En una semana clave para las negociaciones con el Fondo Monetario, en la previa al vencimiento de enero, el presidente Alberto Fernández se refirió a la cuestión y volvió a marcar que Argentina persigue un acuerdo que no condicione el crecimiento. Expresó que en el pago de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri debe contemplarse el “derecho a crecer como nosotros queremos crecer”. Y agregó que “cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció”.

Resulta obvio a esta altura que el gobierno persiste en su cantinela del “crecimiento” como condición para el pago, una remanida excusa que la Argentina ha usado en el pasado y que, por eso mismo, nadie en el contexto internacional está dispuesto a creer.

Por más hincapié que el presidente haga en que “la  deuda la tomó Macri” la realidad indica que ese era el único camino posible para pagar las deudas que había dejado el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner.

El peronismo en la oposición entre 2015 y 2019 boicoteó todas las iniciativas para intentar cambiar el modelo productivo en la Argentina, insistiendo en mantener el que ellos mismos instalaron en el país en la década del ’40.

Ese esquema socioeconómico produjo una evidente decadencia del país manifestada en cuanta estadística comparativa quiera utilizarse que refleje la performance de la Argentina antes de Perón y de la Argentina después de Perón.

Muchos gobiernos intentaron luego de la caída del peronismo volver a las fuentes originales del crecimiento argentino, las mismas que habían transformado el desierto infame de la Colonia en una de las cinco primeras potencias del mundo. Con todos sus desaciertos -y hasta con todos sus horrores en materia de política económica- el gobierno de Macri fue uno más de esos intentos.

El peronismo boicoteó sistemáticamente todas esas iniciativas. Con algunos gobiernos se encarnizó aún más y ni siquiera dejó que terminaran sus mandatos. El de Macri al menos pudo ostentar ese logro.

Pero naturalmente eso no fue suficiente para reemplazar la madre de todos los problemas argentinos: el sistema socioeconómico que el peronismo impuso en el país a partir de 1946.

Hoy estamos frente a un nuevo capítulo de la lucha entre un modelo que se resiste a ser reemplazado y los que entienden que esa matriz económica y cultural ya ha hecho suficiente daño como para seguir manteniéndola.

Frente a esta puja el peronismo juega una carta que siempre tiene en la manga y es el apelar al nacionalismo ramplón  de decir “la Argentina no se dejará doblar el brazo: seguiremos insistiendo en hacer la nuestra”.

El problema es que llevamos 75 años “haciendo la nuestra” y eso nos trajo hasta aquí: un país sembrado de villas miseria, con 50% de pobreza, desigualdad, el futuro de los jóvenes (el 60% de los chicos menores de 14 años es pobre) destruido y una demagogia rampante que pretende acallar por la fuerza bruta la fuerza de la razón.

El “racional” detrás de Guzmán y de Fernández es que el gasto del Estado es el motor del crecimiento. Una falacia que queda demostrada por el hecho de que en los últimos 20 años (los de mayor influencia del más rancio peronismo) el gasto público casi se duplicó y la pobreza también.

Hay otra falacia en lo que pretende ser la excusa “racional” del gobierno. El crecimiento económico (como lo prueba empíricamente el mundo al que le va bien) es el fruto de la multiplicación de las transacciones comerciales privadas: el Estado no genera una sola gota de crecimiento por la simple razón de que no puede disponer de dinero propio sin antes sacárselo a otros que, por esa misma razón, no lo tendrán para invertir en innovaciones y creatividades multiplicadoras de la actividad.

Por lo tanto mientras exista un tipo de orden jurídico que coloque al Estado en el centro de la escena (corriendo de allí al individuo emprendedor), mientras la ley maniate a los inversores y a los que podrían arriesgar fortuna propia para generar trabajo y crecimiento genuino, no habrá crecimiento.

Por eso el razonamiento de Fernández no es más que una excusa para la tribuna nacionalista interna: no hay tal cosa como “crecimiento promovido por el gasto”. Eso es un engaño, un embuste. Ya la Argentina practicó esa herramienta y, por supuesto, fracasó.

Mientras el orden jurídico, literalmente, prohíba trabajar no habrá crecimiento. La estructura jurídica que el peronismo le empezó a dar a la Argentina hace tres cuartos de siglo, llena de ataduras las que podrían ser iniciativas privadas de crecimiento porque pretende reemplazar esas iniciativas con las iniciativas del Estado. Por eso el orden jurídico prohibitivo respalda la idea de que el país puede crecer de la mano del Estado. No hay más que ver lo que pasó con la Argentina intentado probar la razón de esa idea para saber dónde está el acierto y dónde el error.

Pasar a un sistema jurídico que le devuelva al ciudadano privado los derechos de los cuales se lo empezó a privar hace 75 años, implicaría que los jerarcas del régimen cedan sus privilegios y que el Estado (encarnado en ellos) pierda peso proporcional en la vida nacional. Eso es lo que no quieren hacer. La frase “tenemos derecho a crecer como nosotros queremos crecer” oculta la no-voluntad de ceder ese protagonismo a favor de la ciudadanía privada.

La consecuencia de esta postura es que no habrá crecimiento porque la ley le ata las manos a quienes lo generan para beneficiar a una nomenklatura de burócratas que vive de la sangre de los ciudadanos.

Por ello el argumento “déjennos crecer y luego, con ese crecimiento, les pagamos” no solo es falso porque ya se usó en el pasado y se probó largamente que las cosas no funcionan así, sino porque desafía el probado principio de que el crecimiento se produce cuando el sector privado está sometido a menos regulaciones y goza de mayores libertades.

Si un acreedor privado viera a su deudor completamente encadenado, amordazado y retenido con un candado a una columna de hormigón no podría creerle cuando (dificultosamente a través de su mordaza) le dice que lo deje crecer que con el fruto de ese crecimiento le va a pagar.

Por más buena voluntad que tuviera el acreedor no podría evitar un par de  preguntas: “¿Pero, hermano, cómo vas a hacer para crecer y después pagarme si estas completamente atado? ¿Cómo vas a hacer para trabajar en esas condiciones y por lo tanto crecer? “La verdad, tengo buena voluntad contigo, pero primero busca la manera de desatarte y después hablamos”.

Disminuir el gasto es desatar al ciudadano encadenado. Es bajar los impuestos para que haya saldos invertibles; es estimular la voluntad de generar riqueza nueva; es bajar el peso de lo público que los contribuyentes cargan sobre sus espaldas y que le están chupando la sangre productiva.

Ninguna parte de la “filosofía” del peronismo coincide con esto: el peronismo rotula la persecución de la riqueza, castiga a quien la persigue de todos modos, estigmatiza el éxito, desconfía del individuo creativo, del diferente, aspira los recursos de los ciudadanos y para redondear la faena despilfarra lo que se lleva en gastos injustificables o directamente se lo roba.

No apele, Fernández, a fibras nacionalistas que no tienen ningún valor. Ajuste a la clase a la que usted pertenece (le doy un ejemplo chiquito sin cobrarle nada: la familia Volnovich -padre, hermano, novio- se lleva casi 2 millones de pesos por mes de los bolsillos de los contribuyentes para terminar luego veraneando en el Caribe donde muchos de esos contribuyentes no podrán ir jamás). Renuncie a los privilegios con los que vive gracias a los recursos que le saca a los ingresos de los ciudadanos y quizás así pueda demostrar una genuina voluntad de crecer y de pagar. De lo contrario no será otra cosa que lo que siempre fue: un mentiroso más.