por Nora Gámez Torres para El Nuevo Herald

El exilio forzado a España de Edmundo González, el candidato de la oposición que ganó las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, ha planteado nuevas preguntas sobre cómo ha manejado la administración de Joe Biden una de las peores crisis políticas del hemisferio occidental y las limitadas herramientas de política exterior de que disponen Estados Unidos y sus socios internacionales para contrarrestar a los gobiernos autoritarios.

González partió a España el pasado domingo, después de que funcionarios leales a Nicolás Maduro, el gobernante que fue declarado ganador de las elecciones por el consejo electoral sin pruebas, ordenaran su arresto. Su salida disminuye las esperanzas de una transición democrática en el país. Liderada por la líder conservadora María Corina Machado, la oposición le propinó la derrota más significativa al chavismo en las elecciones del 28 de julio, en las que González ganó por una mayoría aplastante, según las actas de más del 80 por ciento de las máquinas de votación que la oposición publicó en línea y que fueron verificados por el Centro Carter.

Los funcionarios estadounidenses se han atribuido el mérito de que las elecciones se celebraran, tras negociaciones secretas con Maduro. Sin embargo, persisten las dudas sobre cuán bien preparados estaban para un escenario, advertido por muchos, en el que el gobernante venezolano robara las elecciones. “Tenemos una elección, pero ¿es ese el final?”, preguntó Eric Farnsworth, vicepresidente de Americas Society y el Council of the Americas en Washington. “La oposición ha hecho todo lo posible y se encuentra expuesta a la represión y a un gobierno radicalizado, pero Estados Unidos ni siquiera reconoce a González como presidente electo”.

Farnsworth dijo que estaba “decepcionado” de que la administración no tuviera “un menú completo de opciones” listas para ser implementadas a partir de las elecciones del 28 de julio hasta que González fuera juramentado en enero. “Es un acto básico del arte de gobernar”, agregó. Si bien la Casa Blanca y el Departamento de Estado han dicho que González “ganó la mayoría de los votos” y han hablado de su “victoria electoral”, Estados Unidos no lo ha reconocido como presidente electo, lo que algunos creen que podría haberle otorgado protección adicional y haberle permitido permanecer en el país por más tiempo. “Estamos atrasados con respecto a otros países de la región en llamarlo presidente electo”, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas y jefe de la Iniciativa Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Sabíamos que iban a intentar exiliarlo por la fuerza. No estaba garantizado, pero tal vez hubiera hecho que el régimen pensara dos veces antes de exiliar a alguien llamado presidente electo”.

Dos altos funcionarios de la administración no respondieron preguntas sobre por qué el gobierno de Estados Unidos no ha reconocido a González como presidente electo durante una llamada con periodistas el jueves. Asimismo, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional tampoco explicó el por qué cuando el Miami Herald preguntó, pero dijo que el hecho de que tuviera que abandonar Venezuela fue resultado de la represión ordenada por Maduro después de las elecciones. “No olvidemos que González Urrutia se fue de Venezuela debido a las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro desató contra el pueblo venezolano (casi 2000 personas han sido detenidas arbitrariamente) y su persecución política indiscriminada de la oposición de Maduro, incluidos González Urrutia y otros líderes”, dijo Sean Savett. “Aunque Estados Unidos y la comunidad internacional han estado utilizando diversas herramientas y canales diplomáticos para tratar de convencer a Maduro de que acepte los resultados del 28 de julio, la responsabilidad siempre ha estado en Maduro y sus representantes de decir la verdad sobre las elecciones y permitir que la gente ejerza pacíficamente sus libertades”, agregó. “Esto es únicamente responsabilidad de Maduro”.

Los expertos advirtieron a la administración precisamente sobre este escenario. En un artículo en la revista Foreign Policy la semana pasada, el ex embajador de Estados Unidos P. Michael McKinley había instado a la administración a reconocer a González como tal “antes de que sea demasiado tarde” en medio de una situación que se deteriora rápidamente. Machado, la líder de la oposición venezolana que ha permanecido escondida en el país a pesar de las amenazas de arresto, también ha pedido a la administración que haga más e instó a los gobiernos a reconocer a González como presidente electo.

Pero la administración parece haber quedado atrapada en el temor de que al hacerlo se pudiera desatar más represión contra los líderes de la oposición, romper la coalición internacional construida en torno al tema y terminar en una situación similar a la presidencia interina de corta duración liderada por Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional que asumió el papel para desafiar a Maduro en 2017, pero tuvo que huir del país el año pasado.

