THE POST

Carlos Mira, The Post FMGN Press, Editorial

Hay preguntas que resultan demasiado incómodas para quienes han decidido convertir a Israel en el villano oficial de la historia. No porque sean difíciles de responder, sino porque la respuesta tiene la desagradable costumbre de arruinarles el relato.

Empecemos por una bastante sencilla. Ayer hubo elecciones en Israel, ¿cómo se les explica a los antijudíos, antisemitas, antisionistas profesionales y demás integrantes de la cofradía antiisraelí que en Israel más de dos millones de ciudadanos árabes tienen derecho a votar en elecciones democráticas? Porque ellos juegan con la ironía de llamar al país “Estado de Apartheid”.

Sí, más de dos millones de árabes pueden votar y ser elegidos en Israel. Musulmanes, cristianos y drusos que pueden votar, presentarse como candidatos, formar partidos políticos, ocupar bancas en el Parlamento y participar incluso del gobierno del país. Entonces, ¿dónde está en apartheid? ¿O será que del otro lado lo que hay es “aparthate”?

Porque, a ver, ¿cómo se supone que funciona un apartheid en el que los supuestos ciudadanos de segunda pueden elegir a sus representantes, disputar el poder político y participar de las instituciones del Estado? ¿No deberían haber consultado previamente con los encargados de redactar las consignas?

Pero esto recién empieza. Mansour Abbas, uno de los candidatos al Parlamento -por ejemplo- es un árabe musulmán. ¿Quién lo acompaña en la lista? Yoav Segalovich, que es judío. En la lista de los Demócratas, el número dos es Gilad Kariv, un rabino judío, y la número diez es Somaya Bashir, una mujer árabe.

Judíos y árabes compartiendo listas electorales, compitiendo por los votos y participando de la misma vida política. ¡Qué cosa tan extraña! Un supuesto régimen de apartheid en el que ciudadanos árabes y judíos pueden militar en una misma fuerza política, integrar una lista electoral y trabajar por un proyecto común. Alguien debería avisarles a los fabricantes de eslóganes que algun detalle se les está escapando.

Mientras tanto, miremos más allá de las fronteras israelíes. En Irán, los candidatos deben atravesar las férreas autorizaciones de un régimen medieval que limita severamente quién puede competir por el poder. En Siria, la democracia libre y competitiva sigue siendo una asignatura pendiente. En el Líbano, el sistema político está condicionado por un reparto confesional del poder. Pero, curiosamente, el gran escándalo democrático de la región parece ser Israel.

No importa que un ciudadano árabe israelí pueda votar, ser diputado, ejercer como juez, participar en partidos políticos y aspirar a ocupar responsabilidades públicas. No importa que existan representantes árabes en el Parlamento israelí. No importa que ciudadanos de distintos orígenes religiosos compartan espacios políticos. Lo único que importa es el odio al Estado de Israel, la única democracia competitiva de la región en donde participan -y hasta pueden ser elegidos- politicos que profesan religiones que pregonan la desaparición física del Estado judío.

Uno podría pensar que quienes tanto se preocupan por la democracia y los derechos civiles celebrarían estos hechos y reclamarían que derechos semejantes se extendieran allí donde todavía no existen. Sería una reacción bastante lógica. Pero la lógica, como sabemos, no siempre cotiza bien en el mercado internacional de las consignas.

Para algunos, Israel no puede hacer nada bien. Si actúa, es culpable. Si se defiende, es culpable. Si celebra elecciones, siempre habrá alguna explicación preparada para demostrar que su democracia es una farsa. Y si ciudadanos árabes y judíos comparten una lista electoral, bueno, siempre queda la posibilidad de mirar para otro lado. No vaya a ser que los hechos arruinen el argumento.

Aclaremos algo elemental: Israel tiene problemas. Por supuesto que los tiene. Existen desigualdades, tensiones sociales, discriminación y cuestiones que deben corregirse. Su democracia no es perfecta, sus gobiernos no son infalibles y sus decisiones políticas están sujetas, como las de cualquier otro país, a la crítica. Pero una cosa es señalar problemas reales y otra, muy distinta, es construir una caricatura de un país, omitir deliberadamente los hechos que contradicen esa caricatura y presentar el resultado como si fuera una investigación rigurosa. Negar o ignorar la realidad para alimentar el odio no es periodismo, no es defensa de los derechos humanos y no es una discusión honesta.

Decir que en Israel rige un apartheid es tergiversar completamente la verdad. No debería alcanzar con repetir una palabra hasta convertirla en una contraseña ideológica. Porque las palabras tienen significados y los hechos, esa vieja molestia para los propagandistas, siguen existiendo aunque alguien decida no mencionarlos.

¿Y entonces, cómo se les explica todo esto a quienes repiten que Israel es un Estado de apartheid? La respuesta es sencilla: a quien quiere entender, se le presentan los hechos; a quien pregunta de buena fe, se le ofrecen argumentos; a quien está dispuesto a revisar sus convicciones, se le abre una conversación.

¿Y a quien ya decidió que Israel es culpable de todo, antes incluso de conocer los hechos? A ese, probablemente, no hay explicación que le alcance. No porque falten argumentos, sino porque sobran prejuicios.

No voy a perder mi tiempo intentando convencer a quienes han convertido el rechazo an Israel en una identidad personal o una militancia permanente. Mis publicaciones están dirigidas a quienes todavía conservan la capacidad de pensar, razonar, contrastar información y sacar sus propias conclusiones. A quienes no necesitan que una consigna les diga qué deben pensar antes de conocer la realidad. A quienes entienden que defender los derechos de los ciudadanos árabes israelíes no exige odiar a Israel, del mismo modo que criticar a un gobierno israelí no obliga a negar la legitimidad de la existencia del Estado judío. Y a quienes comprenden una verdad elemental: las sociedades democráticas pueden tener defectos y problemas pendientes sin que eso autorice a falsear todo lo que son.

Mientras algunos siguen gritando consignas, ciudadanos israelíes, judíos y árabes, participan de la vida democrática de su país. Votan, eligen representantes, compiten por bancas parlamentarias y discuten el rumbo político de Israel.

Cómo se les explica a quienes repiten que Israel es un Estado de apartheid que los ciudadanos árabes israelíes pueden votar, ser elegidos y participar de sus instituciones democráticas? Se les explica con hechos. Después, cada uno verá qué hace con ellos. Porque hay quienes buscan la verdad, aunque resulte incómoda, y quienes buscan argumentos para sostener una conclusión que ya adoptaron de antemano. No son exactamente la misma clase de interlocutores.

¿Apartheid? Un país en el que los ciudadanos árabes pueden votar, presentarse como candidatos, ocupar bancas parlamentarias y participar de la vida política junto con ciudadanos judíos. ¡Qué cosa rara este apartheid!

Bienvenidos an Israel: una democracia con defectos, desafíos y mucho por mejorar, pero también con instituciones y elecciones competitivas, donde ciudadanos de distintas comunidades ejercen derechos políticos. Una democracia que merece ser juzgada por sus hechos, sus leyes y sus acciones, no solamente por las etiquetas que otros deciden colocarle. Reconocer esta realidad no significa declarar an Israel libre de toda crítica. Significa algo mucho más elemental: exigir que la crítica se apoye en la verdad y no en el prejuicio.

Aunque, claro, para algunos eso sería pedir demasiado. Porque cuando el odio necesita que la realidad desaparezca para seguir funcionando, el problema ya no está en la realidad. Está en el odio.