Los hechos, señores, los hechos

La aproximación argentina a Venezuela no es una cuestión retórica ni una que guarda con la realidad solo fantasías o intereses ideológicos. Se trata, al contrario, de una realidad que se constata con la duplicación en el país de procedimientos y agencias que tienen su original en Caracas y en otros centros de aniquilación de libertades.

En este caso, a los ya múltiples hechos sucedidos en otros campos de la vida argentina, sean éstos el social, el económico, el judicial y hasta del funcionamiento legislativo, se suma ahora la creación, en la órbita de la Defensoría del Público, a cargo de la militante Miriam Lewin, de un organismo llamado “Nodio” (por su juego de palabras con “no-odio”) que es una pretensión de réplica de la ley venezolana “contra el odio” sancionada en 2017 y cuyo objetivo es el monitoreo, persecución y eventual cierre o confiscación de todo medio que emita opiniones contrarias a la dictadura cívico-militar de Nicolás Maduro.


La ley está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, y establecer restricciones a la libertad personal que promueven tanto la censura como la autocensura.

El gobierno kirchenrista, por la creación del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, pretende instaurar un régimen policial (que en alguna medida la ministra de seguridad, Sabrina Frederic había anticipado cuando cometió el sincericidio de contar las tareas de ciberpatrullaje que su ministerio llevaba a cabo en las redes sociales) según el cual el gobierno tenga el control de lo que se dice y se publica tanto en medios periodísticos como en plataformas de redes sociales de ciudadanos individuales.

Bajo la órbita de la Defensoría del Público, el Observatorio tiene como tarea declarada “proteger” a las personas mediante la “detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.

Es decir, bajo la pantalla de vender y de pretender instalar la idea de que los que “odian” son “los otros” y no ellos, el gobierno quiere amordazar y terminar con el derecho a la libre expresión de las ideas, tal como lo garantiza el artículo 14 de la Constitución Nacional.

En primer lugar, habría que poner en claro rápidamente, cómo la verdadera usina del odio pegó un triple mortal en el aire y pretende pasar a la ofensiva acusando de “odiosos” a quienes son las víctimas de su odio.

En efecto, el peronismo, como todo movimiento basado en la lucha y el odio de clases, es por definición el germen que ha traído la división odiosa a la Argentina hace 75 años, instalando la idea de que, lo que le faltaba a unos, lo tenían los otros.

Esta idea de “unos” y “otros” es el verdadero embrión del odio y de la discordia y eso tiene un sello indudablemente peronista en la Argentina. Al respecto no puede caber ninguna duda.

En distintos momentos de la historia ese odio, incluso, adquirió formas violentisimas, con facciones de reconocido cuño peronista luchando entre ellas, tomado las armas, y llevando al país al borde mismo de una guerra civil con facciones enfrentadas a muerte que tuvieron su epítome por excelencia en aquel recordado regreso de Perón que terminó en una tarde trágica en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza en donde, al día de hoy, no se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió de ambos lados.

Que esta gente venga ahora a dar vuelta la tortilla y acusar a la sociedad no-peronista de “odio” es realmente un chiste de mal gusto. Y que encima, basado en eso, se genere un organismo para perseguir en nombre del “no-odio” lo que a ellos les parezca que los afecta, es una tergiversación y un avasallamiento de los derechos reconocidos por la Constitución de una magnitud tal que hay que trabajar mucho para conseguir algo que la emparde.

Ahora el fiscal Stornelli ha iniciado una acción y ha llamado a declaración indagatoria a Miriam Lewin. Stornelli solicitó además, como medida cautelar, el dictado de una “prohibición de innovar” u otra medida similar para “impedir la producción de cualquier acto administrativo”, decisión o ejecución de un órgano del Estado “que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio”. Eso, afirmó Stornelli, para evitar “un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa”.

El fiscal le presentó su requerimiento de instrucción a la jueza María Eugenia Capuchetti, que ahora deberá decidir qué medidas toma. Stornelli incluyó en su presentación un capítulo de “consideraciones finales”, dos páginas dedicadas a reflexiones y preguntas. “Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?”, fue el primero de los 16 interrogantes planteados por Stornelli. “¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándole a la esclava patente de corso? ¿No ha muerto la Mazorca? (…) ¿Se dictará una cuarentena mental?”.

El fiscal escribió además: “Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”. Stornelli fue procesado en diciembre pasado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como presunto responsable de una asociación ilícita en la causa conocida como “Caso D’Alessio”, donde se investigan maniobras de espionaje y extorsión.


En su presentación de hoy, el fiscal continuó: “¿Será que Robert Woodward y Carl Bernstein [los periodistas que investigaron el caso Watergate] podrían ser hombres libres en la Argentina; o habrían sido desarticulados por algún empleado de un oscuro Buró? ¿Alguna recóndita madriguera del aparato estatal estará incubando cuestiones similares, o incluso peores?”

Nestor Kirchner solía decir: “no escuchen lo que digo, miren lo que hago”. Y esas palabras caen como anillo al dedo ahora, luego de las discusiones que generó en el frente interno las votaciones de la Argentina sobre Venezuela en la OEA y en la ONU: olvidemos las votaciones que no son más que movidas para la gilada; lo que importa es lo que el gobierno hace. Y lo que el gobierno hace es replicar en la Argentina los institutos de la dictadura bolivariana.

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