THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hay una idea que debería estar en el centro de cualquier discusión seria sobre impuestos y que, sin embargo, suele quedar deliberadamente relegada: cada peso que el Estado recauda es un peso que deja de estar en manos de la persona que lo ganó.

No se trata solamente de una cuestión contable. Es una cuestión de libertad. Cuando el Estado le cobra impuestos a una persona, no solamente está obteniendo recursos para financiar una estructura administrativa. También está decidiendo que una parte del fruto de su trabajo será retirada de sus manos y utilizada de acuerdo con prioridades que esa persona no necesariamente comparte.

Y allí aparece una de las grandes paradojas del Estado moderno: muchas veces se le quita al individuo la capacidad de resolver por sí mismo determinadas cuestiones de su vida para luego presentarse como el encargado de solucionarlas.

Es como quebrarle una pierna a alguien y, después, cobrarle un impuesto para explicarle que con ese dinero se financiará su tratamiento. La metáfora puede parecer exagerada, pero sirve para comprender el problema. Si mediante impuestos se reduce sistemáticamente la capacidad de las personas para ahorrar, invertir, comprar una vivienda, educar a sus hijos, contratar un seguro, construir un patrimonio o preparar su retiro, resulta paradójico que el mismo Estado se presente luego como el gran proveedor de soluciones para esas necesidades.

Primero retira recursos. Después explica que esos recursos son necesarios porque la gente no tiene suficientes recursos. El círculo termina justificándose a sí mismo. El problema de fondo es que detrás de la expansión permanente de los impuestos existe una concepción determinada de la sociedad: la idea de que una élite política y burocrática está en mejores condiciones que cada individuo para decidir qué hacer con una parte creciente de sus ingresos.

Esa concepción merece ser discutida. Una persona puede equivocarse administrando su dinero. Puede ahorrar poco, invertir mal o tomar decisiones equivocadas. Pero existe una diferencia fundamental entre equivocarse con el propio dinero y que otro decida por obligación qué hacer con él.

La libertad implica precisamente la posibilidad de elegir, incluso de equivocarse. Por eso, una sociedad libre debería partir de una premisa sencilla: el dinero pertenece a quien lo ganó. La excepción debe ser aquello que resulta indispensable para sostener las funciones que legítimamente corresponden al Estado, y no la conversión del Estado en administrador permanente de la vida económica de sus ciudadanos.

En una concepción constitucional del Estado, los impuestos deberían tener un propósito limitado y concreto: financiar la estructura institucional necesaria para garantizar el funcionamiento de la República, sostener la administración de justicia y las instituciones constitucionales, proveer los servicios públicos que correspondan a esas funciones y garantizar la defensa exterior y la seguridad pública interior.

Todo lo demás debería ser sometido a una pregunta mucho más exigente: ¿por qué tiene que hacerlo el Estado con dinero que previamente tuvo que quitarle a los ciudadanos?

La pregunta resulta especialmente importante cuando se habla del futuro. Durante décadas se ha instalado la idea de que las personas deben depender del Estado para resolver su vejez, su salud, su educación, su vivienda o prácticamente cualquier contingencia de la vida. Pero cuanto mayor es la carga tributaria, menor es la capacidad de cada individuo para construir sus propios mecanismos de protección.

El trabajador que conserva una mayor proporción de lo que gana puede ahorrar. Puede invertir. Puede comprar activos. Puede contratar un seguro. Puede formar un patrimonio. Puede ayudar a sus hijos. Puede construir un fondo para el momento en que deje de trabajar.

En otras palabras, puede planificar su propia vida. Y eso tiene una dimensión política que excede largamente la economía. Una persona con patrimonio, ahorro y capacidad de decisión depende menos de quien gobierna. Una persona que necesita que el Estado le resuelva cada etapa de su existencia tiene necesariamente una relación de dependencia mucho mayor con el poder político.

Por eso la discusión tributaria no debería reducirse a cuánto dinero necesita recaudar el Estado. La pregunta anterior debería ser: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a entregar para financiarlo?

Los impuestos pueden ser necesarios. Pero que algo sea necesario no significa que deba ser ilimitado. El Estado constitucional no fue concebido para convertirse en un administrador universal de la existencia de sus ciudadanos. Su función debería ser garantizar las reglas, proteger los derechos, administrar justicia, defender la Nación y asegurar el orden público dentro del marco de la Constitución.

La vida de las personas, en cambio, debería permanecer en manos de las propias personas. Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que el Estado tiene recursos suficientes para prometer resolverlo todo. Es aquella en la que los ciudadanos conservan suficientes recursos y suficiente libertad como para decidir por sí mismos qué hacer con sus vidas.