Empecemos por el final.
Cristina Fernández de Kirchner probablemente consiga exactamente lo que fue a buscar: un documento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sosteniendo que, durante el proceso judicial que terminó con su condena definitiva por administración fraudulenta contra el Estado, se vulneraron sus derechos humanos.
Lo conseguirá.
Y, en rigor, era eso lo único que buscaba.
Ahora bien, una vez despejada esa cuestión, corresponde poner las cosas en su lugar.
Porque el llamado Comité de Derechos Humanos de la ONU no es un tribunal de justicia. No dicta sentencias. Sus integrantes no son jueces. Sus pronunciamientos no tienen naturaleza judicial. Es, simplemente, un órgano político integrado por personas que expresan posiciones políticas.
En realidad, constituye una versión en miniatura de aquello en lo que, lamentablemente, se ha convertido la propia Organización de las Naciones Unidas: un gigantesco aparato burocrático crecientemente colonizado por el populismo internacional, las izquierdas, el antisemitismo y los regímenes que conciben al ciudadano como un simple engranaje sometido a una burocracia estatal que decide cómo deben vivir los demás.
Ese diagnóstico podrá gustar o no. Pero explica perfectamente por qué Cristina Kirchner eligió ese escenario.
Porque allí juega de local.
No acudió a ese comité buscando justicia. Fue a buscar un título periodístico, un impacto político y una herramienta propagandística que le permita seguir alimentando el relato de la persecución.
Y, sobre todo, fue a buscar un argumento para ordenar su propio espacio político, donde necesita mantener su centralidad y neutralizar cualquier intento de liderazgo alternativo dentro del peronismo.
Sin embargo, el expediente argentino cuenta otra historia. La causa fue revisada por más de quince magistrados y por cerca de dos docenas de fiscales. Transitó todas las etapas del debido proceso. Se respetó cada garantía constitucional. Cristina Kirchner contó permanentemente con el derecho de defensa y lo ejerció sin limitación alguna. En más de una oportunidad, incluso, convirtió las audiencias judiciales en escenarios de exhibición política, con conductas que los tribunales toleraron con una deferencia difícilmente imaginable para cualquier otro acusado.
La sentencia no nació de un capricho ni de una conspiración. Nació de un proceso judicial extraordinariamente largo, exhaustivo y garantista.
Ni siquiera el cumplimiento de la condena puede presentarse como un ejemplo de severidad. Muy por el contrario. Goza de un régimen de privilegio que dista enormemente del que enfrentaría cualquier otro condenado por delitos semejantes. Y aun esas condiciones excepcionales han sido reiteradamente violadas y desnaturalizadas, como si la ley continuara siendo una obligación reservada para los demás.
También pretende presentarse como una víctima por haber perdido sus derechos políticos. Pero la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no constituye una extravagancia jurídica. Es una consecuencia perfectamente lógica para quien fue hallada definitivamente culpable de haber defraudado al Estado argentino, mientras era, nada mas y nada menos, que presidente de la nación. En uno solo de los expedientes investigados, el perjuicio determinado por la Justicia ronda los mil millones de dólares.
Es más, es denominación de “administración fraudulenta contra el Estado” no es más que un eufemismo al que debería estarle agradecida, porque en realidad su crimen debería llevar el nombre que merece: haberle robado al pueblo.
La legislación argentina, incluso, contempla la posibilidad de revisar esa sanción accesoria. Pero no ahora. Solo después de cinco años de cumplimiento de la pena y bajo determinadas condiciones legales, entre ellas la devolución de lo que se llevó.
Hay otro dato imposible de ignorar. La condena ya es cosa juzgada. En la historia judicial argentina jamás una sentencia que alcanzó ese estado fue posteriormente revocada. Jamás.
Y existe un detalle adicional que desnuda la verdadera naturaleza de esta maniobra. Si realmente hubiera creído que durante su juicio se violaron garantías fundamentales, Cristina Kirchner disponía de un camino mucho más compatible con la arquitectura jurídica que la propia Constitución argentina reconoce: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nacida del Pacto de San José de Costa Rica. Puede discutirse la orientación ideológica de ese tribunal. Pero, al menos, está integrado por juristas y posee naturaleza jurisdiccional.
¿Por qué no fue allí? Tal vez porque incluso un tribunal con las simpatías ideológicas que muchos le atribuyen habría tenido enormes dificultades para ignorar la montaña de pruebas y el recorrido judicial que terminó confirmando, una y otra vez, su responsabilidad penal.
Entonces eligió otro escenario. Uno donde el efecto político pesa más que el rigor jurídico. Uno en donde pudiera pavonear su argumento de ser perjudicada por ser mujer, ¡Pero por favor, Kirchner! ¡Por qué no se deja de joder blandiendo esa estúpida y gastada cantinela!
Por eso, volvamos al principio. Es muy probable que consiga el papel que fue a buscar.
Lo exhibirá como una supuesta reivindicación internacional. Sus seguidores intentarán convertirlo en una prueba de persecución política. Pero ese documento no modificará una coma de la sentencia argentina. No alterará el carácter definitivo de la condena. No devolverá los derechos políticos que perdió como consecuencia de ella. No borrará el fraude comprobado por la Justicia ni reescribirá la historia judicial del caso.
Será, simplemente, un pronunciamiento político de un organismo político. Un papel. Y los papeles, cuando carecen de valor jurídico, terminan teniendo la utilidad que cada uno quiera darles. Algunos los enmarcan. Otros los cuelgan en los baños, al lado de los retretes.
