THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Otro chiquito muerto. Otra vez. Y no por accidente, no por fatalidad, no por un infortunio inevitable. Muerto como consecuencia directa de una de las peores deformaciones morales de la Argentina contemporánea: la odiosa ceguera de género.

Ángel López tenía cuatro años. Cuatro. A esa edad uno no teoriza sobre vínculos, no milita consignas ni internaliza construcciones ideológicas. A esa edad uno siente. Sabe dónde está el cariño. Sabe dónde está a salvo. Y también sabe —aunque no pueda explicarlo— cuándo algo está terriblemente mal.

La justicia, en uno de esos actos de soberbia fría que solo puede cometer el Estado cuando se convence de que sabe más que la vida misma, decidió arrancarlo de ese lugar. Le dio la tenencia a su madre biológica. La misma que lo había abandonado. La misma que había dejado que fuera su padre quien, junto a su nueva pareja, construyera para él una familia real, concreta, imperfecta pero amorosa.

Pero eso no alcanzó.

Porque para esta lógica perversa, la biología es un dogma cuando conviene y un detalle cuando no. Porque el sesgo ideológico —ese que se incubó, creció y se institucionalizó durante el kirchnerato— necesita forzar la realidad hasta que encaje en sus categorías.

Y entonces ocurrió lo peor: Ángel ya sabía cómo iba a terminar todo. Lo sabía. Lo intuyó. Lo sintió con esa claridad brutal que a veces tienen los chicos cuando los adultos se vuelven estúpidos. Imploró. Suplicó. Pidió con toda la fuerza que puede tener un nene de cuatro años que no lo sacaran de donde quería estar. No importó. La maquinaria avanzó igual.

El Estado actuó con la brutalidad de quien ejecuta un procedimiento sobre un objeto: lo secuestró como si fuera un auto mal estacionado y lo entregó a quien “correspondía” según el papel. No según la vida. No según el amor. Según el expediente.

Y ahí empezó la cuenta regresiva.

Porque no solo le cambiaron las condiciones materiales —de una casa humilde pero digna a un rancho donde no tenía nada— sino que lo arrojaron a un clima emocional devastador. De ser querido, cuidado, contenido, pasó a ser un estorbo. Un problema. Un cuerpo incómodo al que se lo golpeaba y maltrataba.

Hasta que el recorrido lógico de esa decisión terminó donde tenía que terminar: en un hospital. Y después, en la muerte.

No es la primera vez.

La Argentina ya vio esta película. Ya lloró a Lucio Dupuy, otro chico entregado a un entorno que lo destruyó mientras el sistema miraba para otro lado, convencido de que estaba haciendo “lo correcto”. La jueza que lo envió a ese destino fue sometida a un jury y salió absuelta. Una postal perfecta de esa familia judicial que se protege a sí misma mientras predica sensibilidad en abstracto.

Ahora vuelve a pasar.

Porque cuando la ideología reemplaza al sentido común, cuando el derecho positivo pretende imponer afectos, cuando se cree que el amor puede decretarse en un fallo, lo que sigue no es justicia: es tragedia.

Y en esa tragedia hay responsables con nombre y apellido.

El juez Pablo José Pérez decidió que Ángel debía vivir con su madre biológica. Firmó ese destino. Puso su nombre al pie de una resolución que ignoró la realidad palpable, el deseo del chico, las señales evidentes de peligro.

Sobre su conciencia —si es que la ideología no la anestesió por completo— debería pesar para siempre la carga imborrable de haber sido el engranaje de una maquinaria que mató a un inocente.

No alcanza con absoluciones corporativas. No alcanza con explicaciones técnicas. No alcanza con esconderse detrás de la ley cuando la ley se aplica contra la vida.

Hay decisiones que no prescriben en el fuero íntimo.

Y si queda algún resto de humanidad en quienes toman estas decisiones, entonces el nombre de Ángel debería perseguirlos cada día. No como una consigna. Como una condena moral. Como el recordatorio permanente de que, cuando el Estado decide reemplazar al sentido común por la ideología, los que terminan pagando son siempre los mismos: los más indefensos.

Los chicos.

Siempre los chicos.