A diferencia de Guaidó, que no fue elegido pero invocó la constitución venezolana para ocupar la presidencia, González fue votado por una gran mayoría de la población venezolana. “No se puede llevar adelante una política como esa si un dictador básicamente puede mantenerte como rehén”, dijo Berg.

MÁS SANCIONES A FUNCIONARIOS VENEZOLANOS

Algunos expertos en política exterior han expresado su frustración, en conversaciones públicas y privadas, de que la administración no ha sido más rápida en enviar un mensaje más contundente a Maduro, recortando los ingresos petroleros y pidiendo cuentas a los funcionarios que lo ayudaron a aferrarse al poder. También quieren que la administración envíe una advertencia clara sobre las consecuencias si arrestan a Machado. El jueves, el Departamento del Tesoro sancionó a 16 funcionarios venezolanos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Venezuela que ayudaron a Maduro a robar las elecciones. La lista se redujo significativamente de las 60 personas reportadas que se consideraron para las sanciones.

Según el Departamento de Estado, un número desconocido de funcionarios venezolanos también fueron afectados por restricciones de visa. Pero meses antes de una elección presidencial reñida en noviembre, los funcionarios de Biden aún no han revocado las autorizaciones especiales (llamadas licencias) emitidas a la empresa estadounidense Chevron y otras empresas extranjeras para extraer petróleo de Venezuela.

En abril, la administración volvió a imponer sanciones a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que se habían levantado como parte de un acuerdo secreto alcanzado con Maduro en Qatar el año pasado. Aún así, las licencias a empresas individuales han permitido a PDVSA aumentar la producción de petróleo a su nivel más alto en los últimos cuatro años, según las cifras de agosto informadas por Reuters. En la llamada con los periodistas, los funcionarios declinaron decir si la administración estaba considerando revocar dichas licencias.

El acuerdo de Qatar allanó el camino para el acuerdo de Barbados entre Maduro y la oposición venezolana, en el que acordó celebrar lo que parecían, al menos en el papel, elecciones libres y justas. En el proceso, Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones contra PDVSA y el Banco Central de Venezuela, permitió que Chevron y otras empresas internacionales extrajeran petróleo de Venezuela y devolvió a Venezuela a dos sobrinos de la esposa de Maduro encarcelados por narcotráfico, así como a su testaferro, Alex Saab, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, entre otros incentivos.

Los críticos de la política del presidente Biden sobre Venezuela, incluidos varios republicanos de Florida, han cuestionado la eficacia de dicha estrategia y han pedido más sanciones. Y los miembros del Partido Demócrata en el Congreso parecen estar de acuerdo. Esta semana, el senador demócrata Dick Durbin presentó un proyecto de ley que pone fin a todo el comercio de petróleo entre Estados Unidos y Venezuela hasta que “se respeten los resultados legítimos de las elecciones del 28 de julio de 2024”, dice el proyecto de ley. “El régimen se aferra al poder utilizando los ingresos del petróleo que dependen de la participación de Estados Unidos. Según mi proyecto de ley, eso terminará, y también lo hará la fortaleza financiera de Maduro. Es realmente así de simple”, dijo Durbin. Pero algunos observadores señalan que Maduro ya ha sobrevivido a las sanciones antes, bajo la campaña de máxima presión impuesta por la administración de Donald Trump, con la ayuda de aliados como Rusia, China y Turquía.

Y que, salvo la acción militar, que ninguna administración ha querido llevar a cabo en la región durante varias décadas, el enfoque del palo y la zanahoria de Estados Unidos tiene límites. Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas en Amherst College y experto en autoritarismo, ve similitudes entre lo que está sucediendo en Venezuela y el uso del terror por parte de Fidel Castro para consolidar el poder y eliminar a la oposición en Cuba en los primeros años de la revolución, todo ello mientras promovía activamente un éxodo masivo. A medida que disminuyen las posibilidades de democratización, dijo, Estados Unidos debería seguir una “estrategia inteligente”, tratando de explotar las grietas en el chavismo y seguir siendo un socio fuerte de las fuerzas de oposición, asegurándose de que sobrevivan.

En última instancia, la crisis venezolana pone de manifiesto el desafío de derrocar a un régimen acusado de encarcelar y torturar a los opositores para permanecer en el poder. “Se podría argumentar que todo se ha intentado con Venezuela”, dijo Corrales. “Cuando los gobiernos deciden que van a radicalizarse de esta manera, ya han descontado las posibles consecuencias de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos, por lo que están preparados para absorber el costo de lo que pueda venir”.