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Tremenda confusión de los bienintencionados

Existe una confusión larvada entre quienes incluso critican, se oponen y hasta denuncian la avanzada patotera del peronismo con brigadas ilegales de camisas negras para controlar los precios.

Esas denuncias, muchas de ellas procedentes de Juntos por el Cambio, han sido fundadas en la ineficacia del método de control de precios considerado en general y desde el punto de vista de su eficiencia histórica en lograr el cometido que se propone y, también, en que la fuerza de camioneros no es una organización estatal oficial como para inmiscuirse en esos menesteres.

Si bien esos argumentos son reales (la historia de 4000 años -y con mayor precisión la propia historia argentina- demuestran que los controles de precios son una medida completamente idiota e irrelevante para bajar la inflación y camioneros es una organización paraestatal sin ninguna legitimidad para entrometerse en las relaciones de los ciudadanos con lo decidido por el gobierno) ninguno de ellos atiende el fondo del problema ni enfoca la cuestión desde su verdadera perspectiva, que es, además, lo más grave de todo este aquelarre.

La gravedad de que una banda de forajidos violentos amenace con ejercer la fuerza bruta para combatir la inflación no tiene que ver con la inutilidad del control ni con la falta de legitimidad de los extorsionadores: tiene que ver con la verdadera vigencia del derecho a la propiedad privada en el país.

Mientras no se entienda que la inseguridad respecto de la vigencia incontrastable de ese derecho es lo que motiva gran parte de las vicisitudes no solo económicas, sino sociales y hasta humanas que padece el país, no es que no habrá solución a los dramáticos problemas que genera la inflación: el país se deslizará cada vez más rápido hacia un tobogán de miseria igualitariamente extendida.

No es verdad que el estado del país haya llegado a un punto de gravedad límite y que esa situación no pueda empeorar. No. Todavía queda mucho por destruir. Y la herramienta más eficiente para continuar con ese destrozo es el ataque y la subestimación del derecho de propiedad privada.

Si ese dato elemental no es entendido por quienes están supuestamente preparándose para gobernar a partir de diciembre de este año, uno podría preguntarse qué queda para el resto.

Es de la mayor urgencia que las quejas, denuncias y acciones judiciales que se inicien contra este atropello definan bien el centro de daño, especifiquen con precisión el bien jurídico que el gobierno ataca con estas políticas.

Ese activo no es la eficiencia técnica de un método para combatir la inflación ni las credenciales que un grupo de personas pueda tener para intervenir en el proceso económico. No. El bien jurídico atacado tanto por el gobierno como por cualquier organización paraestatal que pretenda intervenir en esta dinámica es el inalienable derecho constitucional a la propiedad privada.

La Constitución garantiza la sacralidad del fruto del trabajo propio y la inviolabilidad del domicilio. Cualquier medida del gobierno (más aún si pretende efectivizarse con el concurso de una banda ilegal de matones) que tienda a restringir el acceso pleno al fruto del trabajo propio o que viole la santidad del domicilio debe ser denunciada como un violentísimo ataque a la Constitución y a los derechos del pueblo que la Carta Magna reconoce a cada habitante de la nación.

El derecho de propiedad es un derecho basal del orden democrático; hace a la convivencia pacífica de una sociedad y cuando su vigencia entra en zona de dudas la vida se vuelve insegura y las razones por la que una persona podría apostar al crecimiento caen, generando estancamiento primero, pobreza después y finalmente miseria.

La situación es mucho más grave cuando se observa la experiencia empírica mundial que demuestra que cuando un gobierno pone en duda o directamente ataca la vigencia plena de esos derechos, se destruye la confianza pública que es, a su vez, el acervo inmaterial que define si un país progresa o decae y si una sociedad vive bien o vive mal.

Todos los extravagantes experimentos que se intentaron en el mundo para darle a un conjunto de personas el poder completo sobre otras, invariablemente comenzaron por poner en duda el derecho de propiedad privada o, directamente, por suprimirlo. Invariablemente todos esos experimentos acabaron dirigiendo a los pueblos que tuvieron la mala fortuna de sufrirlos a la ruina completa, desde los países que vivieron bajo dictaduras comunistas durante gran parte del siglo XX y los que hoy, en pleno siglo XXI, reivindican a las corruptas dictaduras populistas.

Quienes se postulan como líderes opuestos a esta mezcolanza de señores feudales con autopercibidos emperadores de la Argentina peronista deberían identificar claramente lo que está en juego aquí y actuar en consecuencia.

Mientras estos actores sigan creyendo que lo que está mal aquí es el aspecto técnico de la eficiencia del control de precios o que el problema con quienes son enviados a violar los domicilios privados es que no son una fuerza “oficial”, la Argentina no tendrá solución. Y no la tendrá porque se está demostrando que quienes se postulan para ofrecerla no tienen la menor idea sobre cuál es la verdadera madre del problema que pretenden solucionar. Si ni siquiera los que aparecen como bienintencionados parecen tener claro cuál es el drama real del país, uno se pregunta qué le puede esperar al resto.

Aquí no se trata ni de la eficiencia de un método o de la legitimidad de algunas credenciales: aquí se trata de que mientras los argentinos que trabajan, que invierten y que pretenden vivir seguros no tengan las seguridades mínimas necesarias que les garanticen que eso es posible en la Argentina, el país será una villa miseria gigante y los que queden en su suelo solo vivirán rodeados de privaciones, de crímenes y del definitivo hundimiento de sus sueños.

Por Carlos Mira
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3 thoughts on “Tremenda confusión de los bienintencionados

  1. Rodolfo Rumbo

    Buenas noches Carlos, bueno en esta obra teatral , tragicómica obvio que es el kirchnerismo, asistimos al acto donde se muestran las cartas o lo que es lo mismo que decir…se caen las caretas. Los actores ya sin reparos y atentos a un libreto que los muestran tal cual son, despliegan su arsenal de desvaríos y de mala fe.
    Esos desvaríos indican ignorancia y necedad y la mala fe brutalidad y provocación.
    Es harto evidente que la tan mentada baja de la inflación es solo una gran humadera que necesita gente grotesca que la sostenga, convocar inútilmente a sabiendas de su inutilidad, a una horda de gente baja y propensa al maltrato para amedrentar a empresarios es una maniobra propia de malandras cara de piedra.
    Frases, slogans, posturas y relatos que ya nada lograrán en boca de mandatarios y laderos sin ningún respaldo empírico, nos muestra la realidad que enfrentamos, una parodia de gobierno que bien se ha ganado el título del peor de la vuelta a la Democracia…por no decir de la historia contemporánea argentina. Saludos

  2. Juan

    Del Estado punguista no hay defensa posible decia mi Padre tenia razon
    Saludos !!!

  3. Matias

    Carlos, no es que no se den en cuenta. Cada vez tengo mas claro que todos son socios. Los este lado de la grieta junto con los del otro lado. Porque no me van a convencer de que todos sean tan idiotas como para no verlo. Me consta que muchos de los que hay en la oposición, como en el oficialismo, son gente inteligente pero a todas luces inmorales. Por lo tanto acá existe un plan definido para arruinar aun mas el país. ¿Qué es lo que busca este plan? Se me ocurren al menos una decena de teorías posibles (todas en el ámbito de la conspiranoia). Pero esta clarísimo que no todos los políticos son idiotas como para no ver que el bien jurídio en juego es la propiedad privada… ¿será que, a quienes esperan ganar las elecciones, les convendría habilitar esta vía fascista de control? who knows…

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