Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Lo primero que se escuchó en los días previos a la cadena nacional del presidente Javier Milei para anunciar las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y una serie de medidas de política económica, fue una catarata de preguntas acerca de cómo se le ocurría utilizar semejante instrumento para dar a conocer decisiones de esa naturaleza.
Los comentarios, en muchos casos cargados de ironía, giraban alrededor de la supuesta obsesión del Presidente con estas cuestiones. “Claro, como tiene el poder para hacerlo, no iba a perder la oportunidad de usar su juguetito”, decían unos. Otros se preguntaban si no había temas “más importantes” para justificar una cadena nacional. Como suele ocurrir en la Argentina, una parte importante del debate volvió a detenerse en las formas, mientras el fondo pasaba prácticamente inadvertido.
Sin embargo, si el verdadero objetivo de un gobierno consiste en proteger las posesiones de los argentinos y, en definitiva, el fruto del trabajo de millones de personas, probablemente no existan instrumentos más importantes que los anunciados ayer.
Puede ser que el contenido específico de las medidas tenga un componente técnico que escape a buena parte de la audiencia. No todos tienen la obligación de entender los detalles jurídicos de la Carta Orgánica del Banco Central ni los mecanismos mediante los cuales funciona una autoridad monetaria. Pero el fondo de la cuestión es extraordinariamente sencillo.
Mientras los demagogos llenan plazas y estudios de televisión prometiendo que van a defender el bolsillo de la gente, existe una manera concreta, efectiva y comprobable de hacerlo: proteger el valor de la moneda. Porque el salario, la jubilación, los ahorros y el patrimonio de cualquier ciudadano no dependen de los discursos emotivos sino de que esos billetes que tanto esfuerzo costó ganar conserven su capacidad de compra.
Y esa capacidad desaparece cuando un conjunto de irresponsables se dedica a falsificar dinero por la vía de imprimirlo sin respaldo para financiar los excesos de un Estado incapaz de vivir dentro de sus posibilidades.
Resulta casi increíble que una sociedad que ha sufrido como pocas los efectos devastadores de la inflación todavía no termine de comprender esta verdad elemental. Desde que el Banco Central fue creado en 1935, la inflación acumulada alcanza casi los trece trillones por ciento. No existe en la historia económica moderna un testimonio más contundente acerca de la capacidad destructiva de una moneda administrada como un juguete por la política.
Y, sin embargo, todavía hay quienes siguen creyendo que la inflación es una especie de fenómeno meteorológico, una fatalidad inevitable o una consecuencia del “mercado”, cuando en realidad es el resultado directo de decisiones humanas tomadas por funcionarios que jamás pagan personalmente el costo de sus propios desastres.
Mientras millones de argentinos ven desaparecer el poder adquisitivo de su trabajo, quienes provocan semejante desastre permanecen protegidos por los privilegios del poder. Ellos no sienten en carne propia las consecuencias de sus sandeces, en el mejor de los casos, o de sus verdaderos crímenes, en el peor. Porque el Estado que administran también los blinda de las consecuencias de sus propios actos.
Por eso, si la legislación que modifica la Carta Orgánica del Banco Central logra finalmente ser aprobada por el Congreso, la Argentina habrá dado un paso institucional gigantesco. A partir de ese momento no podrá volver a financiarse al Tesoro mediante la simple fabricación de dinero falso.
Y si en algún momento existiera una diferencia entre los recursos disponibles y los gastos que el Estado pretende afrontar, entonces será el Congreso el que deberá discutir cómo equilibrar las cuentas públicas de manera genuina, preferentemente sin aumentar los impuestos que ya soportan los argentinos.
Mientras esa discusión se produzca, el Estado deberá asumir las consecuencias de su propia incapacidad para alcanzar acuerdos. Todos los gastos burocráticos deberán detenerse, comenzando por los sueldos de toda la clase política, en una situación semejante a los “shutdown” que periódicamente ocurren en los Estados Unidos. Será la política la que deba sufrir las consecuencias de sus desacuerdos y no, como ocurrió durante décadas, los ciudadanos mediante el impuesto inflacionario.
Pero la reforma va todavía más allá.
También propone dotar a las máximas autoridades del Banco Central de un respaldo institucional mucho más sólido mediante el acuerdo del Senado para sus designaciones y la necesidad de contar con mayorías calificadas del Congreso para removerlas de sus cargos.
Naturalmente, semejante propuesta ya despertó las críticas no sólo de quienes podrían verse directamente afectados, sino también de una verdadera manga de garrapatas que, aun presentándose como actores privados, viven desde hace décadas del curro público. Entre ellos se destacan algunos comunicadores que han hecho de los presupuestos oficiales de comunicación su principal fuente de ingresos y que durante años actuaron como simples poleas de transmisión de los mensajes del poder de turno.
El argumento que utilizan resulta casi conmovedor. Dicen que un esquema semejante pone “en peligro la democracia” porque incluso el propio Presidente de la Nación, elegido por el voto popular, tendría las manos atadas frente a las restricciones impuestas por una autoridad monetaria independiente.
Y sí… Precisamente de eso se trata. De impedir que un demagogo con buena labia arruine la vida de todo un pueblo. De evitar que un dirigente simpático, hábil para emocionar y extraordinariamente eficaz para contar cuentos pueda destruir nuevamente el valor de la moneda utilizando el Banco Central como una imprenta al servicio de sus necesidades políticas.
Porque la verdadera democracia no consiste en que quien gana una elección pueda hacer cualquier cosa. La verdadera democracia consiste precisamente en limitar el poder, incluso —y especialmente— el poder de quienes fueron elegidos por el pueblo.
Porque también los pueblos se equivocan. Y cuando un pueblo prefiere que le endulcen el oído antes que conservar una moneda sana en el bolsillo, el resultado termina siendo siempre el mismo: más pobreza, más dependencia y más frustración.
La evolución de esta propuesta permitirá sacar conclusiones que van mucho más allá de la economía. Si avanza en el Congreso, será una señal de que la clase política finalmente comprendió que ha llegado la hora de votar una legislación que limite su propio poder para beneficiar a los ciudadanos, esos mismos por los que tanto dicen desvivirse en cada campaña electoral. Si fracasa, quedará demostrado, una vez más, que una parte importante de la dirigencia argentina sigue utilizando la política exclusivamente como un vehículo para beneficiarse a sí misma.
Pero también será una señal acerca de nosotros mismos. Porque si una iniciativa de esta naturaleza no prospera, significará que buena parte de la sociedad argentina sigue perteneciendo a esa categoría de pueblos que prefieren un cuento bien contado por un personaje simpático y carente de escrúpulos antes que una realidad incómoda explicada por alguien quizás menos agradable, pero que está haciendo, por primera vez en muchísimo tiempo, algo concreto para proteger de verdad el patrimonio, el trabajo y el futuro de los argentinos.
