Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Existe una paradoja que atraviesa la política, la cultura y hasta la vida cotidiana: casi todos dicen desear el orden, pero muy pocos sienten verdadera simpatía por quienes se dedican a imponerlo. En cambio, el desorden, el conflicto y la transgresión suelen despertar una fascinación inmediata, incluso cuando terminan perjudicando a quienes los celebran. El orden es respetado, pero rara vez amado. El “lío”, en cambio, suele ser comprendido, justificado e incluso romantizado.
No es un fenómeno nuevo. La historia de la humanidad está llena de héroes rebeldes y de autoridades impopulares. La literatura, el cine y el arte construyeron buena parte de sus personajes más memorables alrededor de quienes desafían las reglas. Robin Hood roba; el pirata desafía al imperio; el detective rompe los procedimientos; el revolucionario desafía al Estado. En cambio, el administrador eficiente, el juez que hace cumplir la ley o el funcionario que simplemente evita el caos difícilmente ocupen el centro de una epopeya.
La razón es psicológica antes que política. El orden exige límites. Obliga a aceptar que no todo deseo puede satisfacerse inmediatamente, que existen normas impersonales y que las consecuencias importan. El desorden, por el contrario, ofrece una ilusión de libertad instantánea. Hace sentir que las restricciones desaparecen y que la voluntad individual puede imponerse sobre cualquier regla. Esa sensación produce una gratificación emocional poderosa, aunque sea efímera.
El problema es que las sociedades no viven de emociones pasajeras. Viven de instituciones estables. Los mercados funcionan porque existen contratos. Las ciudades funcionan porque existen normas de tránsito. La convivencia depende de reglas compartidas. Incluso la libertad necesita orden para existir. Allí donde nadie hace cumplir la ley, la libertad desaparece rápidamente y es reemplazada por el dominio del más fuerte.
Sin embargo, quienes ejercen esa función suelen cargar con el costo político. El policía que pone una multa genera más rechazo que quien estacionó donde quiso. El gobierno que reduce un déficit mediante ajustes resulta menos popular que el que distribuye beneficios imposibles de financiar. El juez que condena conforme a la ley recibe más críticas que quien promete comprensión ilimitada hacia el infractor.
La explicación reside también en un sesgo profundamente humano: tendemos a personalizar el costo inmediato y a invisibilizar el beneficio colectivo. La multa tiene rostro; el accidente que no ocurrió gracias al respeto de las normas no lo tiene. El recorte presupuestario es tangible; la crisis que logró evitarse permanece invisible. El éxito del orden consiste precisamente en impedir que sucedan cosas malas, pero aquello que no ocurre jamás ocupa un titular.
La política moderna ha aprendido a explotar esta inclinación. Prometer soluciones fáciles resulta electoralmente mucho más rentable que explicar restricciones inevitables. El dirigente que anuncia nuevos derechos obtiene aplausos inmediatos; quien recuerda que todo derecho necesita ser financiado suele ser acusado de insensible. El populismo, en cualquiera de sus variantes ideológicas, vive precisamente de esa asimetría entre la emoción presente y la responsabilidad futura.
También los medios de comunicación participan, muchas veces involuntariamente, de esta lógica. El conflicto vende. El escándalo atrae audiencia. La protesta ocupa las pantallas mucho más que la normalidad. Una jornada sin incidentes carece de valor periodístico. El caos genera imágenes; el orden produce rutina. Como consecuencia, la percepción pública termina sobreestimando la importancia del conflicto y subestimando el valor de la estabilidad.
Pero el orden tampoco debe confundirse con autoritarismo. Existe una diferencia esencial entre imponer reglas para proteger la libertad e imponer obediencia para eliminarla. Las sociedades abiertas necesitan leyes firmes precisamente para preservar el espacio donde cada individuo pueda desarrollar su proyecto de vida. El verdadero orden no consiste en controlar personas, sino en hacer cumplir normas generales aplicables a todos por igual.
Cuando las reglas dejan de ser impersonales y comienzan a favorecer a unos sobre otros, el orden pierde legitimidad y aparece la simpatía por la rebeldía. Nadie siente obligación moral de respetar instituciones percibidas como injustas. De allí que la fortaleza del Estado de Derecho dependa tanto de la igualdad ante la ley como de la existencia misma de la ley.
Quizá por eso la defensa del orden sea una tarea intelectualmente ingrata. Exige explicar procesos complejos frente a consignas simples. Obliga a pensar en décadas cuando la opinión pública vive pendiente del próximo titular. Requiere aceptar costos presentes para obtener beneficios futuros que muchas veces disfrutarán otros.
Sin embargo, toda civilización duradera se construyó sobre esa paciencia. Los puentes, las universidades, los sistemas judiciales, las constituciones y las economías prósperas son el resultado de generaciones que eligieron instituciones antes que impulsos. Ningún país alcanzó el desarrollo permanente celebrando el caos como forma de gobierno.
La simpatía por el “lío” -ese disturbio reivindicado por quien quizás haya sido el Papa más demagogo de los últimos 100 años- responde a una pulsión comprensible. Representa la ilusión de que las reglas son un obstáculo para la felicidad. La impopularidad del orden, en cambio, nace de una verdad incómoda: la libertad auténtica nunca florece en ausencia de límites, sino dentro de un marco institucional que proteja a todos por igual.
El desafío de cualquier sociedad madura consiste precisamente en reconciliar esas dos intuiciones. Entender que el orden no es el enemigo de la libertad, sino su condición indispensable. Porque el caos puede resultar seductor durante un instante, pero solo el orden permite construir un futuro.
