El terrorismo en el Sur

Vale la pena aclarar que este comentario se escribe muy temprano en la mañana. Lo digo porque cuando estas líneas lleguen al lector probablemente hayan ocurrido ya (ojalá que no) los hechos de los que vamos a hablar.

Desde 2017, en que la Gendarmería repelió un ataque armado de los terroristas seudomapuches dando muerte a Rafael Nahuel, los vecinos decentes que han invertido allí el fruto de su trabajo de toda su vida no hacen otra cosa más que vivir en ascuas cada 25 de noviembre, fecha en la que sucedieron los hechos hace 4 años.


Diego Frutos, el presidente de la Asociación Vecinal de Villa Mascardi, hizo un desesperado pedido a la gobernadora de Río Negro para que arbitre los medios provinciales necesarios para defender a los vecinos y para que haga lo que debe hacer en orden a lograr la intervención de la Justicia Federal en la provincia.

La nota anticipa que pueden ocurrir hechos graves que pueden poner en peligro la vida y las propiedades de la gente honesta que fondea con el pago de sus impuestos los estipendios de la municipalidad y también de la provincia.

La presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, ha dicho que el gobierno nacional no enviará ninguna ayuda para proteger a los vecinos.

Especulando con la inocente ignorancia de la mayoría rasa de la población (que no tiene por qué saber que es una obligación ineludible del gobierno brindar apoyo a las provincias que vean en peligro su seguridad interior y que incluso hagan peligrar el normal funcionamiento de las instituciones republicanas) persiste en su postura de apoyar a los insurrectos y dejar a los inocentes librados a la buena de Dios.

El gobierno peronista está siendo funcional a la perdida de soberanía territorial de la Argentina; está siendo cómplice de una banda de delincuentes que quieren quedarse con una parte del territorio nacional. Y el gobierno peronista le presta apoyo a esos subversivos y se lo niega a los ciudadanos honestos que respetan la Constitución y las leyes que ellos ignoran.

¿Cómo se llama eso sino traición? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Destruir el país? ¿Degradarlo y desmoralizarlo hasta que no quede nada de él?

Si no es esto, se le parece bastante.

Muy graves son las denuncias que hacen los vecinos de Bariloche, El Bolsón y las villas Mascardi, Traful y La Angostura. Ellos afirman que desde todo el país están llegando a la región delincuentes comunes de toda laya advertidos de que allí se pueden cometer delitos “legalmente”. Se calzan unas vinchas y unos ponchos y, así disfrazados, se lanzan a robar tierras, arrogarse su propiedad, levantar una bandera “revolucionaria” y, encima, contar con el paraguas protector nada más y nada menos que del aparato estatal del gobierno central.

Se trata de otra versión de lo que ha ocurrido en el país: la Argentina no es un país que está en manos de políticos que se convirtieron al crimen en el ejercicio de sus funciones sino que está en manos de criminales que, disfrazados de políticos, llegaron al gobierno.

De a poco el país se ha convertido en una especie de fenómeno según el cual las diversas formas del delito identifican una bandera “legal” para cubrir sus actividades y, desde allí, delinquen con la protección de la ley.

No en vano el Che era argentino. Lo contábamos ayer: su real vocación (confesada por él mismo en una carta a su padre) era matar gente. ¿Cómo podía enmascarar ese hobby para que no solo dejara de ser delito sino que se convirtiera en algo heroico? Pues convertirse al comunismo revolucionario: en él sus asesinatos no serían asesinatos sino mojones de la Revolución.

La sociedad argentina debería estar advertida de que su gobierno defiende a quien la ataca. En la propia cara de la gente afirma que no es su deber actuar frente al terrorismo subversivo y, como ya hizo la ex ministra de seguridad Sabina Frederic, manda a perseguir judicialmente a quienes solo pretenden defender sus vidas y sus bienes.

Fue Magdalena Odarda la que encendió la chispa de lo que ocurrió el domingo pasado en Cuesta del Ternero, cerca del El Bolsón, al decir que habían sido los encapuchados terroristas los atacados con armas de fuego cuando son ellos los que asuelan con el terror a toda la comunidad.

El gobierno observa impávido cómo estos facinerosos talan árboles milenarios, encienden fuegos peligrosos, cortan rutas federales (otra razón para la intervención del gobierno central) rompen e incendian todas las propiedades que pueden, convirtiendo lo que hasta no hace mucho era un paraíso en una toldería miserable, rota, decadente, insegura, presa del terror y de la locura.

Toda esta insania debe terminar. De inmediato. El orden de la Constitución debe ser restaurado y la paz recompuesta en todo el territorio nacional.


Parece increíble pero casi 170 años después de sancionada la Constitución, el peronismo ha deshecho prácticamente todos los objetivos del preámbulo: la unión nacional, el afianzamiento de la justicia, la consolidación de la paz interior, la provisión de la defensa común, la promoción del bienestar general, y, desde ya, la garantía de los beneficios de la libertad.

Todos esos sueños por los que nació este país, fueron uno a uno destruidos por un virus fulminante que no dejó nada en pie.

Dios quiera que cuando el día termine los vecinos de Bariloche y de El Bolsón no hayan tenido que lamentar una jornada más de terror y abandono. Pero alguna corriente sensata alguna vez, algún día, deberá poner todo esto en su lugar.

Por Carlos Mira
Si querés apoyar a The Post Argentina, podés hacerlo desde aquí.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.