, apichonar y poner en retirada a todo lo que pueda mostrarse como un obstáculo al avance de la restauración de su poder.
La multiprocesada vicepresidente no se detendrá siquiera frente a la figura del presidente. A él también lo tiene en su mira en la medida en que no se comporte como funcional a su plan.
Sé que muchos pensarán que exagero. Pues no. Al contrario es posible que este fallando en el diagnóstico por quedarme corto, pero no por exagerar.
Fernández tiene en su mente un diseño medieval del poder en donde todo dependa de su humor. Se divierte con eso. Es su único goce. Toda su libido esta puesta en eso. No la preocupa otra cosa que no sea la venganza y el reinado de su voluntad.
El desmoronamiento social por la desmoralización que significa sentirse inseguro es solo una de sus herramientas. Tiene muchas más. Pero quien desatienda o subestime esa nunca tendrá la real dimensión de las asechanzas a las que el país se enfrenta.
