THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

A propósito de las últimas intervenciones del presidente, conviene detenerse en un punto que, aunque básico, suele ser subestimado en la dinámica del poder: la correspondencia entre lo que un gobernante dice y lo que hace es, probablemente, el insumo más decisivo en la construcción de confianza social.

Y la confianza social —vale recordarlo una vez más— no es un valor etéreo ni un concepto para manuales académicos. Es el pilar central sobre el que se levanta cualquier intento serio de despegue. No hay estabilización duradera, no hay quiebre de tendencias decadentes, no hay desarrollo posible sin ese intangible que ordena expectativas, disciplina conductas y alinea a millones de personas detrás de un rumbo.

Por supuesto, la Argentina ha conocido fenómenos que parecen contradecir esta lógica. El caso de Cristina Fernández de Kirchner es, quizás, el más emblemático. Una dirigente que construyó buena parte de su trayectoria política haciendo exactamente lo contrario de lo que proclamaba y que, sin embargo, logró sostener durante años el apoyo de sectores mayoritarios de la sociedad. Algo que desafía, en los hechos, aquella frase —generalmente atribuida, quizá de manera imprecisa, a Abraham Lincoln— según la cual no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Incluso hoy, en su ocaso político, conserva un núcleo duro que le cree. Un fenómeno que, más que regla, debe ser considerado excepción.

Porque en términos generales, cuando un gobierno actúa en contradicción con sus propias palabras, el índice de confianza cae. Y cuando la confianza cae, lo que empieza a resquebrajarse no es solo la imagen de un dirigente: es la viabilidad misma de su programa.

En ese terreno, Javier Milei no parece estar en condiciones de replicar aquel fenómeno excepcional. Más bien, todo indica que está alcanzado por la normalidad política: si hacés lo contrario de lo que decís, la sociedad te retira el crédito.

Ayer mismo, el presidente afirmó que se habían terminado los tiempos de la desigualdad ante la ley y que todos los ciudadanos debían responder en igualdad de condiciones. Un principio que, en abstracto, resulta no solo correcto sino irrefutable. En particular, lo vinculó con la responsabilidad de los periodistas, señalando que no pueden escudarse en privilegios que otros no tienen.

Sin embargo, esa afirmación —que debería ser un punto de apoyo sólido— queda debilitada por la realidad interna del propio gobierno. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como una contradicción difícil de sostener.

Las evidencias que se acumulan en torno a su conducta —mentiras, manejo de fondos sin justificación clara, utilización de privilegios estatales— ya no pertenecen al terreno de la sospecha sino al de lo evidente. Y cuanto más evidente se vuelve, más incomprensible resulta la decisión oficial de sostenerlo, empezando por el círculo más cercano al presidente.

Pero hay algo todavía más preocupante detrás de este episodio.

Las sociedades tienden a establecer una relación directa entre las personas que encarnan una idea y la idea misma. Es un mecanismo casi inevitable. Por eso, el riesgo que hoy enfrenta la Argentina no se limita al desgaste de una figura o de un gobierno: el peligro es que la ciudadanía termine asociando estas prácticas con el propio proyecto de liberalización.

Y si eso ocurre, el desenlace es previsible: la tentación de regresar a las fórmulas colectivistas, a esa lógica de servidumbre que el país ha conocido demasiado bien.

Ese es el verdadero riesgo. No un costo político circunstancial, sino la posibilidad de que una oportunidad histórica se diluya por errores que no son técnicos ni inevitables, sino profundamente humanos y, por lo tanto, evitables.

La historia argentina ofrece un antecedente elocuente. Durante el gobierno de Carlos Menem, el país encaró uno de los intentos más serios de transformación hacia un modelo moderno, integrado al mundo y basado en reglas similares a las de las naciones desarrolladas. Sin embargo, el deterioro moral de aquel proceso terminó por erosionar su legitimidad y, finalmente, hacerlo colapsar.

No fue la economía, en sentido estricto, la que derrumbó aquel experimento. Fue la pérdida de confianza.

Por eso, más allá de que muchos consideren que ciertos daños ya son irreversibles, todavía hay quienes creen que el presidente conserva una última oportunidad de corregir el rumbo.

Si ese margen existe, es ahora. Y no requiere grandes discursos ni nuevas teorías. Requiere algo mucho más simple y, a la vez, mucho más difícil: coherencia.

Porque si el objetivo es terminar con el artificio socialistoide que ha condicionado a la Argentina durante décadas, el camino no puede estar sembrado de excepciones, privilegios y contradicciones.

De lo contrario, no será la oposición la que haga caer ese intento.

