Natalia Schneider, The Post, Política

Buenos Aires, Ene 6, 2026.- El calor político del verano no vendrá del termómetro sino de una mesa de negociación cargada de tensión. El Gobierno se prepara para atravesar semanas ásperas mientras intenta empujar en el Congreso la ley de modernización laboral, una iniciativa que, lejos de limitarse a cambios en las relaciones de trabajo, reabre un viejo conflicto federal: quién paga el costo fiscal de la reforma. En el centro de esa pulseada aparece el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de contener a unos gobernadores que ya hicieron sonar la alarma.

El foco del malestar está puesto en el capítulo impositivo del proyecto, especialmente en los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias, uno de los pilares de la coparticipación federal. Las provincias advierten que, bajo la promesa de estimular inversiones y mejorar la rentabilidad empresaria, se esconde un recorte significativo de los recursos que reciben de manera automática.

Según estimaciones de centros de estudio especializados en finanzas públicas, el impacto fiscal inicial de las modificaciones en Ganancias rondaría el 0,22% del PBI, una cifra que en valores actuales equivale a cerca de $1,9 billones anuales. De ese total, algo menos de la mitad quedaría a cargo del Tesoro nacional, mientras que el resto recaería directamente sobre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Traducido a la práctica: menos fondos en las arcas provinciales para salarios, obra pública y servicios esenciales.

El reparto de esa pérdida, además, dista de ser equitativo. Los distritos con mayor peso económico serían los más golpeados. Buenos Aires encabezaría el ranking de resignación de recursos, seguida por Santa Fe y Córdoba, aunque también aparecerían con números relevantes Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. Para muchos gobernadores, el problema no es sólo la magnitud del ajuste, sino el momento: la actividad económica sigue mostrando señales de debilidad y la recaudación propia no alcanza para compensar el faltante.

El argumento oficial es conocido: reducir la carga tributaria sobre las empresas, en especial sobre las sociedades de mayor tamaño, permitiría mejorar la competitividad, atraer inversiones y generar empleo formal. Sin embargo, los críticos del proyecto remarcan que el beneficio está concentrado en un grupo muy reducido. De hecho, el tramo más alto del impuesto, que explica más de tres cuartas partes de la recaudación, alcanza a menos de dos mil empresas en todo el país, apenas el 1% del total de sociedades registradas.

A esa discusión se suma otro frente sensible: las transferencias automáticas a las provincias. Si bien en términos reales mostraron una leve recuperación el último año, los niveles siguen por debajo de los registros previos a 2018. Además, los gobernadores señalan que la mejora promedio estuvo inflada por compensaciones derivadas de acuerdos fiscales previos, distribuidas con un criterio político que favoreció a los distritos más alineados con la Casa Rosada. Las provincias con vínculos más tirantes, en cambio, quedaron relegadas en el reparto.

Ese manejo desigual de los fondos alimenta la desconfianza. Para varios mandatarios, el mensaje es claro: diálogo y acompañamiento legislativo a cambio de oxígeno financiero; resistencia, a cambio de ajuste. La estrategia le permitió al oficialismo avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026, pero no está claro que alcance para destrabar una ley que, tal como está redactada, recorta ingresos a todos los distritos sin excepción.

Desde la oposición, algunas voces van más allá y califican la iniciativa como una reforma tributaria encubierta. Señalan que la baja de alícuotas en Ganancias para las sociedades más grandes implica un costo fiscal que supera los dos mil millones de dólares anuales, mientras que otros artículos del proyecto eliminan impuestos internos sobre bienes y servicios asociados a los sectores de mayores ingresos, como vehículos de alta gama, embarcaciones recreativas o ciertos servicios financieros y de telecomunicaciones. Esos tributos, recuerdan, se coparticipan desde hace décadas y representan una fuente clave de financiamiento subnacional.

La crítica se vuelve más áspera cuando se contrasta este alivio impositivo con la negativa del Ejecutivo a implementar leyes de financiamiento para áreas sensibles como universidades públicas o políticas de asistencia a personas con discapacidad. Para los detractores del proyecto, la señal política es contradictoria y socialmente regresiva.

En este contexto, Santilli y la conducción del bloque oficialista en el Senado saben que el camino legislativo será empinado. Tras haber logrado dictamen, las conversaciones con gobernadores y senadores se retomarán en las próximas semanas, con la mira puesta en llevar el debate al recinto hacia mediados de febrero. Todos descuentan que habrá cambios. La incógnita es si el núcleo duro del capítulo tributario —impulsado desde el área económica— resistirá intacto o si el Gobierno deberá ceder para evitar que la modernización laboral naufrague en un conflicto federal de proporciones.

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