Por Nora Games Torres para El Nuevo Herald

Un periodista independiente cubano que informó por primera vez sobre una protesta contra el gobierno fue enviado a prisión y otros han sido presionados para que abandonen su trabajo periodístico, al entrar en vigor este viernes una nueva ley de comunicación social que prohíbe los medios de comunicación independientes en Cuba. Yeris Curbelo Aguilera, quien informó sobre una protesta en Caimanera, un pueblo cercano a la base naval estadounidense en Guantánamo, para el medio independiente Palenque Visión en mayo del año pasado, fue sentenciado a dos años de prisión el 24 de septiembre.

En un video publicado antes del juicio, Curbelo Aguilera dijo que fue agredido por tres hombres que se cree trabajan para la seguridad del estado cubano el Día de los Padres.

Dos de ellos agredieron a su hijo meses antes, en abril. Pero él era quien enfrentaba cargos de agresión en un caso falso para castigarlo por su activismo político y trabajo periodístico, dijo. “Cómo es posible que me ahora me quieran enjuiciar por delitos de lesiones leves, cuando realmente quienes tienen que ser enjuiciados, quienes deben ser sancionados, son estos represores que agredieron brutalmente a mi hijo y a mí”, dijo. “Es injusto como la tiranía cubana busca la manera de ensañarse contra quienes pacíficamente luchamos por una transición libre y democrática en nuestra sufrida isla de Cuba”.

Un tribunal cubano desestimó el miércoles una apelación de cinco cubanos que protestaron en Caimanera y ratificó sentencias que oscilan entre dos y ocho años de prisión por cargos de “instigación a delinquir”, “desorden público” y “atentado”. Los reportajes en video de Curbelo Aguilera documentaron la protesta y la represión que siguió. Desde las manifestaciones en toda la isla en julio de 2021, las autoridades cubanas han encarcelado a cientos de personas que han participado en protestas antigubernamentales y han procesado a quienes han denunciado o compartido videos de los hechos en redes sociales.

En abril, las autoridades cubanas condenaron a una joven madre, Mayelín Rodríguez Prado, por participar y compartir videos de una protesta en Nuevitas, un pueblo de la provincia central de Camagüey, en Facebook. Varias leyes y decretos nuevos castigan compartir críticas al gobierno, al comunismo o a los líderes cubanos en línea o en un medio de comunicación.

A partir del viernes, todos los medios de comunicación del país también deben buscar la aprobación formal del gobierno para seguir trabajando, según la nueva ley de Comunicación Social. Actualmente, los medios de comunicación extranjeros ya lo hacen. Sin embargo, los medios de comunicación independientes han estado operando en una zona gris porque no había una legislación escrita que los prohibiera, aunque sus periodistas han sido acosados, arrestados o forzados a exiliarse con frecuencia.

La nueva ley de Comunicación Social tardó varios años en elaborarse y había sido aprobada por la Asamblea Nacional desde mayo del año pasado, pero recién se hizo oficial en junio cuando se publicó en el Boletín Oficial. La legislación es un paquete mixto que incluye demandas de larga data de los periodistas estatales cubanos, como la autorización para vender publicidad y algunas disposiciones para obtener información limitada de funcionarios del gobierno, junto con restricciones más estrictas que efectivamente hacen ilegal trabajar para un medio de comunicación no autorizado o que reciba fondos de fuentes que quieren “subvertir el orden constitucional establecido en el país”.

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Varios medios de comunicación independientes, algunos con sede en Miami, como Cubanet y El Toque, han denunciado nuevas presiones de la seguridad del estado cubano sobre sus escritores en la isla para que dejen de trabajar para esos medios. En un editorial del jueves, Cubanet dijo que varios de sus periodistas en la isla fueron amenazados con largas sentencias de prisión o con repercusiones para sus familiares. En el editorial, Cubanet dijo que los funcionarios de seguridad del estado confiscaron pertenencias personales de los periodistas y los filmaron bajo coerción.

En su relato del encuentro con tres agentes de seguridad del Estado la semana pasada, la periodista María Lucía Expósito dijo que la acusaron de ser mercenaria por colaborar con El Toque y otros medios independientes. Dijo que la obligaron a entregar el dinero que le habían pagado para asistir a un taller de capacitación para periodistas.

Señaló que los agentes parecían bien alimentados y vestidos, que se desplazaban en una motocicleta con teléfonos pagados por el gobierno y que “entrevistaban” a los periodistas acusados en casas con aire acondicionado donde había comida. “¿Por qué existe una planta generadora activa en las casas de visita para los miembros de la seguridad del estado cuando se va la luz, y no así para las escuelas primarias, como las que he visitado para cursos voluntarios de fotografía?”, preguntó en una publicación en Facebook en la que cuestionaba el doble rasero del gobierno acerca de la financiación de los medios independiente. “¿Por qué es necesario un aire acondicionado…para una entrevista y no hay aires acondicionados con buen funcionamiento en muchos hospitales, como en el que trabaja mi hermana en Pinar del Río?”

La seguridad del Estado ha puesto en la mira incluso a los medios de comunicación que no publican historias políticas o informan sobre los derechos humanos. Hace dos semanas, la revista A.M.P.M. anunció “una pausa indefinida en sus actividades” tras más de seis años de informar sobre la escena musical cubana debido “a la creciente presión y acoso” contra Rafa Escalona, director de la revista, “por parte de los órganos de contrainteligencia cubanos, que entre otras consecuencias, nos deja sin la posibilidad de aplicar a fondos para realizar nuestro trabajo y pone en peligro la integridad de nuestro proyecto y del equipo involucrado.” Según su sitio web, la revista había recibido apoyo de la embajada de Noruega en Cuba y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“El gobierno cubano sigue siendo nada menos que draconiano en sus esfuerzos por aplastar la información independiente en la isla”, dijo Katherine Jacobsen, coordinadora de programas del Comité para la Protección de los Periodistas en Washington. “Las autoridades cubanas deben liberar al periodista Yeris Curbelo Aguilera y deben dejar de acosar a Rafa Escalona”.