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Una manera republicana de reformar la Corte

A esta altura me imagino que no queda ninguna duda respecto de que este es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner  y de que, como tal, sólo está empeñado en lograr la impunidad de quien está acusada -con abundantísima prueba en su contra- de múltiples crímenes en contra de la república y del pueblo argentino.


Una de las pruebas más concluyentes de que ese es el único objetivo del gobierno es que, en medio del marasmo económico y social al que la propia impericia y corrupción del peronismo ha condenado al país, lo único que realmente le importa es manipular la justicia para obtener fallos favorables. Esto se ve todos los días. Es autoevidente.

Esa estrategia comprende todos los estamentos del poder judicial federal, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura. A la primera porque en ella terminarán, tarde o temprano, todos los casos de defraudaciones en que la vicepresidenta está acusada y al segundo porque allí se cuecen las habas del nombramiento y remoción de los jueces.

La Corte parece haberse cansado de la imparable egolatría de Kirchner y en los últimos meses dio señales de que está dispuesta a poner las cosas en su lugar. Sí, sí, porque encima de haberle robado fortunas a todos los argentinos (a los que tienen mucho y, especialmente, a los que no tienen nada) Kirchner tiene unas insoportables ínfulas de prócer.

En esa lógica, la Corte dictó la inconstitucionalidad de la ley que Kirchner había moldeado cuando era senadora y su marido presidente -en 2006- para quedarse con el dominio del Consejo de la Magistratura y mandó a que ese organismo vuelva a integrarse con lo dispuesto por la ley original de 1997 que conservaba mejor el equilibrio que la Constitución pide tengan los distintos estamentos que lo integran.

Pero Kirchner no se resignó. Con todos los plazos vencidos para que el Congreso designara los representantes por la Cámara de Senadores y la de Diputados, la vicepresidente, en una maniobra a todas luces ilegal, dividió el bloque oficial en el Senado y designó a un esbirro suyo (que encima no cumple los requisitos para ser Consejero -8 años de ejercicio de la profesión, cuando Martin Doñate, el elegido por Kirchner, se recibió en 2015-) para completar la representación de la Cámara en el Consejo.

Como mayoría, el peronismo ya tenía un representante en el CM -Mariano Recalde- por lo tanto, claramente, el segundo representante le correspondía a un miembro de la primera minoría (en este caso el PRO, que había propuesto a Luis Juez). Para robar ese lugar Kirchner armó la referida maniobra.

Solo como un detalle grotesco digamos que luego de esa división amañada del bloque de senadores peronistas, Mariano Recalde y Martín Doñate habían quedado en el nuevo bloque inventado por la vicepresidente llamado “Unidad Ciudadana”, con lo cual “Unidad Ciudadana” pasaba a tener dos representantes en el Consejo. A esa obscenidad, Kirchner respondió con otra: cambió la inclusión de Recalde en los bloques, lo sacó de Unidad Ciudadana y lo mandó al “nuevo” bloque del “peronismo”. Todo esto, naturalmente, a la vista de todos y sin que nadie armara un escándalo, como semejante tomadura de pelo merecía. Delicias de la Argentina peronista.

Pero la avanzada de Kirchner no se detiene. Mientras públicamente salió a decir que ella no avala una modificación de la Corte, mandó a sus soldados a presentar diversos proyectos para ampliar su número, uno de los cuales pretende elevarlo nada menos que a 16 jueces. Todo, obviamente, con el objetivo de mejorar la prestación del “servicio” de justicia y garantizar la independencia del poder judicial de los poderes “fácticos”.

Antes de una recomendación para los que escuchan estas mentiras, dos comentarios respecto de estas cantinelas repetidas que, por eso mismo, terminan penetrando las capas profundas del subconsciente social.

En primer lugar la Justicia NO ES UN “servicio” en la organización constitucional argentina: La Justicia es un PODER. Un poder igual al ejecutivo y el legislativo en términos de la división de la República y aún más preponderante que los otros dos en materia de garantía de las libertades públicas y los derechos civiles. Esto es así porque es el Poder Judicial el único con capacidad de voltear las leyes que dictan los otros dos (por la vía de su sanción -el legislativo- y de su concepción y promulgación -el ejecutivo-) cuando esas leyes sean incompatibles con la Constitución. Porque, aclaramos, es la Constitución la que está por encima de todo, incluso por encima de lo que la gente vota.

En segundo lugar, los “poderes fácticos” no existen. Ese es un verso de los déspotas estatales para hacerle creer a la gente que ellos son unos pobrecitos que no tienen ningún poder y que, con el poco que tienen, tratan de enfrentarse a los “poderosos” en defensa del pueblo. Un verso total. Aquí el único poderoso es el Estado. Es el Estado el que maneja la ley, el que la sanciona y la aplica; es el Estado el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, el que maneja la policía, el que te puede meter preso; es el Estado el que maneja información privilegiada con agencias que pueden perseguirte y hacerte la vida imposible; es el Estado el que te saca el dinero de tu bolsillo sin pagar las consecuencia que un país normal pagarían los ladrones porque a su exacción las llama “impuestos”; es el Estado el que cubre a sus funcionarios con privilegios que el pueblo no ve ni en fotos. Así que, por favor, terminemos con el relato de los “poderes fácticos”.


La recomendación final para los que de verdad crean que una modificación del número de jueces de la CSJ puede ser beneficiosa para su funcionamiento e independencia (aunque todas las pruebas técnicas demuestran lo contrario) es que el partido que presente el proyecto no puede ser el que llene las vacantes inmediatas. Un proyecto sincero y bienintencionado debería contemplar que las vacantes creadas por la nueva integración deberán ser llenadas gradualmente por la sucesión de distintos presidentes que representen distintos partidos. Solo así se podrá creer que la iniciativa no encubre una estrategia para ganar el control político de los votos de la Corte.

Obviamente tengo más que claro que ese y no otro es el objetivo del peronismo. Solo aporto esta sugerencia técnica para aquellas almas bellas que, aunque sea teóricamente, aún crean que se pueden pensar maneras democráticas de intentar mejorar la independencia del Poder Judicial, si es que ese es el verdadero motivo de su preocupación.

Por Carlos Mira
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