Finalmente el pueblo encontró culpable a Cristina Fernández de Kirchner por haberle robado dinero de los bolsillos a los argentinos durante gran parte del mandato que la tuvo como presidente de la República.

Es la primera vez en el país que un vicepresidente en ejercicio es condenado a prisión por actos de corrupción que cometió cuando había sido presidente.

El fiscal ya anunció que apelará el fallo que no le concedió su pedido de una condena más amplia por considerar que Kirchner era también la jefa de una banda criminal que coordinó dolosamente y de acuerdo a un plan predeterminado un objetivo de saqueo de los dineros públicos.

El fallo nos deja una conclusión importante en la que se deberá machacar de ahora en más y de la cual depende que toda la comprensión que la sociedad tiene de cómo funciona el sistema de gobierno del pueblo sea ampliada y finalmente entendida como corresponde.

Lamentablemente nuestra herencia hispánica se hizo notar -y mucho- en todo lo que hace al funcionamiento de la Justicia, impactando incluso en la terminología que se utiliza en los tribunales y en la que los medios usan para referirse a cuestiones judiciales.

En una República representativa como es la Argentina el pueblo, por medio de sus representantes, gobierna, legisla y juzga.

Cuando un ciudadano es sometido a una causa de acción pública, de orden federal, las partes de esa contienda son, de un lado, “el pueblo” -representado por el Ministerio Público- y del otro el presunto ofensor, el acusado.

El tribunal que escucha los argumentos del pueblo y de la defensa también integra el gobierno republicano que supone que la voluntad popular se haya de algún modo involucrada en el proceso de elección, en este caso de los jueces.

Los jueces son elegidos de entre una terna que un instituto integrado por la elección directa o indirecta de toda la sociedad (el Consejo de Magistratura) le presenta al presidente (que, a su turno, había sido elegido por el pueblo). El candidato seleccionado, a su vez, debe aprobar la audiencia de confirmación del Senado (también elegido por el pueblo).

Por lo tanto, es de la mayor urgencia terminar con la instalada cantinela de que el Poder Judicial no es un poder del pueblo. El Poder Judicial es un poder del pueblo. Un poder llamado a contener los excesos en los que son muy proclives en caer lo poderes políticos surgidos de una elección y también un poder destinado a defender los intereses patrimoniales del pueblo cuando estos pueden ser objeto de defraudación por parte de quienes tienen acceso a los fondos públicos, es decir, a los dineros del pueblo.

Siguiendo este razonamiento, el fallo de ayer debe leerse como que Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable del delito de haberle sustraído del bolsillo de los argentinos dinero que les pertenecía a ellos para robárselo y llevarlo a sus arcas personales.

Las palabras “defraudación en perjuicio de la administración pública”, “corrupción”, “fraude al Estado” (que se derivan de nuestra tradición hispánica de la Casa de Contratación de Sevilla pero que no son compatibles con el gobierno del pueblo) solo confunden y no ayudan a que la sociedad aprenda a manejarse según el sistema que la Constitución creó para que vivamos.

Cristina Fernández de Kirchner le robó al pueblo. Al mismo pueblo que usa demagógicamente para encubrir sus correrías y al que engaña para mantener un respaldo que distraiga la comisión de sus delitos.

Más allá de todas esas cortinas fascistas de humo, un fiscal que representa los intereses de la sociedad estudió, acumuló y sistematizó las evidencias condenatorias y las expuso ante un tribunal que, luego de escuchar a la defensa, las evaluó y tomó una decisión.

En ese desafío que Cristina Fernández de Kirchner le planteó al pueblo (de robarlo mientras le decía que lo ayudaba) el tribunal encontró suficientes pruebas como para desentrañar una fabulosa transferencia de recursos desde los bolsillos de los ciudadanos a los bolsillos personales de la Sra. Kirchner y su familia. Eso es lo que fue constatado, probado y sentenciado.

De ahora en más asistiremos a formidables operaciones de inteligencia, a volteretas terminológicas, a mentiras lisas y llanas, a ediciones truchas de textos íntimos invadidos por la vigilancia paraestatal, en fin, todo con el objetivo de demostrar que la delincuente sentenciada fue condenada por un tribunal clasista, incrustado en la democracia desde las rémoras de sistemas superados. Falso.

Lo que la evolución de las ideas políticas superó fue la instancia en la que todo el poder era manipulado por las mismas personas y las mismas familias, en detrimento de las mayorías hambreadas.

Ese sistema, que en la Argentina fue vencido en Caseros, se restauró exitosamente con la aparición del rosismo del siglo XX, el peronismo. Bajo el engaño de que lo “popular” era instalar un concepto clasista de pueblo, según el cual “el pueblo” son las clases de menores recursos, los pobres, los “trabajadores” y una serie de connotaciones insidiosas similares, se pretendió dividir a la sociedad hasta hacerla creer que “el pueblo” son solo las “grandes mayorías populares” y que todo lo demás es antipueblo, antiargentino, antipatria.

En esa inteligencia se dispuso de un aparato de lavado colectivo de cerebro (básicamente por una acción muy profunda en los colegios primario y secundario de donde desapareció la enseñanza de la materia “Educación Cívica” que básicamente consistía en familiarizar a los alumnos con la Constitución, sus fuentes, su historia y su funcionamiento) para llevar al hipotálamo cerebral la idea de que la Justicia no es un poder del pueblo sino un poder al servicio del antipueblo que resiste el avance de las “grandes mayorías populares”.

Este verso recibió una dosis de retropropulsión muy notoria durante el apogeo del kirchnerismo que sabía que ese mecanismo era funcional al robo que ya había comenzado a perpetrar tras las bambalinas del gobierno.

El fallo de ayer es un primer tiro a la línea de flotación de esa farsa. Como sugerimos hace un par de días, para empezar a ordenar un poco las mentes de los argentinos desde el mismísimo uso del lenguaje, las causas que involucran el enfrentamiento de los intereses de lo que hasta ahora hemos llamado “Estado” y de algún individuo en particular (incluidos naturalmente los funcionarios que hayan llegado a los estamentos más encumbrados del poder) deberían dejar de caratularse con el nombre burocrático de la causa para transmitir desde la misma presentación del caso el enfrentamiento de intereses entre el pueblo y un individuo particular.

En el caso que nos ocupa, el expediente no debió conocerse públicamente como “Causa Vialidad” sino como “El pueblo contra Cristina Fernández de Kirchner y otros”. De haber sido así, desde la simpleza de esa denominación todos habrían sabido cuáles eran los intereses que se enfrentaban: los del pueblo por un lado y los personales de Kirchner por el otro.

Hay una gran tarea de docencia sistémica por delante. Una de las herramientas más poderosas para hacer docencia es el lenguaje. Comencemos a llamar a las cosas por su nombre para que hasta el último lego de la sociedad sepa cómo debe funcionar el sistema en el que vive.