Un acuerdo eficiente

Este artículo está basado en la investigación: “El Pacto Kirchner – Verbitzky” que publicó la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.

Al poco tiempo de instalarse como presidente, luego de que Carlos Menem no se presentara a la segunda vuelta electoral de 2003, Néstor Kirchner le pidió a uno de sus amigos, Artemio López, titular de la Consultora Equis, que llamara para una reunión a Horacio Verbitzky, el vitalicio titular del CELS.

Con el apoyo de donantes internacionales, Verbitzky había dejado atrás el pasado romántico de la organización que fundaron los abogados Emilio Mignone y Augusto Conte Mac Donnel, y la había transformado en una eficaz máquina de hacer dinero que había cuadruplicado su presupuesto en dólares y había iniciado una profunda actividad para imponer una agenda que instalara una historia diferente a la ocurrida en la realidad sobre los hechos de los ’70 en la Argentina.

Kirchner estaba interesado en saber más sobre la materia. Años después confesaría abiertamente que “la izquierda te da fueros”, pero en aquellos primeros meses ya intuía que una alianza con esos sectores podría ser muy beneficiosa para ambos.


El ex gobernador de Santa Cruz había llegado al poder con la clara intención de enriquecerse y fundar una dinastía de gobierno que favoreciera a su familia y le permitiera tener acceso a las enormes fortunas que manejan los presupuestos públicos.

No en vano 12 días antes de asumir la presidencia mandó a uno de sus testaferros, Lázaro Báez, a constituir una empresa que luego estuviera en condiciones de ser proveedor de obra pública del Estado, Austral Construcciones.

Pero el presidente sabía que necesitaba construir una red de seguridad mediática que lo protegiera contra las acusaciones de corrupción y que los pusieran a salvo, a él y a su familia, de que las operaciones de defalco que tenía pensadas se ventilaran en la luz pública o que, al menos, si eso llegaba a ocurrir, tuviera armada una alianza con otros medios que contrarrestaran las acusaciones e incluso las ridiculizaran.

En el encuentro se llegó a un rápido acuerdo. Verbitzky se encargaría de construir esa línea de defensa mediática del gobierno y del presidente para que éste tuviera una amplia libertad de acción respecto del plan que quería llevar adelante y Kirchner comenzaría a implementar la línea ideológica del CELS.

Como era natural, para lograr esto lo primero que había que hacer era dar vuelta la historia de los ´70 reabriendo las causas a las que la Corte Suprema les había dado autoridad de Cosa Juzgada, básicamente en lo que concierne a los juicios a militares. También era necesario declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas por el gobierno de Raúl Alfonsín que habían sido la base para la prescripción de las acciones. Sería necesario también crear la figura del delito “de lesa humanidad” para hacerlo imprescriptible y, con ese argumento, reabrir las causas.

Para todo esto se necesitaría remover de sus cargos a varios jueces de la Justicia Federal y de la Corte Suprema. Sería largo contar aquí una vez más toda la historia, pero los contemporáneos que esto leen recordarán cómo se fueron cumpliendo todos y cada uno de esos pasos.

Mientras el presidente cumplía con su parte para revertir la historia de los ’70 con el relato de los DDHH, Verbitzky cumplía con la suya. Desde Página 12 y otros medios que se fueron plegando con la ayuda de la pauta oficial que manejaba el gobierno, se fue construyendo esa red de seguridad que el presidente anhelaba para poder moverse impunemente.

Una vez terminada la primera etapa de reemplazo de jueces de la Corte, el plan continuó con el copamiento del Ministerio Público Fiscal o Procuradoría General y del Consejo de la Magistratura. En este estadio, la idea con la Justicia no se limitaba ya a invertir lo juzgado respecto de los ’70 sino generar jueces y funcionarios que persiguieran a los enemigos políticos y que protegieran a los amigos.

El plan para el Ministerio Público consistió en una verdadera inundación de puestos y fiscales  que eran militantes de  las agrupaciones  kirchneristas -básicamente La Cámpora, que había sido creada expresamente para estos fines- y de integrantes del CELS y de la nueva agrupación incrustada en la justicia, Justicia Legítima.

En el caso del Consejo de la Magistratura, su composición se cambió para que la característica eminentemente técnica que a su conformación le había dado la reforma constitucional de 1994, se transformara en un organismo político dependiente del gobierno.

La maquinaria creada por el acuerdo entre Kirchner y Verbitzky fue impregnando una nueva realidad judicial según la cual se intentaba imponer la idea de que los jueces no pueden ser “imparciales” sino que tienen que fallar de acuerdo a su ideología y que a su vez ésta debe estar de acuerdo con las “transformaciones populares”: los jueces cuya ideología no acompañara las transformaciones populares debían ser reemplazados.

Verbitzky también logró que desde los medios que adherían al gobierno se comenzara a hablar de dictadura “cívico-militar” en lugar de simplemente “dictadura militar”. La sutil diferencia semántica tenía el propósito de que lentamente se fuera filtrando en el sentido común medio la idea de que no solo había que juzgar a militares por delitos de lesa humanidad sino también a los civiles que ellos señalaran como involucrados.

Tres grupos fueron señalados por esa persecución: los jueces que se habían desempeñado en los ’70, los empresarios, y los medios de comunicación.

Allí comenzó la cacería de decenas de ex-jueces (la mayoría con más de 80 años) que, a juicio de la nomenklatura gobernante, habían participado en el juzgamiento de las organizaciones guerrilleras. A muchos se los mandó a la cárcel y allí murieron poco después.

Todos recordarán también la operación contra los medios por Papel Prensa, también bajo la excusa de delitos de lesa humanidad, con el obvio objetivo de quedarse con la provisión de papel de diario.


Mientras que el gobierno kirchnerista cumplía con su parte gramsciana del plan (que saciaba los intereses de Verbitzky) se dedicaba a lo que más le interesaba: enriquecerse gracias al manejo de los presupuestos públicos.

Así, la familia Kirchner y decenas de acólitos menores (entre los que se encontraban ex jardineros, choferes, guardaespaldas, secretarios, etcétera) acumularían una riqueza nunca antes vista en un gobernante en tan poco tiempo. La red de seguridad mediática -cuando todo esto empezó a sospecharse y cuando, con pruebas, finalmente salió a la luz- construyó y propagó la teoría del “lawfare” dando la idea de que los Kirchner en particular y el kirchnerismo en general eran “perseguidos políticos” de los “medios económicos y periodísticos concentrados” que se oponían a los avances de las “transformaciones populares”.

A casi 20 años de aquella reunión, no caben dudas que el acuerdo entre Kirchner y Verbitzky fue ampliamente eficiente. Los Kirchner siguen en el poder, son hipermillonarios, hay una enorme fuerza que hace que los juicios contra ellos sean extremadamente lentos y la agenda ideológica de Verbitzky se ha impuesto con creces. Quizás Artemio López no sabía lo que generaría su invitación cuando levantó el teléfono para llamar al ex oficial de inteligencia de Montoneros, pero los que hemos sido testigos de los más de 15 años que siguieron sí lo sabemos.

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