Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial
Hay algo profundamente revelador en la manera en que los argentinos entendemos el poder. O, mejor dicho, en la manera en que lo malentendemos.
La potencia política, mediática y simbólica que tiene la figura del Presidente de la Nación ha terminado por borrar de la conciencia colectiva la forma en que la Constitución imaginó la organización del gobierno. Da igual quién ocupe el sillón de Rivadavia. Perón, Alfonsín, Menem, Kirchner, Macri o Milei. El fenómeno es siempre el mismo: toda la atención pública converge sobre la Casa Rosada como si allí residiera la totalidad del Estado.
Y cuando la mirada social consigue despegarse unos centímetros del Presidente, rara vez viaja más allá del Congreso. Los políticos, los legisladores, las disputas partidarias, las sesiones parlamentarias y las internas de los bloques monopolizan el debate público. Pareciera que la República se agotara entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Sin embargo, quienes escribieron la Constitución tenían una concepción muy diferente acerca de cómo debía funcionar el gobierno.
No quiero decir con esto que Alberdi hubiera imaginado una república gobernada por jueces. Después de todo, fue el propio Juan Bautista Alberdi quien sostuvo que la Argentina necesitaba un rey con el nombre de presidente. Conocía perfectamente las inclinaciones caudillistas del país y sabía que la autoridad política debía ser fuerte para garantizar el orden y la organización nacional.
Pero el tucumano jamás habría imaginado que el Poder Judicial —por su propia inoperancia, por su progresiva falta de jerarquía intelectual y por el deterioro de sus estándares profesionales— terminaría convirtiéndose en la caricatura institucional que observamos hoy.
Si el profesor Agustín Gordillo despertara de su tumba, difícilmente podría creer lo que ocurre en la Argentina. El país que durante décadas intentó construir una tradición respetable de Derecho Administrativo ha terminado produciendo una maquinaria judicial lenta, burocrática, corporativa y extraordinariamente distante de las necesidades de la sociedad.
Naturalmente, si algo le faltaba a ese proceso de deterioro era la reforma constitucional de 1994. Con el verso de “despolitizar” la Justicia consiguió exactamente lo contrario. Como suele ocurrir en la Argentina, la solución propuesta para un problema terminó agravándolo.
La creación del Consejo de la Magistratura constituyó una importación afrancesada que jamás terminó de ensamblar con la arquitectura constitucional de 1853. Aquel cuerpo extraño fue introducido en un diseño institucional que respondía a una lógica completamente diferente. El resultado era previsible: una creciente politización de los mecanismos de selección y remoción de magistrados.
Con el paso de los años, el kirchnerismo encontró allí un formidable ariete para avanzar sobre los tribunales y terminar produciendo uno de los fenómenos más dañinos para la salud republicana de las últimas décadas: la llamada Justicia Legítima, aquel errante partido político infiltrado en los estrados judiciales, disfrazado de movimiento jurídico y dedicado a erosionar desde adentro la independencia que decía defender.
Pero el problema excede largamente a una agrupación o a una corriente ideológica.
La lentitud judicial y la escasa empatía social de muchos magistrados son hoy francamente alarmantes.
La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad tras un proceso que demandó más de una década. Doce años para que una democracia determine judicialmente la responsabilidad de una de sus máximas figuras políticas. Doce años para que un caso que involucraba recursos públicos multimillonarios llegara a una sentencia. El contraste internacional resulta demoledor: en España (que claramente no brilla por sus antecedentes institucionales), un funcionario involucrado en negociados con la compra de barbijos durante la pandemia, acaba de ser condenado a 24 años de prisión. Aquí, en cambio, la lentitud judicial terminó convirtiendo a la sanción en una pieza arqueológica más que en una respuesta oportuna del Estado.
Lo verdaderamente grave no es solamente la demora. Lo verdaderamente grave es el mensaje que esa demora transmite. Una Justicia que tarda una década en decidir si alguien robó o no robó deja de impartir justicia para transformarse en una oficina de archivo. El tiempo termina absolviendo aquello que los tribunales todavía discuten.
Por eso la condenada puede desafiar públicamente a los jueces, burlarse de las instituciones y comportarse como si la sentencia fuera apenas una opinión académica más. Porque la autoridad moral de los tribunales se ha ido evaporando a medida que la lentitud y la mediocridad ocupaban el lugar del prestigio.
La Argentina suele atribuir todos sus males a la economía. Cree que la inflación explica la decadencia, que el déficit explica la pobreza y que el dólar explica la incertidumbre.
Pero la realidad es exactamente la inversa.
Los países son ricos porque sus instituciones funcionan. No funcionan porque son ricos.
Mientras la desjerarquización judicial continúe; mientras los tribunales sigan ocupados por funcionarios incapaces de comprender la trascendencia histórica de sus cargos; mientras la carrera judicial premie la obediencia burocrática antes que el mérito, el carácter y la excelencia, la Argentina seguirá siendo un país pobre.
Podrá mejorar temporalmente algunos indicadores. Podrá estabilizar su moneda. Podrá crecer durante algunos años. Pero la disfunción judicial terminará regresándola, tarde o temprano, al mismo lugar de siempre. A la inseguridad jurídica. A la arbitrariedad. A la desconfianza. Y como consecuencia de todo eso, a la miseria.
Es una prioridad nacional que esta chabacanería judicial termine de una vez. Que una tormenta de seriedad, prestigio y excelencia vuelva a apoderarse de los tribunales argentinos.
Porque existe una verdad que la Argentina parece haber olvidado: el Poder Judicial no fue concebido para ser la sucursal jurídica de la política, ni una oficina administrativa dedicada a gestionar expedientes eternos. Fue concebido para representar la excelencia institucional de la República.
En el constitucionalismo moderno, los jueces están llamados a rescatar lo mejor de aquella tradición republicana que admiraba la aristocracia de la virtud y del talento. No la aristocracia del dinero. No la aristocracia de la sangre. No la aristocracia de los privilegios. La aristocracia de los mejores.
Y hace demasiado tiempo que los mejores dejaron de llegar a los estrados.