Será su propia inconsistencia

Milei, la confianza y el riesgo de repetir los errores que hundieron reformas en la Argentina

A propósito de las últimas intervenciones del presidente, conviene detenerse en un punto que, aunque básico, suele ser subestimado en la dinámica del poder: la correspondencia entre lo que un gobernante dice y lo que hace es, probablemente, el insumo más decisivo en la construcción de confianza social.

Y la confianza social —vale recordarlo una vez más— no es un valor etéreo ni un concepto para manuales académicos. Es el pilar central sobre el que se levanta cualquier intento serio de despegue. No hay estabilización duradera, no hay quiebre de tendencias decadentes, no hay desarrollo posible sin ese intangible que ordena expectativas, disciplina conductas y alinea a millones de personas detrás de un rumbo.

Por supuesto, la Argentina ha conocido fenómenos que parecen contradecir esta lógica. El caso de Cristina Fernández de Kirchner es, quizás, el más emblemático. Una dirigente que construyó buena parte de su trayectoria política haciendo exactamente lo contrario de lo que proclamaba y que, sin embargo, logró sostener durante años el apoyo de sectores mayoritarios de la sociedad. Algo que desafía, en los hechos, aquella frase —generalmente atribuida, quizá de manera imprecisa, a Abraham Lincoln— según la cual no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Incluso hoy, en su ocaso político, conserva un núcleo duro que le cree. Un fenómeno que, más que regla, debe ser considerado excepción.

Porque en términos generales, cuando un gobierno actúa en contradicción con sus propias palabras, el índice de confianza cae. Y cuando la confianza cae, lo que empieza a resquebrajarse no es solo la imagen de un dirigente: es la viabilidad misma de su programa.

En ese terreno, Javier Milei no parece estar en condiciones de replicar aquel fenómeno excepcional. Más bien, todo indica que está alcanzado por la normalidad política: si hacés lo contrario de lo que decís, la sociedad te retira el crédito.

Ayer mismo, el presidente afirmó que se habían terminado los tiempos de la desigualdad ante la ley y que todos los ciudadanos debían responder en igualdad de condiciones. Un principio que, en abstracto, resulta no solo correcto sino irrefutable. En particular, lo vinculó con la responsabilidad de los periodistas, señalando que no pueden escudarse en privilegios que otros no tienen.

Sin embargo, esa afirmación —que debería ser un punto de apoyo sólido— queda debilitada por la realidad interna del propio gobierno. La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como una contradicción difícil de sostener.

Las evidencias que se acumulan en torno a su conducta —mentiras, manejo de fondos sin justificación clara, utilización de privilegios estatales— ya no pertenecen al terreno de la sospecha sino al de lo evidente. Y cuanto más evidente se vuelve, más incomprensible resulta la decisión oficial de sostenerlo, empezando por el círculo más cercano al presidente.

Pero hay algo todavía más preocupante detrás de este episodio.

Las sociedades tienden a establecer una relación directa entre las personas que encarnan una idea y la idea misma. Es un mecanismo casi inevitable. Por eso, el riesgo que hoy enfrenta la Argentina no se limita al desgaste de una figura o de un gobierno: el peligro es que la ciudadanía termine asociando estas prácticas con el propio proyecto de liberalización.

Y si eso ocurre, el desenlace es previsible: la tentación de regresar a las fórmulas colectivistas, a esa lógica de servidumbre que el país ha conocido demasiado bien.

Ese es el verdadero riesgo. No un costo político circunstancial, sino la posibilidad de que una oportunidad histórica se diluya por errores que no son técnicos ni inevitables, sino profundamente humanos y, por lo tanto, evitables.

La historia argentina ofrece un antecedente elocuente. Durante el gobierno de Carlos Menem, el país encaró uno de los intentos más serios de transformación hacia un modelo moderno, integrado al mundo y basado en reglas similares a las de las naciones desarrolladas. Sin embargo, el deterioro moral de aquel proceso terminó por erosionar su legitimidad y, finalmente, hacerlo colapsar.

No fue la economía, en sentido estricto, la que derrumbó aquel experimento. Fue la pérdida de confianza.

Por eso, más allá de que muchos consideren que ciertos daños ya son irreversibles, todavía hay quienes creen que el presidente conserva una última oportunidad de corregir el rumbo.

Si ese margen existe, es ahora. Y no requiere grandes discursos ni nuevas teorías. Requiere algo mucho más simple y, a la vez, mucho más difícil: coherencia.

Porque si el objetivo es terminar con el artificio socialistoide que ha condicionado a la Argentina durante décadas, el camino no puede estar sembrado de excepciones, privilegios y contradicciones.

De lo contrario, no será la oposición la que haga caer ese intento.

Será su propia inconsistencia.