THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hay algo profundamente argentino —y peligrosamente cómodo— en la tentación de reescribir la historia en función del resultado. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en el caso YPF activó ese reflejo automático: como la Argentina evitó, al menos por ahora, pagar una cifra sideral, entonces Axel Kicillof “tenía razón”. El problema es que ese razonamiento no resiste el menor análisis. No es solo débil: es directamente falso.

Porque el fallo no dijo lo que muchos quieren que diga. No sostuvo que la Argentina actuó correctamente al momento de la expropiación, no reivindicó el procedimiento, no validó la estrategia política ni económica de 2012. Ni siquiera cuestionó la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. Todo lo contrario: el caso se tramitó, se juzgó y se resolvió dentro del sistema judicial de Estados Unidos, que en ningún momento se declaró incompetente. La supuesta “recuperación de soberanía jurídica” es un relato sin sustento. Argentina no sacó el caso de Nueva York: ganó —parcialmente— dentro de Nueva York.

Lo que la Cámara hizo fue mucho más específico y, a la vez, mucho más incómodo para quienes buscan construir épica donde hubo, en realidad, un problema. El tribunal concluyó que la jueza de primera instancia interpretó incorrectamente el derecho argentino al considerar que el estatuto de YPF implicaba una obligación contractual exigible. En otras palabras, la demanda se apoyaba en una figura jurídica que no correspondía. No es que la Argentina haya hecho todo bien: es que la base legal sobre la cual se la condenó originalmente no era la correcta.

Esa diferencia es crucial. Porque no se trata de una absolución, sino de una corrección técnica. Es la distancia que hay entre demostrar que uno actuó conforme a derecho y demostrar que el otro eligió mal la herramienta para reclamar. Confundir ambas cosas no es un error inocente: es una manipulación deliberada.

De hecho, si Kicillof hubiera tenido razón en el sentido pleno que ahora se le atribuye, la Argentina nunca habría sido condenada en primera instancia a pagar más de 16.000 millones de dólares. Ese fallo existió, fue real y fue un golpe monumental que expuso con crudeza los riesgos de una expropiación ejecutada con criterios más políticos que jurídicos. Lo que ocurrió después no fue la confirmación de aquella decisión, sino su revisión. Y esa revisión no cayó del cielo ni brotó de la coherencia original del proceso, sino de años de trabajo legal que atravesaron distintos gobiernos y equipos técnicos.

Hay, además, un punto que termina de desarmar el mito: el fallo de la Cámara no evalúa la política económica, ni la oportunidad de la expropiación, ni sus fundamentos ideológicos. Evalúa si existió o no un incumplimiento contractual bajo una determinada interpretación del derecho. Nada más. Convertir ese resultado en una reivindicación de toda la estrategia original es como suponer que un error de procedimiento invalida cualquier acusación de fondo. Es una extrapolación que no se sostiene ni jurídica ni intelectualmente.

La narrativa del “Kicillof héroe” necesita borrar todos estos matices para funcionar. Necesita transformar una discusión técnica en un triunfo político, una enmienda judicial en una reivindicación histórica, un fallo limitado en una absolución total. Pero la realidad es menos épica y más precisa: la Argentina evitó una condena multimillonaria porque logró demostrar que la demanda estaba mal encuadrada, no porque haya hecho las cosas bien desde el principio.

Y ahí está, precisamente, el problema de fondo. En lugar de aprovechar el fallo para entender qué salió mal y cómo evitar repetirlo, se lo utiliza para confirmar una narrativa previa, para cerrar filas, para convertir un alivio en una celebración ideológica. Es una forma de pensamiento que no aprende, no corrige y, sobre todo, no distingue entre tener razón y zafar.

Porque eso es, en esencia, lo que ocurrió: la Argentina zafó de pagar, al menos en esta instancia, gracias a una interpretación más favorable del derecho aplicable. Pero zafar no es lo mismo que haber tenido razón. Y confundir ambas cosas es la manera más segura de volver a cometer los mismos errores, solo que la próxima vez, quizás, sin un tribunal que los corrija a tiempo.