Carlos Mira, The Post FMGM Press, Editorial
Una de las peores costumbres de nuestro tiempo consiste en creer que la realidad depende de quién la enuncia. No es así. Las cosas son lo que son, independientemente de quién las diga. Y, precisamente por eso, el análisis del episodio protagonizado por Javier Milei en Brasil exige separar dos planos que hoy aparecen deliberadamente confundidos.
El primero es una cuestión de fondo. El segundo, una cuestión de formas.
¿Puede Luiz Inácio Lula da Silva ser considerado una “basura” desde determinados valores éticos, políticos y morales? Sí. Perfectamente. Esa es una opinión política legítima, tan legítima como la de quienes piensan exactamente lo contrario. En una sociedad libre, los dirigentes públicos no están protegidos de los juicios de valor.
Ahora bien, una cosa muy distinta es preguntarse si el presidente de la República Argentina puede llamar públicamente “basura” al presidente de otro país mientras se encuentra, precisamente, en ese país. La respuesta es no.
Y es en esa diferencia —entre lo que uno cree que las cosas son y lo que un jefe de Estado puede decir públicamente de ellas— donde radica toda la controversia.
Porque conviene despejar otro equívoco. Las dudas sobre la parcialidad de buena parte de la Justicia brasileña son cada vez más difíciles de sostener. Basta comparar el tratamiento que recibió Lula durante sus procesos judiciales con el que hoy recibe Jair Bolsonaro para advertir que el estándar aplicado parece depender más del acusado que de la ley. El contraste resulta demasiado evidente como para ignorarlo.
Del mismo modo, tampoco existen demasiadas dudas acerca del papel que Lula intentó desempeñar en la política interna argentina durante la campaña presidencial que enfrentó a Sergio Massa con Javier Milei. El presidente brasileño jamás ocultó sus preferencias ni su deseo de influir en el resultado electoral argentino.
Tampoco es un misterio que Lula integra una corriente política que sostiene una concepción del poder profundamente distinta de aquella sobre la que descansan las democracias liberales.
El socialismo parte de una premisa según la cual los derechos no pertenecen naturalmente a las personas sino que son concesiones del Estado. El ciudadano deja de ser el titular originario de su libertad para convertirse en beneficiario de permisos otorgados por una estructura política que decide hasta dónde puede ejercerla.
Desde esa lógica, la soberanía individual cede lugar a la soberanía de una burocracia que diseña la vida pública y, muchas veces, también la privada, mediante un entramado creciente de regulaciones, prohibiciones y controles.
La tradición liberal propone exactamente lo contrario. Parte de la humildad intelectual de reconocer que ningún grupo de iluminados —por más votos que haya obtenido— posee la autoridad moral suficiente para organizar la existencia de millones de personas mejor que ellas mismas. La libertad individual no necesita ser concedida; necesita ser respetada.
Por eso, un sistema que reconoce la superioridad moral de la libertad sobre el dirigismo estatal resulta preferible a otro que supone que una casta política puede diseñar la sociedad como si se tratara de un enorme mecano administrado desde los despachos oficiales.
Todo eso puede decirse. Todo eso merece discutirse. Todo eso incluso puede ser cierto. Pero existe otro plano. El de las relaciones entre los Estados. Allí aparece una palabra muchas veces despreciada: diplomacia.
Habrá quienes, no sin argumentos, sostengan que la diplomacia es apenas el elegante disfraz que la hipocresía utiliza en la política internacional. Puede ser. Sin embargo, aun aceptando esa definición, cumple una función indispensable: evitar que los impulsos personales de los gobernantes deterioren los vínculos permanentes entre los países.
Los presidentes pasan. Las naciones permanecen. Y cuando se representa a una nación, la conducta deja de pertenecer exclusivamente al individuo.
Brasil no es un país cualquiera para la Argentina. Es su principal socio comercial. Es un vecino estratégico. Es un actor central del Mercosur. Y Milei no estaba haciendo declaraciones desde un estudio de televisión en Buenos Aires. Estaba en territorio brasileño, representando oficialmente a la República Argentina.
Es cierto que Javier Milei llegó a la Presidencia siendo exactamente como es. Su autenticidad explica buena parte de su éxito político. Millones de argentinos lo eligieron justamente porque rompía con las convenciones de una dirigencia domesticada por los protocolos.
Pero acceder a determinadas responsabilidades implica aceptar que existen formas propias de la función. Paradójicamente, son esas mismas formas las que cualquier Estado exige cuando un mandatario extranjero visita su territorio. No se trata de pedirle a Milei que renuncie a sus convicciones. Ni que se disfrace de aquello que no es. Ni que adopte la corrección política que durante años combatió.
Se trata de algo mucho más sencillo. Precisamente porque todos conocemos lo que piensa de Lula, no necesita expresarlo con la brutalidad verbal que exhibió este fin de semana en San Pablo.
Millones de brasileños piensan exactamente lo mismo que él sobre el presidente de su país. Pero ellos son brasileños. Milei no. Y cuando un presidente argentino habla en Brasil, ya no habla únicamente como Javier Milei. Habla en nombre de la Argentina.
Esa diferencia, pequeña en apariencia, es exactamente la que separa al ciudadano del jefe de Estado
