La responsabilidad de la Justicia

La Justicia hoy rechazó la cautelar solicitada por Luis Etchevehere para desalojar el campo de Santa Elena, Entre Ríos, que fue usurpado y copado por una fuerza irregular al mando del terrorista Juan Grabois.

Se trata de una decisión judicial demoledora para la buena fe, para la gente honrada, para la vigencia de la ley y para la supremacía de la Constitución. Es como si casi todo estuviera perdido en la Argentina.

Ayer un periodista destruyó al aire a Juan Grabois simplemente poniendo en pantalla los documentos que demuestran insoslayablemente que Dolores Etchevehere vendió su parte en el campo ahora ocupado gracias a que su resentimiento familiar la llevó a franquearle la entrada a la tierra de su sangre, a esta horda .


Esas escrituras muestran meridianamente que Dolores Etchevehere no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. Para eso se firman esos papeles: para que en caso de duda, de modo inmediato y sin demora, recurriendo a ellos, se pueda descubrir rápidamente cuál es la verdad en una disputa entre posiciones diferentes.

Sin embargo, un juez, que además se supone que vive en esta Argentina actual, necesitada como el agua de normas claras para salir de una anomia agobiante, desconoció la contundente respuesta que emana de esos documentos públicos y, en su lugar, mandó a la familia a negociar un acuerdo “pacifico” para resolver la controversia.

Pero, perdón, este magistrado ¿sabe leer? No se necesita ni siquiera ser abogado -y mucho menos juez- para entender lo que dice la escritura por la cual Dolores Etchevehere vende (y una sociedad anónima le paga) sus acciones en la firma que controla la explotación agropecuaria en Santa Elena. El “acuerdo pacífico” que pide el juez ya existe y fue firmado por las partes en disputa hace ya años.

La cuestión trajo de inmediato a mi mente la situación que se produce cuando alguien reclama que “los argentinos deben sentarse alrededor de una mesa para decidir qué perfil de país quieren”.

Perdón, ¿pero no se supone que ese “perfil” ya fue definido hace casi 170 años en la Constitución? Solo habría que sentarse a leer ese documento para resolver la cuestión de “argentinos sentados alrededor de una mesa”: ya se sentaron alrededor de una mesa; hace más de medio siglo y firmaron un documento muy claro.

Cuando alguien se alza o desafía ese perfil, son los jueces los que deberían resolver la disputa poniendo en su lugar a quienes discuten el perfil que claramente define el principal documento jurídico del país.

Con lo de los Etchevehere ocurre, en pequeño, una cuestión similar: de nuevo un juez esquivándole el cuerpo a la jeringa, igual que los jueces de la Corte parecen estar haciendo con la resolución que comprende el traslado de sus colegas de cámara y de los tribunales federales.

Ese déficit de la Justicia ha sido sufrido por la Argentina de un modo que no sé si el hombre común alcanza a dimensionar. Muchos de los problemas cotidianos por los que atraviesa el argentino de a pie, desde la desvalorización de su moneda hasta la inseguridad (que está desembocando en que la gente está atrapando linchando y matando delincuentes por la calle por su propia mano) encuentra su explicación en que la Justicia no ha estado a la altura de las circunstancias.

Ahora este juez transmite una imagen -para sediciosos que estén dispuestos a imitar a los guerrilleros comandados por Grabois- de que la Justicia respalda el accionar violento, basado en el ejercicio de la fuerza bruta y de que ese comportamiento puede dar pie a la existencia de un derecho legal, estimulando, obviamente, a que otros hagan lo mismo. ¿Quién viviría en un país así, sino un conjunto de violentos?

Nada estará seguro en la Argentina a partir de ahora. Y cuando las cosas no están seguras, con el respaldo de una Justicia rápida e imparcial, los países se desbarrancan hacia la miseria porque los que están en condiciones de poner lo suyo a producir, se van.

Podemos discutir ideológica y clasistamente la idea de cómo se pone en marcha una economía que produzca buenos puestos de trabajo y bien pagos. Pero lo cierto es que desde hace muchos cientos de años la prueba empírica demuestra que los países que multiplican su riqueza y mejoran el estándar de vida de sus pueblos son los que aseguran la propiedad a los que pueden ponerla a trabajar en beneficio de todos. Si esa propiedad no es segura, sus dueños se van y la riqueza que podría generar su propiedad puesta a trabajar sencillamente no se genera por lo que, los que creen que van a estar mejor, estarán peor.


La Argentina ha producido al menos tres generaciones de juristas (si es que se los puede llamar así) que no tienen estos conceptos claros. O peor aún: que los desconocen o los rechazan.

Del mismo modo, el país también ha replicado jueces que se alzan contra el principio de que las conductas son delitos porque están mal; no es que están mal porque son delitos. Es decir, existe un orden natural superior al jurídico que no puede ser desafiado sin consecuencias. Si ese desafío se produce la gente termina cazando y matando delincuentes por la calle y publicando la filmación en las redes sociales.

Si la Justicia no es capaz de poner las cosas en su lugar aún frente a la existencia de documentos claros (como son la Constitución o las escrituras de los Etchevehere) el país confirmará su anomia profunda y su horizonte no será otro que la violencia y la miseria

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