¿Por qué en la Argentina se tolera la prepotencia de quienes invocan la justicia social, pero se desata un escándalo cuando Javier Milei responde con modales poco distinguidos?
Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay una paradoja que atraviesa la política contemporánea: las sociedades suelen mostrar una llamativa indulgencia con quienes justifican sus atropellos en nombre de causas supuestamente nobles, mientras se escandalizan cuando sus adversarios responden sin la corrección verbal que se espera de ellos. En la Argentina, esta contradicción tiene una historia particularmente extensa y un protagonista político ineludible: el peronismo, en buena parte de sus expresiones, ha hecho de la confrontación, la presión sobre sus adversarios y la pretensión de representar en exclusiva al pueblo herramientas recurrentes de su accionar político.
No se trata de afirmar que todas las expresiones del peronismo sean idénticas, sino de señalar una constante de nuestra vida pública: demasiadas veces, la intimidación parece tolerable cuando la ejercen quienes dicen defender a los humildes, pero se convierte en un escándalo cuando quien la desafía rompe los códigos tradicionales de la política.
Así, cuando Javier Milei emplea expresiones agresivas para referirse a sus adversarios, sectores que durante años convivieron con la descalificación sistemática del que pensaba diferente descubren repentinamente la importancia de las formas, la moderación y el respeto institucional. ¿Dónde estaba esa sensibilidad cuando se hostigaba a la prensa crítica, se señalaba a empresarios como enemigos del pueblo o se pretendía convertir cualquier discrepancia con el oficialismo en una demostración de insolidaridad social?
El problema no es exigir buenas formas. Es exigirlas selectivamente. Milei puede y debe ser cuestionado por su lenguaje: la investidura presidencial exige responsabilidad y sus palabras tienen consecuencias. Pero ese estándar debe aplicarse a todos. No puede ser una exigencia exclusiva para quien desafía los códigos de la política tradicional, mientras se relativizan las conductas de quienes utilizaron el aparato estatal, la presión corporativa o la movilización callejera para condicionar a sus adversarios.
Una cosa es la descortesía y otra, muy diferente, el atropello. Una expresión vulgar puede resultar desagradable; el uso del poder para intimidar, restringir derechos o perjudicar al adversario puede tener consecuencias mucho más graves. Confundir ambas cosas supone perder de vista la dimensión real de los problemas.
Parte de la explicación reside en la superioridad moral que ciertos sectores se atribuyen por presentarse como defensores de los pobres, los trabajadores y los excluidos. Bajo esa lógica, la causa invocada parece justificar los métodos empleados. Quien cuestiona esos procedimientos queda expuesto a la acusación de defender privilegios o carecer de sensibilidad social. Pero ninguna bandera otorga inmunidad moral. La pobreza no puede ser una patente de corso, ni la representación de los trabajadores una autorización para atropellar derechos ajenos.
La justicia social puede expresar preocupaciones legítimas. El problema aparece cuando ese lenguaje sirve para encubrir clientelismo, intereses corporativos, dependencia política o resistencias a reformas que amenazan posiciones adquiridas. No todo peronista es populista ni toda política social implica un atropello. Pero tampoco basta con invocar a los vulnerables para convertir cualquier decisión en legítima.
Aquí aparece otra confusión fundamental: la igualdad ante la ley no significa igualdad de resultados. Una sociedad libre debe garantizar que todos gocen de la misma protección jurídica, no que el Estado pueda imponer una nivelación material a cualquier precio. La propiedad privada, el mérito y la libertad económica no son privilegios vergonzantes, sino pilares de la autonomía individual. El éxito legítimo no convierte a nadie en culpable, del mismo modo que la pobreza no transforma automáticamente a nadie en acreedor de los bienes ajenos.
Milei llama “empobrecedores seriales” a quienes considera responsables de políticas socialistas, populistas e intervencionistas que, a su juicio, condenaron a la Argentina al estancamiento. Incluye también a quienes sostienen esas ideas desde posiciones más moderadas, institucionales o discursivamente correctas. Se puede discutir la precisión de esa calificación y la responsabilidad de cada corriente política en el deterioro argentino. Lo que no tiene sentido es pretender que el debate sobre esas responsabilidades sea ilegítimo porque el presidente lo plantea con un lenguaje áspero.
Durante demasiado tiempo confundimos la moderación verbal con la moderación de las ideas, y la corrección discursiva con la legitimidad de las conductas. Un dirigente puede hablar con elegancia y defender políticas perjudiciales para la libertad; otro puede expresarse de manera ofensiva y formular críticas que merecen ser discutidas. Las formas importan, pero no sustituyen el análisis de los hechos.
La cuestión de fondo es por qué algunos descubren la importancia del respeto cuando les toca recibir las palabras que durante años consideraron aceptables cuando eran dirigidas contra otros. ¿Se condena realmente la prepotencia o solamente se condena a quien la ejerce fuera de los códigos habituales del sistema?
La Argentina necesita abandonar esa doble vara. Milei no debe quedar exento de críticas por sus expresiones, pero sus adversarios tampoco pueden presentarse automáticamente como guardianes de la convivencia sin hacerse cargo de las prácticas de presión, confrontación y descalificación que caracterizaron a buena parte de nuestra historia política.
Una democracia madura debe distinguir entre la crítica legítima, la descortesía, la intimidación y el abuso de poder. La justicia social no justifica el atropello; la defensa de la propiedad privada tampoco autoriza el abuso. La responsabilidad presidencial exige respeto institucional, pero la oposición tiene las mismas obligaciones democráticas.
La prepotencia no se vuelve aceptable porque invoque al pueblo, ni una crítica pierde automáticamente su valor porque esté formulada con malos modales. Ha llegado la hora de juzgar a todos con la misma vara: no solamente por cómo hablan, sino también por lo que hacen con el poder, los derechos y la libertad de los demás.
