THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hoy el mundo universitario volverá a las calles con la convocatoria a la cuarta “marcha federal” en defensa del financiamiento universitario. Y lo primero que corresponde decir, antes de cualquier otra consideración política, ideológica o sentimental, es algo extremadamente simple: ese financiamiento fue aprobado por el Congreso de la Nación y contemplado dentro de la ley de presupuesto cuyo proyecto, además, fue enviado originalmente por el propio gobierno.

Hasta ahí no debería haber demasiada discusión.

Sin embargo, las universidades aseguran que el gobierno no está cumpliendo la ley mientras el gobierno afirma exactamente lo contrario: que sí la está cumpliendo. Y allí es donde el asunto empieza a adquirir ribetes absurdos. Porque no estamos hablando de interpretaciones filosóficas sobre la esencia del Estado ni de discusiones metafísicas sobre el sexo de los ángeles. Estamos hablando de números. De partidas presupuestarias. De transferencias. De dinero que salió o no salió.

En un caso así no pueden convivir dos extremos que digan exactamente lo opuesto sin que alguien esté faltando gravemente a la verdad. Los fondos fueron enviados o no fueron enviados. Punto. No parece una cuestión particularmente compleja para un país que produce matemáticos, contadores y economistas en cantidades industriales.

Por eso el gobierno debería hacer algo elemental: mostrarle a la sociedad, en un no tan imaginario pizarrón negro, los números exactos de su posición si es que efectivamente tiene razón. Cuánto debía enviarse. Cuánto se envió. Cuándo se transfirió. Qué parte se actualizó. Qué parte no. Qué reclamo concreto carece de fundamento y cuál podría tenerlo.

La claridad, en estos casos, no es un lujo: es una obligación política.

Ahora bien, también es cierto que el universo universitario carga con un problema de credibilidad construido por él mismo. Porque nadie ignora que dentro de ese mundo existe una presencia abrumadora de militancia opositora mezclada con la vida académica. Y porque, además, el ecosistema “cultural” y “científico” argentino parece haber encontrado históricamente —por insondables razones que darían para otra columna— una inclinación casi automática a enfrentarse con cualquier experiencia política que diga defender principios liberales.

No ocurre solamente en la Argentina, desde luego. Pero aquí el fenómeno adquiere niveles caricaturescos.

El colmo de la hipocresía aparece cuando uno ve montados sobre ese caballo a personajes como Axel Kicillof y a buena parte del arco kirchnerista. Los mismos que hoy se presentan como custodios sagrados de la universidad pública fueron quienes durante el último gobierno recortaron decenas de miles de millones del presupuesto universitario y transformaron muchas casas de estudio en verdaderos comités permanentes de conspiración política antes que en centros dedicados prioritariamente a la excelencia académica.

El kirchnerismo politizó las universidades, las dividió, las colonizó ideológicamente y convirtió buena parte de sus estructuras en aparatos de reproducción partidaria. Resulta difícil no advertir la contradicción cuando ahora se pretende hablar desde una supuesta neutralidad republicana.

Pero hay otro detalle que tampoco debería pasar inadvertido y que tiene que ver con algo aparentemente menor: la semántica.

La persistente necesidad de agregar la palabra “federal” a toda movilización o reclamo que aspire a legitimarse socialmente no es inocente. En un mundo moldeado desde hace décadas por la astucia cultural de Antonio Gramsci, las palabras jamás son neutras.

“Marcha federal”. “Encuentro federal”. “Universidad federal”. El adjetivo parece invocar automáticamente una especie de representación telúrica de la patria profunda, del gauchaje auténtico, de las raíces nacionales. Del otro lado quedarían, implícitamente, los extranjerizantes, los elitistas, los desarraigados, aquellos que querrían “desargentinizar” la Argentina.

Muchos dirán que exagerar sobre estas cosas es una obsesión. Puede ser. Pero la experiencia empírica demuestra una y otra vez que la demagogia simbólica rara vez es casual.

Como sea, este asunto necesita terminar.

Y necesita terminar, en primer lugar, por conveniencia del propio gobierno. Porque una administración que intenta impulsar un cambio profundo de concepción económica y cultural no puede regalarle permanentemente a sus adversarios causas nobles alrededor de las cuales reagruparse. Mucho menos cuando detrás de muchas de esas banderas legítimas también se esconden intereses corporativos, políticos y personales de no pocos vivos acostumbrados a vivir del Estado mientras hablan en nombre del pueblo.

Pero también debe terminar por una razón institucional más elemental todavía: en una república las leyes votadas por el Congreso no son optativas. Son obligatorias.

Y eso vale aun cuando durante más de treinta años una escuela política fundada por Néstor Kirchner haya intentado naturalizar exactamente lo contrario: que un caudillo circunstancial puede ignorar lo que votan los legisladores o lo que refrendan los jueces según su conveniencia del momento.

Si la ley se cumple, el gobierno debe demostrarlo de manera irrefutable.

Y si no se cumple, entonces debe cumplirla. Porque la matemática podrá manipularse en discursos, pero los números —al final del día— siguen teniendo la desagradable costumbre de decir la verdad.